Gobierno de Malova fue negligente con desplazados por la violencia: CNDH

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El Gobierno de Mario López Valdez dejó desprotegidos y fue negligente con más de 2 mil desplazados de Sinaloa municipio y Choix en 2012, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En una recomendación emitida hoy al Gobierno del Estado y de los municipios de Sinaloa y Choix, el organismo señaló que aunque diferentes autoridades conocieron la situación del desplazamiento forzado de 2 mil 30 personas como consecuencia de la violencia, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros

“Para esta Comisión Nacional, quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia; en tanto que las autoridades estatales y municipales competentes para garantizar el derecho a la asistencia humanitaria o las ayudas inmediatas señaladas en la Ley General de Víctimas como alojamiento, alimentación, salud, educación y trabajo fueron omisas para otorgarles dichos satisfactores mínimos indispensables para una vida digna”.

“De igual manera, se observó que el desplazamiento generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes”, indica el documento.

El 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva, en tanto que el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas en Choix.

Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa. Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos, sin realizar acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.

 

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