México lidera violaciones a derechos humanos

 

pobreza

La desigualdad en México acelera impunidad, corrupción, inseguridad e injusticia: IGI

México es el país de América que encabeza los mayores niveles de impunidad y entre los 69 países monitoreados, es el cuarto en esta lista mundial, solo superado por Filipinas (75.60); India (70.94) y Camerún (69.39), de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por la Universidad de las Américas.

A este dato sobre medición de los sistemas de justicia  en países afiliados a la ONU, se agrega que en América se encuentran seis de los nueve países con muy alta impunidad, es decir, que presentan graves violaciones a los derechos humanos y  fallas severas en sus sistemas de seguridad y justicia.

Y no es casual que México y otros cinco países de América Latina encabecen esta lista negra, si se precisa el  fuerte  vínculo que el informe destaca entre estas fallas o errores con la alarmante desigualdad económica que los académicos e investigadores del IGI 2017 señalan, al citar las cifras de Oxfam, donde en México, por ejemplo, el uno por ciento de la población concentra el 43 por ciento de la riqueza nacional.

Esta relación entre violencia, corrupción y desigualdad, con la impunidad a la que hace énfasis el informe IGI-2017, explica el por qué en los países con mayor nivel de pobreza y exclusión social se acentúan estas deficiencias en el sistema de seguridad y justicia.

Entre más bajo es el ingreso de la población, los grupos vulnerables tienen menores posibilidades de acceso a la justicia, de tal forma que este derecho se reserva para un reducido grupo, cuya condición social y económica los coloca en una situación de privilegio frente a una amplia masa de pobres que al no tener recursos para garantizarse una justicia pronta y expedita, opta por la desconfianza y el descrédito.

Al respecto, los académicos que participaron en este informe estadístico, encabezados por el Rector de la Universidad de las Américas en Puebla, Luis Ernesto Derbez, revelan que ciertamente la mayor parte de los mexicanos sufren los efectos de la impunidad.

Reprobado el sistema de justicia

Entre las múltiples recomendaciones que ofrece esta investigación académica, se establece que en México no se requiere invertir más para aumentar el número de policías. El país tiene 359 policías por cada cien mil habitantes, muy por arriba de la media global que es de 319. Contar con un alto número de policías no significa que posean las capacidades adecuadas para cumplir sus tareas y esto suele agudizar los problemas sobre el funcionamiento del  sistema de seguridad.

Enfatiza que los esfuerzos deben enfocarse en los procesos que  garanticen la efectividad de sus acciones sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de información de las carpetas de investigación. Esto ayudará a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.

México necesita contar con más jueces dentro del sistema de justicia, ya que esto tendría un efecto inmediato sobre los juicios, pues al aumentar su número incrementaría la capacidad de impartición de justicia y esto podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencias y que también ocasionan sobrepoblación en las cárceles.

El IGI-2017 estima que el promedio de jueces en los países es de 16.23 por cada cien mil habitantes y México cuenta con apenas 4.2 jueces. Contar con un número reducido de jueces  frente a la cantidad de casos que llegan a los tribunales conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos. Croacia, que es el país con más baja impunidad, tiene un promedio de 45.

El Índice cuestiona la eficiencia del sistema de justicia mexicano, pues casi la mitad de la población (43 por ciento) no ha recibido sentencia; además presenta poca correspondencia entre el número de personas encarceladas por homicidio, con relación a los casos denunciados por este delito.

Para mejorar las fallas que tiene el sistema de justicia mexicano, el Informe Global sobre Impunidad recomienda a México dar prioridad a la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia, y para ello sugiere ejercer una efectiva ejecución de los procesos de averiguación.

Admite el documento que la impunidad en México es funcional y estructural y no nació con el actual gobierno. Sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas y esto puede agudizar más el problema a futuro.

El estudio concluye que las severas violaciones a los derechos humanos son un referente crítico para entender la grave impunidad que caracterizan el caso mexicano, y que el país necesita aplicar medidas urgentes para frenar el problema.

Esto implica asignar mayor presupuesto a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario, con la recomendación de que estos recursos se apliquen realmente para mejorar las capacidades humanas, infraestructura y profesionalización de los sistemas mencionados, pues en los últimos años el aumento de recursos a los sistemas gubernamentales no refleja una correlación positiva para reducir los niveles e impunidad y la violencia en el país.

Señala el IGI-2017 que la clave del problema de la impunidad está en la corrupción en el uso de recursos, y en la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones en el ámbito local y nacional.

Y enfatiza que es importante contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno, para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad.

Supone que el nuevo Sistema de Justicia Penal en México puede crear una idea equivocada del aumento de la impunidad , y lo que realmente crea la impunidad son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externa.

La impunidad es origen y destino de otros problemas que vive México y muchos otros países, como la falta de un estado de derecho, la corrupción, la violencia, la inseguridad inclusive la desigualdad social, consigna el documento.

Derechos humanos, el talón de Aquiles

Matemáticamente, la violación masiva de los derechos humanos es el componente que más afectó el resultado negativo en el Índice Global sobre impunidad, asegura el Doctor Everard Meade, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, California.

México ocupa el peor lugar de todos los países incluidos en el Índice, en lo que a  derechos humanos se refiere, aún peor que Filipinas, donde el presidente ha sancionado la ejecución extrajudicial de alrededor de siete mil personas acusadas de tráfico ilícito de drogas.

El especialista en temas de seguridad se cuestiona: ¿En qué otro país admite el propio gobierno la desaparición forzada de más de 30 mil personas desde el año 2000?, ¿o el descubrimiento regular de nuevas fosas clandestinas con cientos de cadáveres?, ¿o el asesinato de más de cien periodistas, 80 alcaldes y oficiales municipales, docenas de activistas, y miles de ciudadanos que se han quejado de abusos ante las autoridades?

Y continúa citando sucesos violentos tan absurdos como la matanza de Iguala, en la que, dice, se  presume la participación de autoridades que se han encargado de bloquear todo esfuerzo internacional para esclarecer la verdad. E incluso el uso sistemático de la tortura.

Todos los países de América, agrega, incluido Estados Unidos, tienen incidentes, políticas y  momentos particulares oscuros en donde la violación de los derechos humanos ha estallado. Pero en México, el momento que vivimos tan oscuro se ha extendido por más de una década y los incidentes trágicos se han convertido en prácticas cotidianas.

En su opinión, el resultado negativo del informe IGI-2017 no debe de ser una sorpresa, sino una tragedia obvia que debe reconocerse y trabajarse para resolver el problema de la impunidad.

El IGI indica que en México, la función del sistema de justicia es mejor que su estructura.  Este dato le resulta al especialista muy interesante, dado el enfoque estructural de la reforma penal y la gran transición hacia los juicios orales y todo el nuevo sistema de justicia penal.

Así mismo refiere que el enfoque en el excesivo número de policías y la fuerza bruta de las autoridades, más que su uso eficaz o justiciero, explica los resultados pésimos en el terreno de los derechos humanos;  el alto porcentaje de detenidos sin condena, y la reputación abismal del sistema de justicia con relación a la percepción que tiene la población en general.

Y si se explora con más profundidad temas no incluidos en el IGI como  la atención a víctimas, protección de testigos, la prevención y otros, el resultado sería peor, asegura.

Por eso, hoy en día, cuando los familiares de  los desaparecidos, de los estudiantes de Ayotzinapa,  de las muertas de Juárez, o los miles de levantados y asesinados casi anónimos, se quejan de la impunidad, no se están quejando de la falta de una castigo suficiente, sino de algo mucho más básico que es  la falta de una comunidad moral y autoridades legítimas que reconozcan el daño en primer lugar.  No hay un índice cuantitativo y eso es grave y demanda nuestra atención, concluye.

Costa Rica, el país latino con menos impunidad

Los resultados señalan que los países con menor índice de impunidad son los europeos como  Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania y los Países Bajos.

Los países con impunidad media alta son Rusia, Paraguay, Honduras, El Salvador,  Estados Unidos, Kenia, Panamá, Turquía, Ecuador, Guatemala, entre otros.

Mientras que los que reportan la impunidad más alta son Filipinas, India, Camerún, México, Perú, Venezuela, Brasil, Colombia y  Nicaragua.

 

 

 

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