Congreso “enredado” con el caso Lucero

 
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Diputados locales se niegan a seguir el “juego político” a diputados federales para desaforar a Lucero Sánchez, acusada de usar una credencial de elector falsa para presuntamente visitar a Joaquín Guzmán Loera en el penal de alta seguridad del Altiplano
 
Envuelto en una madeja política-jurídica, el Congreso del Estado  busca una salida al caso de la diputada incómoda Lucero Sánchez López. Tiene la disyuntiva de optar por la salida jurídica o la política.
El poder legislativo local no tiene definido su posicionamiento del caso a tal grado que ni siquiera ha precisado con claridad si Sánchez López continua siendo diputada, tras el juicio de procedencia al que fue sometida por la Cámara de Diputados. La imprecisión fue expuesta en propia voz del presidente de la mesa directiva, el panista Francisco Solano Urías, quien afirmó que ya no era diputada, pero casi al mismo tiempo declaró que no había acudido a las sesiones del pleno porque había pedido permiso para ausentarse martes y jueves.
Desde que inició el caso de Lucero Sánchez, el Congreso del Estado había sido cauteloso en no tocar el tema en tribuna. Antes que los integrantes que la actual legislatura abordaran el caso ante el pleno, fue la Cámara de Diputados quien primero lo expuso en su tribuna cuando se instaló en sesión extraordinaria para discutir la procedencia del juicio de desafuero.
En el Congreso del Estado de Sinaloa el tema llegó a tribuna apenas el pasado jueves 16, cuando el diputado ex perredista, ahora independiente, Ramón Lucas Lizárraga, reclamó a la mesa directiva al inicio de la sesión, por qué pretendían ocultar el dictamen de procedencia del desafuero de la diputada. Pidió entonces que se hiciera una modificación a la orden del día para que se incluyera la notificación y recepción al pleno del documento que llegó de la Cámara de Diputados federal.
El poder legislativo no son dos diputados, dijo Lucas Lizárraga en alusión a al presidente de la mesa directiva, Francisco Solano, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, quienes incluso habían ofrecido una conferencia de prensa sobre el caso del desafuero de Lucero Sánchez López.
“El dictamen sobre el juicio de Lucero Sánchez está ya disponible en la página de la Cámara de Diputados federales y ningún diputado local tiene todavía el documento”, señaló el legislador experredista.
Con celeridad especial, el dictamen que se había votado en el Congreso de  la Unión apenas el lunes 13 de junio, llegó a media mañana del día siguiente al Congreso del Estado de Sinaloa. El tema fue comentado en una conferencia de prensa, en la cual prevaleció la imprecisión sobre la responsabilidad que tendría el poder legislativo local. El presidente de la mesa directiva, Francisco Solano, se enredó en sus declaraciones sobre las facultades de los diputados locales en el caso, hasta que el presidente de la Junta de Coordinación Política, lo salvó de la avalancha de preguntas de los reporteros, al afirmar que sería el área jurídica quien evaluaría con todo cuidado el tema sobre lo que habría que proceder como poder legislativo local.
Entre los pocos puntos que pudo definir Solano Urías ante los medios de comunicación fue que el tema del desafuero de Lucero Sánchez se resolvería lo antes posible, previo análisis riguroso de la ley, aunque también expuso que no había plazos para ello.
Bajo la promesa de la celeridad del caso, se esperaba que el tema se subiera a tribuna en la sesión del pleno del jueves, sin embargo, no se incluyó en la orden del día de la sesión ordinaria, ni siquiera acudió el presidente de  la mesa directiva, Francisco Solano Urías.
Se rebelan legisladores locales
Como la propuesta del diputado Ramón Lucas Lizárraga  de modificar la orden del día martes 16 de junio no prosperó, se anotó en asuntos generales para abordar el tema de Lucero Sánchez, a quien defendió y se solidarizó. La intervención despertó una cadena de participaciones de los diputados del PT, PAS, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y un ex integrante del Grupo Parlamentario del PRI.
Los diputados coincidieron en defender a Lucero Sánchez, pero también en revelarse contra el dictamen de los diputados federales contra una integrante de la legislatura local.
Fue concreto en su propuesta: que el dictamen sobre el proceso de desafuero sea regresado a la Cámara de Diputados,  para decirle que respete las facultades que tiene el Congreso del Estado para decidir sobre los temas de su competencia. “Nosotros no somos mandaderos de la Cámara federal, como nos quieren hacer aparecer”, dijo.
En su intervención Lucas Lizárraga planteó que el delito de falsificación de una credencial de elector, por el que se persigue a Lucero Sánchez, no amerita toda la fuerza que está volcando el Estado.
Sostuvo que la Cámara de Diputados “está haciendo el ridículo y nos quiere hacer el ridículo a nosotros en un tema que de principio es excesivo, mediático, con un trato misógino, irresponsabilidad en el manejo público del tema y violación a la secrecía”, por la acusación de un  delito menor.
Desde la tribuna pidió a los diputados que no caigan en el juego político de la Cámara de Diputados. “Lo más correcto sería en una actitud de plena soberanía devolver el dictamen”.
Sylvia Myriam Chávez Castro, diputada de Nueva Alianza, respaldó la postura de Lucas Lizárraga porque un gesto de elemental justicia y solidaridad con su compañera Lucero Sánchez. De hecho cuando se reunió la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos con un grupo de habitantes de Cosalá que acudieron con pancartas en apoyo a Lucero Sánchez les dijo que tuvieran la plena seguridad que defenderán a su diputada y hay solidaridad con ella entre sus compañeros diputados.
“Nosotros no trabajamos para los diputados federales. Deben tener más respeto por esta Cámara”, dijo en tribuna.
En su intervención la diputada del PAS,  María del Rosario Zataraín, calificó que como una cobardía y una infamia lo que está sucediendo en el caso de Lucero Sánchez López porque en el país están documentados 350 casos de funcionarios que debiesen ser desaforados. “No se les antojó ninguno más que nuestra diputada”.
Expuso, pero además la han discriminado, etiquetado, ofendido y jugado con sus derechos humanos, cuando ha sido una persona que se ha desempeñado en el poder legislativo de manera honesta, decente, responsable  y profesional.
“Estamos convocados a defenderla y solidarizarnos por esta infamia que están cometiendo porque además fue objeto durante muchos meses como un efecto mediático para establecer cortinas de humo”, expresó.
Lo peor, indicó, es que no está comprobado que haya presentado un documento falso. “Aquí nos quieren llevar a este Congreso a asumir una decisión que nosotros no hemos sido parte de ella”.
También pidió el uso de la voz en tribuna el diputado del PT, Leobardo Alcántara, quien sostuvo que no debe permitirse que la autoridades federales violen los derechos del Congreso del Estado, que fueron violados desde el principio, cuando se la llevaron detenida por un delito menor.
“No podemos permitir que se burlen del Congreso del Estado como lo han hecho”, por lo que demandó “hacerse tontos” del mandato enviado por la Cámara de Diputados.
Por su parte Mario Imaz, de Movimiento Ciudadano, cuestionó que el caso contra Lucero Sánchez carece de sustento y pruebas, por lo que afirmó no existe delito alguno, sino solamente un circo mediático.
El diputado de origen priista, Víctor Díaz Simental, quien se ha declarado independiente, se solidarizó también en tribuna con Lucero Sánchez por razones humanas, en un caso que se pretende presentar como culpable a una persona que es en realidad víctima.
Expuso que en realidad su único pecado fue haberse involucrado sentimentalmente con la persona equivocada.
“Tenemos que darnos nuestro lugar para mantener la dignidad no solo de Lucero, sino de toda la Cámara”.
Calificó a Sánchez López como una persona responsable y educada, siempre preocupada con los temas de salud y que ha estado al pendiente de los asuntos de su distrito.
Ningún diputado de los grupos parlamentario del PAN ni del PRI pidió subir a tribuna a abordar el tema del desafuero de Lucero Sánchez, tampoco durante la discusión del tema estuvieron presentes en la sala de sesiones del pleno, Francisco Solano, ni Jesús Enrique Hernández Chávez.
Durante el uso de la tribuna para defender a Lucero Sánchez solamente dos legisladoras del Grupo Parlamentario del PAN, al que perteneció la diputada de Cosalá, Laura Galván Uzeta y María de la Luz Ramírez, permanecieron en la sesión.
Debe pleno votar el desafuero: abogados
En medio de la imprecisión jurídica del Congreso del Estado sobre sus facultades, el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto, aseguró que Lucero Sánchez ya no goza de fuero y por lo tanto ya no es diputada, mientras que sus abogados afirman que su defendida continúa siendo diputada y sólo el Congreso del Estado está facultado para separarla del cargo.
Textualmente la declaración de procedencia enviada por los diputados federales a los locales señala:
“La presente Declaración de Procedencia se remite al Congreso de dicho Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda, esto es para el sólo efecto de que ponga a disposición del Ministerio Público Federal a la denunciada, sin perjuicio de la facultad ya concedida en este dictamen a dicho órgano investigador”.
Rosalba Alarcón y  Francisco Verdugo Fiero, abogados de Lucero Sánchez López sostienen que el caso de desafuero contra su defendida deber ser votado en el pleno del Congreso del Estado.
El argumento de los abogados es que el Congreso del Estado forma parte de una entidad libre y soberana, por lo que el pleno del poder legislativo local debe conocer y votar si ratifica el desafuero discutido en la Cámara de Diputados.
Los litigantes cuestionan que se pretenda asumir la notificación de la Cámara de Diputados como un mero trámite administrativo, se estaría violentando la soberanía del estado y abusando el poder.
Los abogados explicaron que el juicio de desafuero que se discutió en la Cámara de Diputados era solamente para conocer si procede, pero el Congreso del Estado es quien le corresponde decidir, dentro de un estado soberano y libre, si se desafuera a la diputada Lucero Sánchez.
“La Cámara de Diputados no es nadie para ordenar al Congreso del Estado”, expresaron, porque el Estado de Sinaloa cuenta con una soberanía, amparada en una Constitución, en cuyo texto señala que el pueblo erige y elige a sus representantes.
Citaron el artículo 136 de la Constitución Política de Sinaloa que hace referencia a la declaratoria del juicio de procedencia. “Tratándose de delitos federales imputados al gobernador, a los diputados, o magistrados, previa declaratoria del Congreso de la Unión, la legislatura local resolverá si ha lugar a proceder en contra de los servidores públicos mencionados para el solo efecto de dejar expedita la actuación de las autoridades competentes”.
Tras la lectura concluyen: “Más claro no puede estar”.
 
 
 
 
 
 
 
 

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