MEXICO, DF, (apro).- Habitantes de la comunidad de San Miguel Aquila, Michoacán, demandaron a la Procuraduría General de la República (PGR) el desistimiento de la acción penal contra guardias comunitarios detenidos en un operativo policiaco-militar el pasado 14 de agosto.
Acompañados del abogado Sandino Rivero Espinoza, los comunitarios, miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), pidieron al gobierno de Enrique Peña Nieto congruencia con el ofrecimiento a autodefensas de integrarse a fuerzas de seguridad, y al Poder Judicial Federal una resolución favorable para los 21 comuneros procesados bajo caución y los detenidos, 19 en Perote, Veracruz, y tres en Morelia.
En conferencia de prensa, Rivero Espinoza agregó que de no haber sido detenidos y desarmados, los comunitarios estarían exactamente en las mismas condiciones en las que se encuentran las autodefensas invitadas por el gobierno federal a integrarse a las corporaciones policiacas.
“El secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong) fue al estado de Michoacán aceptando expresamente que el Estado fallido fue lo que orilló a personas a armarse, e invitaba a que los autodefensas se unieran al gobierno.
“Como muestra de voluntad, tendría que desistirse de la acción penal en caso de los procesados, porque todo derivó de los mismos hechos, tanto los de la Ruana como los de Aquila, como los que ahora están armados; fue por ese estado de necesidad, por ese Estado fallido de Michoacán”, apuntó el abogado de los procesados por violación a la Ley Federal de Armas y Explosivos.
Al insistir en que el gobierno federal, “no el estatal porque está rebasado”, debe atender los orígenes de la movilización social contra el crimen organizado, Rivero hizo un llamado también al Poder Judicial de la Federación para que entre sus consideraciones tome en cuenta el estado de necesidad en que los guardias comunitarios se vieron envueltos para armarse y resuelva a su favor los recursos de apelación contra la órdenes de aprehensión que están a punto de resolverse en Segundo Tribunal Unitario, con sede en Boca del Río, Veracruz (toca penal 493/2013), y en el Segundo Tribunal Unitario con sede en Morelia, Michoacán (toca penal 419/2013).
El abogado y los comuneros también solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, un pronunciamiento particular sobre la situación de Aquila, así como vigilar las condiciones en las que se encuentran los guardias comunitarios encarcelados, sobre todo los recluidos en el penal de Mil Cumbres, quienes han sido amenazados por miembros de la delincuencia organizada.
En apego al encuentro que Plascencia tuvo con la comunidad, el 11 de diciembre, solicitan que sean investigadas las ejecuciones extrajudiciales de los comuneros Salvador Ramos Eudabe y Alejandro Jacinto Martínez Paulino, asesinados por policías estatales durante un operativo realizado el pasado 19 de agosto.
A la CNDH le solicitaron indagar sobre las desapariciones de los representantes de San Miguel Aquila, Francisco Javier Ramos Wale, Carlos Zapién Díaz e Ignacio Martínez de la Cruz, de quienes no se tiene noticia desde el 25 de noviembre de 2013.
Guadalupe Díaz, representante de San Miguel Aquila, resaltó que para pacificar la región es necesario remontarse al origen de la violencia en esa comunidad indígena, extorsionada por los Caballeros Templarios y víctima de abusos por parte de la minera Ternium, de origen ítalo-argentino.
También recordó que el pueblo de Aquila mantenía un conflicto con la minera que compraba minerales en terrenos no concesionados a los Caballeros Templarios, así como por el incumplimiento de compromisos para el mejoramiento de la comunidad y la complicidad con un grupo de ejidatarios que fue excluido de las regalías por la asamblea comunitaria.
Díaz resaltó que durante 12 años la delincuencia organizada extorsionó a los 401 ejidatarios que no tenían otra opción que disponer de los recursos de las regalías para salvaguardar su vida, entregando 27 millones de pesos durante ese periodo.
Los ejidatarios entregaron a los Templarios un promedio de 2 mil pesos mensuales por ejidatario, reveló.
Además, señaló que la extracción ilegal de hierro que los Templarios vendían ilegalmente a la minera fue denunciada a la Procuraduría Agraria, queja que nunca fue atendida.
El hartazgo, abundó, llevó a los habitantes de San Miguel Aquila a conformar una guardia comunitaria para reclamar sus derechos a la minera y expulsar a los Templarios.
En principio se recurrió a “las armas de cacería, y en un segundo momento se desarmó a la policía corrupta; también se tomaron algunas armas. Pero cuando se lleva a cabo el levantamiento, los criminales huyeron dejando grandes arsenales que compraban con las extorsiones y esas son las que tomamos”, explicó Guadalupe Díaz.
Francisco Jiménez Pablo, de la CNPA-MN, apuntó que existen estimaciones de que el cártel de los Templarios acumulaba unos 150 millones de pesos al año en extorsiones en la región de Tierra Caliente, situación que era solapada por autoridades, de ahí la inconformidad.
Sobre la detención de los policías comunitarios de Aquila, Jiménez Pablo consideró que se debe a la “protección a la minera, que comercializaba con los Caballeros Templarios y es la que más exporta a China. Ello tiene que ver con las reformas estructurales a favor de las empresas extranjeras, y lo que Aquila está viviendo es lo que va a pasar en las 96 millones de hectáreas concesionadas en el país”.
Wilfrido Hernández Jarquín, también de la CNPA-MN, destacó que en defensa de las comunidades afectadas por mineras, como es el caso de San Miguel Aquila, la comunidad se sumó al movimiento Por el restablecimiento del pacto social emanado de la Revolución de 1910, que se congregará en la Ciudad de México del 28 al 31 de enero.
