Empresas extranjeras: privilegiadas, poderosas, intocables…
Sinaloa es uno de los nueve estados del país en que se ha conformado el Comité Regional que administrará el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros del país, con lo cual accederá a los cerca de 3 mil millones de pesos captados por impuestos a este sector durante 2015, afirmó Alfredo Valadez Rodríguez.
El autor del libro Minería, cinco siglos de saqueo —editado por La Jornada y la Unidad Académica de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Zacatecas—, manifestó que además de que apenas en el 2013 se aprobó por primera vez el cobro de impuestos a las ganancias mineras y por los problemas de contaminación originados por esta industria, las empresas extranjeras se darán un festín en México con la firma del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
Solo siete estados, incluidos Zacatecas y Sinaloa –de un total de 24 donde hay actividad minera- han conformado estos comités. En el caso de Sinaloa, informó Eloy González Shinagawa, subsecretario de Fomento Económico del gobierno estatal, los recursos ascienden a 44 millones de pesos, de los cuales el 37 por ciento lo ejercerá el estado y el 62 por ciento se entregará a los municipios.
“Este acuerdo (el TPP) va a permitir que grandes empresas transnacionales inviertan en el país y se fusionen para hacer los grandes negocios a costa de los empresarios nacionales, y si el Estado mexicano renuncia a su potestad de regular esto, se pierde todavía más y el país se va a convertir en un festín para las grandes empresas extranjeras”, sostuvo.
Ante cualquier diferendo entre el gobierno mexicano y las empresas mineras, o entre éstas y grupos ciudadanos, las firmas extranjeras pueden acudir a tribunales internacionales, los cuales estarán por encima de las autoridades locales y decidirán en función de criterios de inversión y certidumbre jurídica, aunque se dañe el medio ambiente o se vulneren derechos ciudadanos.
Alrededor de la mitad del territorio nacional, agregó, está concesionado a empresas mineras, del país y transnacionales, que ya generan problemas de contaminación y adquieren o rentan a precios irrisorios tierras ejidales o comunales, a lo que se agrega la explotación devastadora de la riqueza nacional.
Aseguró que en el 2014, las ganancias de la industria minera por la extracción de oro en el país ascendieron a unos 35 mil 392 millones de pesos, a lo que se suma lo obtenido por otros minerales de importancia, como cobre, plata, platino, plomo, zinc y manganeso.
Sinaloa está entre los principales estados mineros, junto a Zacatecas, Sonora y Durango, donde predominan las firmas canadienses, estadunidenses y chinas, además de las mexicanas, cuyos propietarios son Carlos Slim, Germán Larrea —con el grupo Peñoles—, y el Grupo México, que derramó cianuro en el río Sonora, en la entidad del mismo nombre.
Valadez dijo que es preocupante que la industria minera está aplicando el método de explotación a cielo abierto, a pesar de que es más contaminante y muchos de los tóxicos —como plomo y cianuro— quedan en el aire y los acuíferos, afectando a poblaciones alrededor de las minas.
Con una condición
Apenas en 2013, los legisladores federales aprobaron reformas que permitieron la aplicación de un impuesto a las ganancias mineras, que solo China y México no tenían en el mundo. El gravamen —que se aplica apenas en noviembre de 2015— es de 7.5 por ciento, y un .5 por ciento adicional para casos de explotación de oro, platino y plata.
—Sigue siendo un sector privilegiado por el gobierno mexicano?
—Por supuesto que sí. Este impuesto se cobra apenas en noviembre de 2015, es decir casi dos años después de que se aprobó, y Zacatecas es la primera entidad que lo aprovecha a través de un fondo minero, y los estados mineros deben constituir este fondo.
“Esto es absurdo porque es parte del privilegio de las mineras, porque van a constituir comités que decidirán qué se hace con ese impuesto. En ese comité van a estar el gobierno, las organizaciones representantes de las comunidades donde están las minas, y los propios empresarios mineros, y eso significa que ellos decidirán qué obras se van a realizar y qué no. Entonces el gobierno federal está cediendo a empresarios mineros, a pesar de que son recursos públicos y es la autoridad la que debe decidir en qué se aplican”, manifestó.
Con el dinero de este fondo, agregó, no se permite la construcción de hospitales, con el argumento de que no va a haber recursos para médicos y enfermeras, aunque sí para carreteras, pero “son argumentos estúpidos que el gobierno federal aceptó porque así lo pidieron los mineros. Este año estamos hablamos de 3 mil millones de pesos en el país, no es mucho para todos los estados en el país que se dedican a la minería, pero es lo que hay”.
