Los más recientes episodios violentos de Tlatlaya, Estado de México, y de Iguala, Guerrero, han desatado una gran indignación nacional y manifestaciones de protesta en todo el país. Sin embargo, no se han llevado a cabo las grandes movilizaciones que el caso amerita. Lo cierto es que las protestas más importantes se han dado en las regiones donde precisamente existen raíces sociales e históricas más propicias para la participación ciudadana como son el propio Guerrero y la Ciudad de México. Por algo ahí fructificaron las alternancias de izquierda, terriblemente desperdiciadas en el primero.
Las expresiones de hartazgo han lanzado una especie de ya basta a la violencia y la inseguridad que azotan al país, planteando que los más recientes agravios se conviertan en un punto de inflexión en esta materia. Con toda razón se está fortaleciendo la percepción de que si no es así el baño de sangre seguirá. Pero la elite política mexicana al parecer piensa distinto: que pronto pasará el coraje ante el surgimiento de un nuevo escándalo, ya sea de corte violento o de la galopante corrupción de los gobernantes, y todo volverá a la normalidad. El problema es que se trata de una normalidad terrible para la mayoría de la sociedad, aunque muy favorable para las élites políticas y económicas de México y el extranjero.
Sin un polo aglutinador que le abra cauce no está claro que las movilizaciones rematen en el gran proceso de reforma del sistema político mexicano, cuyas bases institucionales están totalmente quebradas o colapsadas y de nuevas políticas públicas que empiecen a cortar las raíces de los grandes problemas nacionales como la desigualdad social y la impunidad. Lo único que se les ha ocurrido hasta ahora es un intento frustrado de reeditar el nefasto “Pacto por México” con el tema de la inseguridad y la violencia. De renuncias nomás van las ineludibles en el gobierno de Guerrero y en la presidencia municipal de Iguala. El procurador general de la República y el presidente nacional perredista se aferran a su cargo eludiendo la enorme responsabilidad que les asignan los horrendos hechos de Iguala y Cocula y posponiendo el inicio de una nueva etapa en la rendición de cuentas en México.
Alternativas existen pero hace falta la voluntad reformista que debe acompañar a una auténtica visión de estado para superar la crisis. Material humano también hay, dentro y fuera de los partidos políticos. El país no puede esperar cuatro años de más de lo mismo. Tal es la camisa de fuerza del sistema presidencial que en su versión mexicana tiende a resaltar el disfrute del poder evadiendo la gran responsabilidad que implica una alta concentración de dicho poder.
Desde esa cúspide en las últimas semanas se han estado enviando sólo señales ominosas: escándalos de corrupción y utilización electoral de la procuración de justicia, a pesar de que cada vez queda más claro que al menos las infames agresiones a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se pudieron haber evitado si la PGR hubiera actuado profesionalmente. No sólo fue omisa sino que ante los terribles hechos ha preferido darle un uso electorero al caso, haciendo más evidente la urgencia de dotarla, ya, de autonomía y desnudando las limitaciones de su última reforma constitucional.
Desde Sinaloa, Ayotzinapa se ve políticamente todavía más lejos que lo que dice la geografía. Si la reforma federal a la institución del Ministerio Público, que lo convertirá en fiscalía general, se ha quedado más que corta, además de demorada, el proyecto de reformas que hace meses está en el poder legislativo local es todavía más limitado que la reforma federal, tal como lo hemos demostrado en estas mismas páginas en nuestro artículo “¿Ministerio Público autónomo?”.
