Los nuevos ricos empezaron a cobrar relevancia en el insaciable sexenio de Juan Sigfrido Millán Lizárraga y continuaron bajo la administración de Jesús Aguilar Padilla, muchos de ellos herencia nefasta del millanato. Joaquín Vega Acuña, Abraham Velázquez, Rosa del Carmen Lizárraga, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, son algunos de los servidores públicos que surgieron de la noche a la mañana con fortunas tan ilícitas como impunes. Casas en zonas residenciales, terrenos, cuentas bancarias, maletas en los closets, vehículos de lujo y empresas fueron adquiridos exhibiendo un afán compulsivo por amasar una fortuna que solo habían tenido en sus sueños de “grandeza”. El “Gobierno del cambio” vino a confirmar que el vicio de la corrupción es consustancial a la impunidad que lo cobija, y ahora es Elisa Margarita Pérez Garmendia, directora de Comunicación Social de Mario López Valdez, quien enfrenta cargos por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Elisa Pérez Garmendia, coordinadora General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, fue acusada por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal o peculado, ante la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC). La queja fue interpuesta por Miguel Ángel Murillo Sánchez, en calidad de ciudadano.
En el documento, recibido en la UTRC el 28 de enero pasado, Murillo Sánchez afirma que “la hoy denunciada y servidora pública ha obtenido e incrementado su patrimonio familiar… de forma inexplicable y que son varios los bienes que desde que entró a trabajar en el cargo de directora de Comunicación del Gobierno del Estado, ha obtenido…”.
Afirma que la funcionaria trata de engañar al presente Gobierno del Estado ya que en su declaración patrimonial omite bienes de su propiedad. Dice que el sueldo que percibe y la situación económica de su familia no son suficientemente solventes para acreditar la adquisición lícita de los bienes inmuebles.
De acuerdo con los documentos que acompañan a la queja y cuya autenticidad fue confirmada por Ríodoce, Pérez Garmendia adquirió un terreno urbano ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos (DUTR) , el 7 de marzo de 2012, por la cantidad de 1 millón 222 mil 250 pesos. La escritura de la transacción fue protocolizada por el Notario Público Marco Antonio Zazueta Félix e inscrita en el Registro Público de la propiedad el 30 del mismo mes bajo la escritura pública 2511.
El terreno fue vendido por la señora Alma Rosa Terrazas Martínez y se encuentra ubicado en la esquina de las calles Diego Rivera y privada cerrada Diego Rivera, frente a la privada Los Cisnes.
Otra de las compras de la funcionaria malovista, dice la denuncia, ocurrió el 8 de julio de 2013, cuando una casa en la colonia Las Quintas fue adquirida por la señora Sonia Beatriz Pérez Garmendia, de la que el denunciante afirma es una “prestanombre” de su hermana Elisa. Como parte vendedora aparece el Banco Santander.
La transacción, protocolizada también por el notario Zazueta Félix, fue por 1 millón 500 mil 050 pesos. La casa está ubicada en el 990 de la calle Presa Adolfo López Mateos, en el sector poniente de la colonia.
Según la denuncia de Murillo Sánchez, la hermana de Elisa, a la que dice conocer, no tenía capacidad para comprar una casa de un millón y medio de pesos.
En las declaraciones patrimoniales de Elisa Pérez en los años 2011 y 2012, aparecen dos casas habitación con un valor total de 615 mil pesos. También registra dos terrenos que suman un valor de 1 millón 262 mil 250 pesos.
Entrevistada sobre esta denuncia, explica que ella no ha omitido ninguna propiedad en sus declaraciones patrimoniales. Los dos terrenos que aparecen, dice, son el del DUTR, que adquirió en diciembre de 2011 y otro que es ejidal y que recibió en donación de su familia hace muchos años. Es un terreno que no vale más de 40 mil pesos.
Sobre las dos casas que declara, dice que una está ubicada en Lomas del Sol y la otra en Valle Alto y que si bien en total suman 615 mil pesos, es que a los funcionarios se les pide que registren el valor de compra. Obviamente, indica, ahora valen más, pero ese es el criterio que se aplica.
En 2012, Elisa Pérez declaró un patrimonio de 3 millones 344 mil pesos en números cerrados, cuando un año antes había declarado la cantidad de 3 millones 164 mil pesos. Es decir, que en un año su riqueza aumentó, se supone, en la cantidad de solo 180 mil pesos.
De acuerdo con la denuncia de Murillo Sánchez, en diciembre de 2011 Elisa Pérez adquirió una casa en Mazatlán que le costó 2 millones 400 mil pesos. La casa, explica, se encuentra ubicada en el fraccionamiento Coto Diamante de Villa Marina Mazatlán y se la compró a la constructora Consorcio Inmobiliario GIG. La casa, reza la denuncia, tiene por domicilio el 8033 de la calle Ágata. El documento oficial de la compraventa no se presenta, afirma, por retrasos en el Registro Público de la Propiedad, pero asegura haber estado en esa casa en compañía de la denunciada y su familia en varias ocasiones.
Pero esta propiedad de la jefa de Comunicación del Gobierno del cambio no aparece en su declaración patrimonial. En la entrevista con Ríodoce explica que no aparece porque la casa fue adquirida a crédito, bajo reserva de dominio y que paga por ella alrededor de 10 mil pesos mensuales para saldar el crédito.
Tampoco aparece en sus declaraciones un bungalow que a decir de la denuncia interpuesta, la misma funcionaria compró en el Nuevo Altata, concretamente en el edificio llamado “Pez Mojarra”. De acuerdo con la queja, se trata del departamento 5 de dicho edificio, ubicado en paseo de las dunas 936.
Según la queja, la propiedad la adquirió en 2012 por la cantidad de 750 mil pesos. No presenta la escritura pública como prueba, pero sí copia de un recibo de la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la funcionaria.
Elisa Pérez dijo a Ríodoce que ese bungalow se lo regaló su madre, doña María Garmendia, quien lo compró en preventa mucho antes de que ella fuera funcionaria de Gobierno.
La otra denuncia
Otra denuncia fue presentada por Murillo Sánchez, pero esta vez contra la hermana de Elisa, quien, afirma, se prestó a simular una adquisición que no era suya, sino de la jefa de prensa de Mario López Valdez. Y no lo hizo ante la UTRC, sino ante el Ministerio Público del Fuero Común, por los delitos considerados contra la administración pública y ocultación indebida de recursos públicos, previsto y sancionado por los artículos 310 y 313 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
La denuncia fue recibida en la Unidad Receptora de Denuncias de la Procuraduría de Justicia el 28 de enero pasado. En ella, Murillo Sánchez da cuenta de la compra del inmueble de la colonia Las Quintas, por la calle Presa Adolfo López Mateos.
El denunciante sostiene que Sonia Beatriz Pérez Garmendia no tenía ni tiene capacidad económica para adquirir una propiedad por un millón y medio de pesos y que por lo tanto ha incurrido en ilícitos plenamente tipificados por las leyes y códigos de la entidad.
Entrevistada telefónicamente, pues se encontraba en la Ciudad de México, Pérez Garmendia afirmó que la casa de Las Quintas realmente la compró su hermana con un cheque de caja en una subasta del banco Santander.
Mar de fondo
Para Elisa Pérez Garmendia, la denuncia hecha por Miguel Ángel Murillo Sánchez tiene como fondo el juicio de divorcio que sostienen ella y su esposo, Jesús Héctor López Beltrán.
“Es muy sencillo, Miguel es el abogado defensor de mi ex pareja y está utilizando todos los medios para atacarme; simplemente te digo que para adquirir la casa de Mazatlán mi pareja me dio los 600 mil pesos que yo di de enganche, pero eso nunca lo va a aceptar porque de lo que se trata es de echarme lodo”.
Miguel Murillo, dijo, está incurriendo un fraude procesal al representar legalmente a una persona y a la vez atacar a la contraparte de esta manera. Todo eso quedará claro al final del juicio, advirtió.
Dice el Código Penal de Sinaloa:
Promoción de conductas ilícitas
Artículo 310. Al particular que por sí o por interpósita persona promueva una conducta ilícita de un servidor público o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión, se le impondrá prisión de tres meses a dos años y de diez a cien días de multa.
Adquisición u ocultación indebida de recursos públicos
Artículo 313. Al que a sabiendas adquiera indebidamente o haga figurar como suyos, bienes que un servidor público haya adquirido en contravención a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se le aplicará prisión de seis meses a cinco años y de treinta a trescientos días de multa.
Imputación de hechos falsos y simulación de pruebas
ARTICULO 335.- Al que con el propósito de inculpar a alguien como responsable de un delito, le impute ante la autoridad un hecho falso o simule en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y de veinte a cien días multa.
No se procederá contra el agente, sino después de que se dicte resolución irrevocable que ponga fin al proceso que se instruya por el delito imputado.
