Académicos dudan de honestidad oficial respecto a la planta de fertilizantes de Topolobampo
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Delegación Sinaloa, salió al paso de las imputaciones de omisa que le hicieran al menos una veintena de líderes pesqueros para impedir la continuidad de las obras del relleno y desecación de manglar, con el motivo de construcción de la planta de fertilizantes amoniacales por la empresa Gas y Petroquímicas de Occidente, habiendo sido requerida por autoridad superior y que se ventiló en un juicio de amparo.
Por medio del boletín BP/261-16 publicado en su página web el primero de abril, la dependencia aceptó que el 31 de marzo de 2016 recibió una notificación del Acuerdo Incidental de Suspensión del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa en la cual “solicita” a esta dependencia federal efectuar medidas necesarias para detener el deterioro de las reservas naturales identificadas en las coordenadas UTM X: 697,101.52 Y: 2835526.80, relativo a nueve canaletas de desecación en forma de patas de gallo, ubicadas en la localidad de Topolobampo, municipio de Ahome.
La Profepa ocultó que la supuesta “solicitud” en realidad era la sentencia definitiva al juicio de amparo 952/2016 que fue dictada el 28 de abril del mismo año, en la conclusión del expediente que inició el 31 de agosto del 2015 con el escrito firmado por poco más de 20 líderes pesqueros, cuyo representante común fue el ex diputado federal Gerardo Peña Avilés.
El reporte señala que “luego de que la Delegación Federal de la PROFEPA llevara a cabo visita de inspección en las coordenadas UTM X: 697,101.52 Y: 2835526.80, Topolobampo, Ahome, Sinaloa, donde se observó la existencia de 9 canaletas en forma de patas de gallo a una distancia mayor de 500 metros del terreno colindante al proyecto de la planta de amoniaco.
“Por ello, en la inspección realizada se señaló que las 9 canaletas se encuentran fuera del polígono de construcción de la planta de amoniaco, por lo que dichas obras no son imputable a la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V.
“En ese sentido, y al encontrarse impedida esta autoridad a fincar las responsabilidades correspondientes, el pasado 16 de diciembre del 2015, se presentó una denuncia penal ante la Agencia del Ministerio Público Federal en contra de Quien o Quienes Resulten Responsables, por la construcción de las 9 canaletas en forma de patas de gallo, hechos posiblemente constitutivos de delito ambiental, recayendo Averiguación Previa AP/PGR/SIN/MOCH-1/746-PP/2015, misma que se encuentra en trámite.”
Y defendió: “Por lo anterior, la suspensión a que se refiere el Juzgado de Distrito versa sobre obras fuera del proyecto de la planta de amoniaco autorizada por SEMARNAT.
“En cuanto a la visita de verificación del cumplimiento a las condicionantes y términos del resolutivo de impacto ambiental no. SG/DGIRA/DG/03576, de fecha 21 de abril de 2014, expedido por la DGIRA de la SEMARNAT, a favor de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S.A. de C.V., respecto del proyecto denominado “Planta de Amoniaco de 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa, la Delegación de PROFEPA realizó la visita levantándose el acta de inspección IA/043/15, aperturándose expediente administrativo número PFPA/31.3/2C.27.5/00042-15, de la cual se emitió resolución administrativa con sanción económica por incumplimiento del término octavo del citado resolutivo de impacto ambiental, al haber presentado de forma extemporánea el aviso de inicio de obras ante la SEMARNAT”, concluyó.
No obstante, la académica investigadora Diana Escobedo Urías, Directora del Departamento de Medio Ambiente del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) comentó que la postura de Profepa es sospechosa, pues todo profesional sabe que una obra pequeña o grande en un sitio virgen ocasiona una afectación y un daño ambiental.
“Por eso es sospechoso también la Manifestación de Impacto Ambiental, que no lo refiere. La documentación que demuestra tal hipótesis no está disponible, lo que también es raro”.
Comentó que aunque ella fue invitada a ahondar en el tema, tras una movilización pesquera en el puerto, no hubo avances porque la empresa ya no mostró apertura.
“Realmente no sé qué paso después”.
Escobedo Urías consideró que intereses políticos estarían confabulados para impedir que trascienda el daño ecológico a la bahía, en agravio de miles de familias.
En tanto que la doctora Jaqueline García Hernández, coordinadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, Asociación Civil de la Unidad Guaymas, dijo que los daños a humedales por plaguicidas y fertilizantes tardan décadas en revertirse, y ello afecta también la calidad de vida de los asentamientos y poblaciones ubicados en los alrededores de las plantas de producción masiva.
