MEXICO, D.F. (apro).- La Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaron el asesinato del reportero veracruzano Gregorio Jiménez de la Cruz.
En comunicados por separado, la UE y la OEA, esta última a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se sumaron al repudio por el homicidio del reportero de Notisur y Liberal del Sur, el décimo comunicador asesinado durante la administración del priista Javier Duarte.
Más aún, la CIDH demandó que se tome en cuenta la trayectoria profesional de Goyo Jiménez de la Cruz para determinar el móvil del crimen.
Desde su sede en Washington la CIDH, a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, resaltó que “la situación de violencia contra los comunicadores en Veracruz ha sido motivo de preocupación especial” para esa oficina de la OEA que encabeza la colombiana Carolina Botero.
“La Relatoría manifiesta su preocupación e insta a las autoridades mexicanas a actuar con urgencia para identificar los motivos del crimen y poner en práctica todos los instrumentos jurídicos con los que cuenta para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del mismo”, se indica en el comunicado difundido este viernes.
El organismo regional destacó que, según la revisión del trabajo recientemente realizado por el periodista y por testimonios de su familia, Goyo “había estado reportando sobre una serie de secuestros y desapariciones”, y recientemente “habría recibido amenazas por la publicación sobre crímenes cometidos cerca de un bar de la ciudad” de Coatzacoalcos, municipio donde desempeñaba su actividad.
La Relatoría Especial también dio cuenta de la postura del gobierno de Duarte de Ochoa luego de la detención de seis personas presuntamente involucradas en el homicidio, supuestamente motivado por “una venganza personal”, así como la exigencia de organizaciones civiles que consideran que hay elementos para pensar que el móvil se ubica en la labor profesional de Jiménez de la Cruz.
También destacó la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), instancia de la PGR que incluso desplegó un equipo de investigación para esclarecer la causa del asesinato.
Enseguida, la CIDH exhortó a las autoridades competentes “a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual el crimen habría podido estar asociado con el ejercicio de la profesión del periodista”, ello tras reconocer que “la situación de violencia contra los comunicadores en Veracruz ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina”.
En tanto, la delegación de la UE en México reprobó “firmemente” el asesinato e hizo un llamado a las autoridades encargadas de las investigaciones “a hacer todo lo posible para esclarecer los hechos, identificar, arrestar y juzgar a las personas responsables”.
Luego de aclarar que “toma buena nota” por la detención de seis presuntos autores del homicidio, la delegación de la UE manifestó su confianza en que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantendrá la “protección de la libertad de expresión, impulsando la labor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y la aplicación del convenio de colaboración para la implementación de acciones de prevención y protección de periodistas”.
