Nunca antes las mujeres en Sinaloa habían estado públicamente tan vulnerables. Desde ser discriminadas en sus espacios de trabajo, hasta violentadas, y en muchos casos, asesinadas. A casi cinco años de discursos y actos oficiales, firmas de convenios y cursos de “sensibilización” sobre prevención de la violencia y equidad de género, los asesinatos de mujeres persisten, al igual que la discriminación laboral y la falta de oportunidades, a lo largo y ancho de la entidad.

Predominio criminal

En el Plan Estatal de Desarrollo (PED) del gobernador Mario López Valdez, Malova, el diagnóstico de la situación de las mujeres señala que “a partir de 2007, los homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa se incrementaron significativamente, cerrando 2010 con 110 mujeres asesinadas, lo cual evidencia en Sinaloa una estadística alta en esta materia”.

Esta alta estadística quedó rebasada en el primer año de la actual administración, en el que asesinaron a 115 mujeres. A partir del 2012 la cifra bajó, pero no ha podido evitar que durante este sexenio hayan matado a 389 mujeres, cifra que supera en 54 casos, los registrados en las administraciones de Renato Vega Alvarado (1993-1998) y de Juan S. Millán Lizárraga (1999-2004), con 170 y 165 asesinatos, respectivamente.

De igual manera rebasa los homicidios cometidos en el sexenio de Jesús Aguilar Padilla (2005-2010), que sumaron 295, de acuerdo a un conteo realizado por Ríodoce a través de información publicada en medios.

El análisis informativo refleja que en el lapso de 2011 a octubre de 2015, el municipio que mantiene el mayor número de asesinatos de mujeres es Culiacán, que la mayoría de las víctimas son jóvenes de entre los 21 y 30 años de edad, y que el arma de fuego es el medio empleado en cuatro de cada cinco casos, proporción 47 por ciento mayor al promedio nacional en 2010.

Violencia en casa

Cifras del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi) arrojan que tan solo en Culiacán se reciben alrededor de 26 llamadas de auxilio al día a través de la línea de emergencia. En otros municipios con alto índice de violencia familiar, como Guasave, Ahome y Mazatlán, las víctimas son atendidas por los DIF Municipales.

En lo que va de este año, Cepavi ha atendido en la capital 8 mil 975 casos de violencia familiar por esta vía, de los cuales el 66 por ciento son considerados de alto riesgo, lo que significa que los agresores (principalmente parejas o ex parejas sentimentales, hijos y hermanos) están en el domicilio; hay celotipia, golpes físicos, amenaza de muerte con cualquier tipo de armas, y consumo de drogas y alcohol.

Las llamadas de auxilio han aumentado. Mientras el sexenio anterior se recibieron 17 mil 053, en la actual administración, hasta el día de ayer habían contactado 44 mil 091 personas para solicitar, en primer lugar, el envío de una patrulla al lugar de la agresión.

Según la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 56 de cada 100 mujeres sinaloenses de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra persona.

Rechazo institucional

“En este gobierno, se compromete el Gobernador en el PED, las mujeres tendrán a su alcance las oportunidades que necesitan y que exigen con plena razón”. Sin embargo, la actual administración estatal prácticamente anuló la participación de las mujeres en la vida política.

En el gabinete de Malova, las 14 secretarías que integran la estructura están dirigidas por hombres. De las 37 subsecretarías que se desprenden de éstas, solo hay una mujer subsecretaria, en la Secretaría de Turismo en Mazatlán. Es decir, que de los 51 puestos de alto nivel en el organigrama estatal, sólo uno lo ocupa una mujer.

En el llamado gabinete ampliado la situación es similar. De los 35 organismos paraestatales que se desprenden del organigrama estatal, 29 son dirigidos por hombres y sólo seis por mujeres: el Instituto de las Mujeres, el Internado Infantil Paquita Núñez, el Instituto de Cultura, la Escuela Normal, el Colegio de Bachilleres y el Centro de Ciencias.

De nueve entidades coordinadas, seis son para hombres y tres para mujeres: el Instituto de la Defensoría Pública, el Consejo Estatal de Población y el de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar de Sinaloa. Y de dos coordinaciones, una, la de comunicación social, es dirigida también por una mujer.

En los mandos medios (cargos que le siguen inmediatamente al o la titular y que pueden ser coordinaciones, direcciones, jefaturas, vicerrectorías, visitadurías o presidencias de juntas, dependiendo del organigrama de cada dependencia), la diferencia sigue siendo evidente: De 192 cargos públicos, sólo 64 son para mujeres y 128 los ocupan hombres.

En total, de los 290 cargos de mandos altos y medios del directorio estatal, 215 lo encabezan hombres y sólo 75 mujeres, de acuerdo a una revisión realizada por Ríodoce en los organigramas de las diferentes instituciones del estado.

En relación a las metas planteadas en el PED, se mantienen en ceros la de “Contar con un Centro de Justicia para Mujeres que ofrezca servicios integrales a las mujeres víctimas de la violencia familiar”, la de “Crear agencias especializadas en feminicidio, narcomenudeo, desaparición forzada y trata de personas, en observancia a leyes generales”, y la de “Contar con una Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas”.

Las metas de “Crear estancias infantiles para madres jóvenes, madres estudiantes y trabajadoras”, “Capacitar a 30 mil mujeres jefas de hogar para el trabajo” y “Duplicar los apoyos a las mujeres sinaloenses a través del Programa Oportunidades”, fueron eliminadas, al igual que otras de diversas dependencias, cuando se actualizó el PED para armonizarlo con el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Peña Nieto, hace dos años.

Los otros poderes

Del mismo modo los municipios están dominados por hombres. De las 18 alcaldías de Sinaloa, sólo la de Salvador Alvarado tiene a una mujer como presidenta municipal.

En el poder legislativo estatal también las mujeres siguen rezagadas. Aún con una reciente reforma electoral que contempló ampliar la cuota de género, y que marcó el pasado proceso electoral, la representación en el Congreso muestra la falta de equidad respecto al sector mayoritario de la población que son las mujeres. De 40 diputados, 27 son hombres y 13 mujeres, mientras que los mandos altos y medios del Congreso (secretaría general, direcciones y coordinaciones) los ocupan ocho hombres y una sola mujer.

Un Diagnóstico sobre el Acceso de las Mujeres a Puestos de Toma de Decisiones del Estado de Sinaloa, elaborado por la Consultoría Mujeres Sinaloenses en Acción (Musa), especifica que Sinaloa es uno de los estados con más atraso en cuanto a participación política de mujeres en el poder legislativo, con un 18 por ciento, cuando la media nacional es de 25.

En el poder judicial estatal, aunque en posiciones más equilibradas, el predominio es de los varones. Desde el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, hasta los magistrados de las Salas del Supremo Tribunal en donde laboran seis hombres y cuatro mujeres; de las salas de Circuito (cuatro hombres y una mujer) y de los 57 Distritos Judiciales de los 18 Municipios, de los cuales son titulares 36 hombres y 21 mujeres.

La Endireh indica que de las poco más de 446 mil mujeres de 15 años y más ocupadas en Sinaloa, el 23.9 por ciento ha experimentado violencia laboral; de ellas 89.3 por ciento enfrentaron discriminación y 19.1 por ciento acosos.

Mujeres sin espacios de decisión: Consuelo Gutiérrez

Para Consuelo Gutiérrez, directora del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi) de Sinaloa, la mayoría de los feminicidios que se han suscitado en el Estado tiene su origen en la violencia familiar.

—¿Por qué sigue habiendo violencia a pesar de nuevas leyes de protección hacia las mujeres?

—Hay una desvalorización hacia las mujeres y una sobrevaloración a los hombres, hay un trato diferente, una cultura para que las mujeres asumamos roles, y no vemos que esto baje porque no hemos logrado cambiar estos patrones de conducta y la forma de relacionarnos y valorarnos.

—¿Influye el narcotráfico para generar más violencia hacia las mujeres?

—Este elemento eleva el nivel de riesgo, porque te impone valores de comportamiento. Otro es que no hay castigo para los agresores, pues la violencia familiar no es delito grave (el castigo es de 6 meses a 3 años y el agresor alcanza fianza), pero hemos estado insistiendo en que se persiga de oficio y que se eleven las penas.

—En el área laboral hay discriminación, no hay mujeres en niveles alto y medio del gobierno estatal.

-Sí, no tenemos ninguna secretaria de estado, y si no hay mujeres en espacios de decisión, no hay igualdad, es una muestra de que todavía no se incorporan las políticas de género en ese nivel.

—La participación de las mujeres en la administración pública depende de la voluntad del gobernante en turno.

—Por lo pronto así es, pero seguimos trabajando y sí se ha avanzado.

—El incremento en las llamadas de emergencia ¿qué quiere decir para ustedes?

—Quiere decir que el trabajo que hacemos ha dado resultados y más mujeres se atreven a denunciar.