Diagnóstico: seguridad reprobada

 

 

 

Los Mochis, Sinaloa.- Choferes de urbanos en capacitación con transitos.

Los Mochis, Sinaloa.- Choferes de urbanos en capacitación con transitos.

Falta armamento, vehículos y personal capacitado en Procuraduría y Secretaría de Seguridad: SESESP

 

 

 

Las áreas de seguridad del Gobierno del Estado tienen personal con falta de capacitación, dependencias con carencias y corporaciones policiales con equipo en condiciones regulares.

La Evaluación del Ejercicio Fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, identificó las debilidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

El  Informe  Anual  de  Evaluación  fue realizado para verificar el cumplimiento de los  Lineamientos  Generales del FASP que entrega el Gobierno Federal al estado.

El estudio pretende conocer los resultados del ejercicio, el destino y la  aplicación de los recursos,  así como los  impactos obtenidos  y  la  pertinencia de las acciones, a fin de establecer estrategias para la mejora de la gestión institucional y de los operadores que concurren al Sistema Estatal de Seguridad Pública.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado detectó carencias en las área de periciales, policía investigadora y Agencias del Ministerio Público Especializada en Desaparición de Personas.

El informe destaca la falta de mejor armamento, parque vehicular de las corporaciones y de aumento del personal operativo.

La Policía Ministerial del Estado (PME) y unidades especiales cuentan con 917 armas cortas y 555 armas largas, cuyo estado es regular.

Además cuenta con un parque vehicular de 91 patrullas pick up y 38 sedán también en estado regular.

El número de personal operativo adscrito a la PGJE no se ha modificado de manera sustantiva, pues está en un rango de 734 a 751 elementos operativos desde 2013, indica.

La  renovación  del  equipamiento  táctico  para  el  personal  operativo  de  la PGJE no ha sido constante, por lo que cuentan con material que está próximo a cumplir su vida útil, advierte.

“Ante una eventualidad que requiera de la movilización del personal operativo de la PGJE, no se contaría con el parque vehicular suficiente para su trasladado; de igual forma no tendrían equipamiento necesario para operativos especiales”, señala.

Desde  2002, detalla,  se  cuenta  con  una  Agencia  del  Ministerio  Público Especializado en  Desaparición  de Personas y a esa se  sumaron  tres agencias regionales más para la atención de casos de desapariciones y personas no localizadas, que brindan atención a los 18 municipios de Sinaloa.

En esas agencias se registra falta de recursos humanos y materiales que impiden su correcta operación, a pesar de que Sinaloa ocupa uno de los primeros lugares en desaparición de personas, por lo que los recursos humanos y materiales pueden resultar insuficientes para la atención de esta problemática, establece.

En el área de servicios periciales no se dispone  del equipamiento, reactivos químicos, suministros de laboratorio y de seguridad personal necesarios para que opere con la mayor eficacia.

El SESESP recomienda desarrollar  una  estrategia  integral,  interinstitucional  y  multidisciplinaria  para  la búsqueda  de  personas  desaparecidas  o  no  localizadas en la que se integre a las autoridades municipales, estatales y federales, así como a organizaciones de la sociedad civil,  estableciendo mecanismos efectivos de coordinación entre las distintas instituciones de seguridad y justicia y los diferentes niveles de gobierno.

También considera necesario que el Servicio Médico Forense cuente con los insumos y el equipo necesarios para operar efectivamente y fortalecer los laboratorios de genética forense y huella balística con personal especializado.

En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres señala que la construcción se encuentra al 100 por ciento, faltando la obra exterior, conexión de energía, agua potable y barda perimetral.

Con los  recursos  destinados  a  este  programa durante 2016  pudo  concluirse  la  segunda y  última etapa del Centro de Justicia para las Mujeres, por lo cual  el  Estado  contaría  con  la  infraestructura  necesaria  para  iniciar operaciones.

De no poner en marcha el centro, indica, se corre el riesgo de recibir una partida presupuestal menor a la requerida para la operación.

El  personal de las instituciones de seguridad estatales y municipales no  ha  sido  capacitado  ni  evaluado  conforme  a  la  normatividad vigente y en  materia de  formación  inicial y continua.

La evaluación  identificó avances  parciales,  mientras  que  para  el  caso  de formación  de  mandos, los  avances son nulos.

La falta de capacitación del personal en los ámbitos administrativo y operativo, pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública, menciona.

El informe revela que la cobertura de capacitación a funcionarios que laboran en las áreas de prevención es de  apenas el 16  por ciento y aun cuando abordan temas diversos, las capacitaciones tienen una duración corta de máximo dos días.

Detalla que de 8 mil 46 elementos de las Policías Municipales, Estatal Preventiva, Ministerial y Custodio Penitenciario, apenas 145 recibieron formación continua y formación de mandos.

En habilidades destrezas y conocimientos solo fueron evaluados 371 elementos de las corporaciones, excepto de la Policía Ministerial del Estado, de la que no se presentó ningún agente evaluado.

Quedaron  pendientes  de  capacitar  a  695  elementos  del  sistema  penitenciario entre sicólogos,  médicos  y  departamento  jurídico, funcionarios  de  las  áreas  de  prevención,  operadores  telefónicos  y  poligrafistas  y  sicólogos.

El informe recomienda ampliar la cobertura de capacitación y la duración de los cursos con el propósito de profesionalizar a los funcionarios de las instituciones de seguridad pública; en particular, a quienes operan las áreas de prevención social de la violencia y la delincuencia.

También exhorta a realizar la contratación del personal que operará el Centro de Justicia para Mujeres y efectuar las capacitaciones en torno al funcionamiento del modelo del Centro, perspectiva de género, prevención de la violencia, protección de los derechos humanos, entre otros temas, todo ello atendiendo la normatividad aplicables.

El sistema de video vigilancia del C4i  registró mil 18 eventos, de los cuales en 113 casos las  grabaciones han servido para la investigación ministerial.

Menciona que aun  cuando  los  eventos  registrados  en  las  cámaras han  servido  para  el  desarrollo  de  investigaciones judiciales,  la  infraestructura  del  sistema  de  video vigilancia  está  subutilizada,  pues  la  incidencia  en  las investigaciones ministeriales es baja.

El SESESP sugiere hacer más eficiente el mecanismo de cooperación con las autoridades de procuración e impartición de justicia en los casos en los que se requiere el resguardo de una videograbación y desarrollar protocolos que permitan a los ciudadanos acercarse a las autoridades para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que dispone el C4i.

En el sistema penitenciario señala que cumplieron con el ejercicio de los recursos que se habían presupuestado para diversas construcciones, pero señala la falta de capacitación del personal de custodia y en la instalación de inhibidores de señales telefónica.

En los Centros Penitenciarios de Los Mochis y Mazatlán están operando inhibidores y en el de Culiacán estuvieron operando hasta el mes de octubre.

De una meta de evaluar a 400 custodios en habilidades y destrezas, solo lo hicieron con 74.

En un análisis de la incidencia delictiva, menciona que en 2016, el Estado se colocó en el escalón 24 del ranking nacional con 60.8 delitos diarios, esto es, 40 delitos menos que los registrados en el 2011 cuando se alcanzaron los 100 delitos diarios y 10 más a los presentados en 2000 cuando se registró  el menor número de delitos.

El año pasado, el promedio de delitos diarios correspondientes a las modalidades de robo común, otros delitos, lesiones y abigeato,  presentaron  un descenso contrario a los delitos patrimoniales y las violaciones, pues en este año registraron el mayor número de la serie histórica.

Los homicidios, el robo a instituciones bancarias y el secuestro tuvieron un leve aumento, sin  llegar a los niveles alcanzados en años anteriores, establece.

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