La mayoría está en la insolvencia y al borde de la quiebra
Atrapadas con números rojos, la mayoría de las juntas de agua potable de Sinaloa enfrentan un creciente pasivo que dificulta su operación financiera. La situación es similar tanto en los municipios grandes como pequeños. La precariedad económica es una constante. A este panorama, secreto a voces, no se le ve una salida a corto plazo.
El escenario, repetitivo en cada una de las juntas, es que los ingresos recaudados por los servicios de suministro del agua, no son suficientes para cubrir los egresos.
Por ejemplo, los estados financieros de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (JUMAPAM), mostraron desde el inicio de la administración municipal su precariedad económica. Los documentos oficiales mostraban que al cierre de diciembre de 2013, el organismo tenía pasivos totales de 140 millones de pesos y cuentas por cobrar de 86 millones de pesos.
Desde su primer día de gobierno, el alcalde mazatleco, Carlos Felton González calificó a la JUMAPAM como un organismo que está prácticamente en números rojos y con problemas de operatividad.
La complicada situación de la junta de agua mazatleca ha orillado a pedir el auxilio del Congreso del Estado. De acuerdo a un oficio firmado por el gerente de JUMAPAM, Rigoberto Félix Díaz, leído la semana pasada por el diputado Martín Pérez Torres, ante la Comisión Permanente del poder legislativo, actualmente el organismo arrastra un rezago superior a los 92 millones de pesos, de los cuales el 70 por ciento, alrededor de 64 millones de pesos, son usuarios morosos de servicio doméstico tanto de la zona rural como urbana.
Con la solicitud, la JUMAPAM pretende recuperar en lo posible su cartera vencida, para refrescar las finanzas del organismo. La idea es que el Congreso autorice a la junta realizar condonación de multas y recargos hasta del 100 por ciento por 30 días, y de 50 por ciento por un periodo posterior de otros 30 días.
En casos como el municipio de Salvador Alvarado, el Ayuntamiento tiene que entrar al rescate de las finanzas de su junta de agua potable. El pasado 11 de febrero, la alcaldesa Liliana Angélica Cárdenas Valenzuela propuso en una sesión ordinaria de cabildo, que el Ayuntamiento de Salvador Alvarado prestara 390 mil pesos a la JAPASA.
De acuerdo a lo que la alcaldesa explicó a los regidores, reunidos apenas en su tercera sesión, la solicitud del préstamo había sido planteada por el gerente de la paramunicipal, Luis Antonio Rodríguez Cebreros, para poder cubrir las liquidaciones del personal de confianza que fue dado de baja por el cambio de la administración. La solicitud fue aprobada por mayoría de votos.
La precariedad económica no es diferente en el municipio de Sinaloa. En la tercera reunión de cabildo, el gerente general de la junta de agua potable, la JUMAPAS, Miguel Baltazar Miranda Antelo, informó a los regidores la situación de lo encontrado al inicio de la administración municipal: un adeudo de 13 millones de pesos, entre ellos pendientes los pagos de energía eléctrica, Infonavit e IMSS, los cuales se buscaron fueran cubiertos a la mayor brevedad.
Por su parte, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (JUMAPANG) anunció el inicio de operaciones en 2014 con autosuficiencia para operar en los aspectos administrativo y operativo; sin embargo sufren la deficiencia del parque vehicular y la red de agua, situación que pretender ser solventada gradualmente.
Ricardo Angulo García, Gerente de la JUMAPANG, precisó que se tiene una recuperación mensual del 75 por ciento de lo que se está facturando. La idea es ir mejorando la situación para elevar los niveles de crecimiento.
Aunque oficialmente la junta de agua de este municipio asegura que existe autosuficiencia, también se reconocen problemas serios en la operatividad del organismo. Por ejemplo existe una cartera vencida de los usuarios morosos por 3 millones 571 mil pesos, la cual se viene arrastrando desde hace varios años.
El caso de la Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Guasave (JUMAPAG) es punto y aparte. Sus finanzas, además de deterioradas, están en el foco de la sospecha por su administración durante la gestión de los alcaldes anteriores.
En el manejo de las cuentas públicas de Guasave —por ejemplo las correspondientes al último trimestre de 2013, la cual fue rechazada por el cabildo de ese municipio por considerar que existían inconsistencias en los balances financieros—, se incluye un préstamo del Ayuntamiento de Guasave por 50 millones de pesos.

De acuerdo con información recabada mediante el sistema INFOMEX, la JUMAPAG señala que la actual administración recibió la junta con un pasivo total de 204 millones 662 mil pesos.
Es público, por la difusión de los diversos medios de comunicación, que la situación financiera de ese organismo está colapsada. Al inicio de la administración se hablaba de un déficit de 38 millones de pesos, deudas de poco más de 40 millones de pesos a proveedores diversos, obras inconclusas, además de una cartera vencida calculada en 30 millones de pesos.
Por la complicada situación financiera, la nueva administración encabezada por el gerente Carlos Armando Favela se ha anunciado a los medios de comunicación la reducción de un 27 por ciento de sueldos, austeridad en el manejo de combustibles y adelgazamiento de nómina de trabajadores eventuales.
En el caso de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato (JAPAN) los números tampoco son negros. El actual alcalde, Miguel Enrique Calderón Quevedo, recibió una junta con un pasivo de 11 millones 562 mil pesos por concepto de créditos, proveedores, impuestos, derechos de agua, energía eléctrica y acreedores diversos.
Al igual que otras juntas, el problema de morosidad es tal, que fue incluido en la administración pasada entre las metas a cumplir. La meta entonces fue abatir la morosidad de al menos el 40 por ciento que se fue acumulado en cinco años atrás. No fue cumplido el propósito, pues solo se logró llegar al 43 por ciento de la meta.
Buscando tapar fugas
Ante la crisis económica, las juntas de agua se han visto obligadas a buscar ingresos. De hecho, la junta de agua de Navolato, al igual que las de Elota, Angostura y  Guasave, presentó al Congreso del Estado iniciativas para actualizar las tarifas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la zona urbana y rural. Las peticiones están actualmente, para su revisión y análisis, en la Comisión de Hacienda Pública y Administración. La junta de agua de Mazatlán no quiso perder tiempo. Hizo la solicitud mediante un oficio fechado fechada el 2 de enero del año en curso.
En el caso de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Concordia, la situación no está mejor. El gerente de la paramunicipal, Apolinar Álvarez Tirado, informa que la recaudación de los usuarios no es algo que ande bien. Este municipio pidió también al Congreso del Estado se revise su situación respecto al cobro de tarifas de agua a fin de poder armonizarlas con los costos. Aquí la mayoría de los usuarios pagan cuotas fijas, consideradas muy bajas, en promedio de 26 a 27 pesos mensuales. Solamente en la cabecera se aplica el sistema de micromedición. Lo anterior ha provocado que sean mayores los costos a lo recaudado.
Versiones periodísticas señalan también que en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte (JAPAF), la situación está también caótica. La cartera vencida es de alrededor de 13 millones de pesos y deudas de alrededor de 4 millones de pesos por consumo de energía eléctrica.
Los usuarios deudores es una constante que se repite. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, JAPAMA, reportaba a finales del año pasado en sus estados financieros poco más de 136 millones de pesos de adeudos por parte de usuarios del servicio. Y por otro lado reportaba gastos mensuales para su operación por 23 millones 595 mil pesos, mientras que los ingresos fueron de 21 millones 132 mil pesos.
Dentro del escenario complicado de la juntas de agua, el caso de Culiacán informa en su contabilidad gubernamental que no tiene adeudos a largo plazo con instituciones bancarias y sus deudas al inicio de enero eran de alrededor de 92 millones de pesos por concepto de pago a proveedores, contratistas, así como retenciones por pagar.

El propio gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Jesús Higuera Laura, ha sostenido que la JAPAC se encuentra en el país dentro de los mejores niveles de eficiencia de organismos operadores del vital líquido.
Debe recordarse que en el 2012, la JAPAC solicitó incrementar sus tarifas para estar en condiciones de mejorar la infraestructura, pues entonces se dijo no había complicaciones de operación, aunque podría haberlas de no autorizarse el incremento, ya que desde el 2003 no se habían aumentado las tarifas, pero la junta había absorbido el crecimiento de los gastos, entre ellos el de energía eléctrica que se había disparado en un 71 por ciento.
El Congreso del Estado aprobó entonces a la JAPAC un incremento del 18 por ciento a sus tarifas, de una propuesta inicial de la paramunicipal de un 28 por ciento.
Aunque el escenario de la JAPAC aparece como más sano respecto a otras juntas en Sinaloa, no escapa de la problemática de la cartera vencida. Al cierre de diciembre de 2013, la JAPAC tenía cuentas por cobrar a usuarios por un total de 59 millones 156 mil pesos. Se trata de cuentas vencidas que van desde un  mes hasta casi los 5 años.
Por los rumbos de la JAPAC la situación no aparece con mayor complicación, incluso en el mes de noviembre de 2013, el consejo directivo aprobó la compra de un automóvil Chevrolet, modelo Matiz, para que fuera sorteado entre el personal de JAPAC como incentivo al “esfuerzo extraordinario de todo el personal” demostrado a lo largo del año.