Hostigamiento, represión e ineficacia en Fiscalización, denuncian
Lilian carga tres sobres amarillos llenos de documentos firmados y sellados. De entre los papeles destaca el que más le preocupa a la delegada del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado: su acta de incapacidad por riesgo de trabajo, sin la firma de su jefe inmediato, el director de fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas.
El 27 de noviembre del 2013, trabajadores sindicalizados de la Dirección de Fiscalización pretendían organizar una reunión para tratar los problemas laborales del departamento. Según narra Lilian Sagrario Raygoza Ochoa, intentando oponerse a la reunión, una compañera la empujó contra una puerta de cristal. Horas más tarde en la sala de urgencias del ISSSTE, a Lilian se le dictaminaría un esguince cervical.
La delegada sindical regresará a laborar el próximo 29 de enero, y desde el día de la lesión y hasta la fecha, el dictamen de incapacidad por riesgo de trabajo ha sido rechazado por Jesús Alanís Cháidez, director de fiscalización; el conflicto laboral que afecta a todo el departamento y que originó la agresión, tampoco se ha solucionado.
Con el cambio de funcionarios en la dirección de fiscalización, en marzo del 2013, unos 400 trabajadores de Guasave, Ahome, Culiacán y Mazatlán, se han unido en protesta contra las políticas recaudatorias de Alanís Cháidez.
Auditores de Culiacán y Mazatlán coinciden al argumentar que la nueva operatividad ha impactado negativamente la recaudación estatal y por ende, afecta las participaciones que cada auditor recibe.
“Hemos sido objeto de malas decisiones, desde que llego el señor director cambiaron mucho las cosas, no fluye el trabajo como siempre lo ha sido, eso detuvo la productividad y ocasionó que el programa o la meta que se fija cada año haya disminuido”, explicó un auditor del área de fiscalización en la zona sur del estado, quien pidió el anonimato para proteger su puesto.
“Tenían los expedientes en sus departamentos revisándolos y pasaron dos, tres meses y nada… el sueldo es muy bajo (y) nosotros tenemos una compensación que nos dan cada mes y que es en base a las multas que recaudamos y si no recaudamos, pues no comemos”, explica un auditor de Culiacán, quien también rechazar hacer público su nombre.
El 8 de octubre del 2013, cuando la mayoría de los auditores comenzaron a alzar la voz ante lo que consideraron procedimientos ineficaces fiscalización, la Dirección de General de Gobierno interviene en el conflicto y el STASE convoca a una asamblea general.
Los inconformes señalaron que esta dirección modificó el procedimiento y dejó de otorgar facilidades al contribuyente. En lugar de eso, envía los expedientes de deudores al departamento jurídico y deja al margen al auditor, lo que significa que éste no cobra y por lo tanto no recibe compensaciones.
“Se da la asamblea, vienen los representantes de Mazatlán y Ahome, Guasave envía un manifiesto en acuerdo a las decisiones. Se llega a un acuerdo como asamblea a nivel estado de que se tienen que mejorar las participaciones, que es de lo que nosotros dependemos económicamente, y que se estabilizará la situación laboral, en cuestión de que el trabajo comenzará a fluir y se respetará también a los trabajadores porque ya se comenzaban a observar medidas de hostigamiento y violación de nuestros derechos”, explicó Raygoza Ochoa.
Junto con la Dirección de Gobierno, se acordó una comisión integrada por trabajadores y autoridades para revisar las inconformidades.
La delegada manifestó que después de sólo dos reuniones, la comisión mixta fue disuelta cuando los sindicalizados intentaron revisar el monto de participaciones mensuales que les corresponden a los trabajadores.
“Empezamos a pugnar (por revisar) y eso es lo que a los funcionarios no les pareció, que revisáramos nosotros y supiéramos qué era lo que se estaba entregando, si era lo correcto o no, se vuelve a tornar agresiva la situación”, aseguró la delegada sindical.
Para diciembre del 2013, los 400 trabajadores de la dirección de fiscalización en el estado, se topan con un nuevo conflicto: un bono de 4 mil 500 a 6 mil pesos, dependiendo del puesto, el cual se otorga cada año en diciembre y enero, simplemente no les llega.
El bono se integra por un descuento mensual que se aplica, desde junio a diciembre, de las participaciones que le corresponden a cada auditor.
“Todos contábamos con ese bono y sabemos que al no entregárnoslo es una medida en contra nuestra por estar ventilando la situación que prevalece dentro de nuestra oficina. La verdad quedamos totalmente sorprendidos porque jamás habíamos pasado por estas cosas y vaya que se lo está diciendo alguien que tiene 20 años trabajando aquí”, lamenta el auditor mazatleco.
A pocos días de concluir el mes de enero, los bonos aún no se depositan.
El pasado martes 21 de enero, los sindicalizados de fiscalización buscaron un encuentro con su secretario general, Jesús Armando Heráldez Machado, quien después de dos horas, los dejó plantados. Indignados por el trato, decenas de trabajadores de fiscalización subieron al despacho del gobernador Mario López Valdez, para pedir una audiencia.
De nueva cuenta, el Director General de Gobierno, Raúl Pérez Miranda, atendió a los inconformes y hasta el momento, la audiencia está solo en calidad de promesa.
“Nos sentimos solos en esta lucha, no nos sentimos apoyados como en verdad deberíamos estarlo por nuestro secretario, sentimos que nos da la espalda”, criticó el auditor de la zona sur.
“Los trabajadores están cansados, tenemos 10 meses en lo mismo. Queremos solicitarle una audiencia directamente a él (gobernador), que escuche de viva voz lo que le está pasando a los trabajadores”, enfatizó Raygoza Ochoa.
La líder sindical interpuso una queja en la comisión de Honor y Justicia del Stase y dijo que presentó una denuncia por agresión en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en contra de la empleada que la empujó y que la tiene incapacitada.
