¿Tiene límite la corrupción en Sinaloa?

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VIVIR EN LA CORRUPCIÓN

 

 

Un estudio interesante dan a conocer La Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla sobre la impunidad. Estudio donde nuestro país no sabe bien librado.

 

Según el estudio, México es el segundo país de 59 con mayor índice de impunidad. El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes deficiencias: 46 por ciento de la población detenida carece de una sentencia condenatoria. El índice estimó una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100 mil habitantes; México sólo cuenta con 4 por cada 100 mil.

 

La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas. “La corrupción es el resultado de la impunidad”, afirmó Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, durante la presentación del estudio.

 

El índice enlistó a 59 países de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contaron con información estadística suficiente en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

 

La base de datos del estudio contempló 40 mil variables que, además, estarán abiertas al público para su posterior análisis. El estudio se hizo con base en estadísticas de Banco Mundial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informes gubernamentales y no en percepción de la población u opinión de especialistas.

 

Un ensayo interesante empieza a circular en Sinaloa  de  José Gaxiola, miembro del Colegio de Sinaloa,  titulado Domando a la Bestia, y es sobre la corrupción.  Para él, el Congreso de la Unión se ha vuelto uno de los culpables de la corrupción nacional, por los pagos irregulares a legisladores; subvenciones a los grupos parlamentarios; prácticas administrativas opacas y discrecionales; asignación de partidas del presupuesto por la práctica de los “moches”. Propone que el   Congreso  se  auto controle, que combata  la corrupción política, incluso la que emana de sus propias curules. Una misión casi imposible.

 

El ciclo corruptor en México se inicia con la corrupción política en una democracia alimentada con grandes sumas de dinero. Hay donantes que financian a candidatos a cambio de contratos de gobierno u otras prerrogativas. La fiscalización de este tipo de corrupción ha fracasado.

 

La corrupción política la facilita nuestro sistema federal. Recordemos que las dos terceras partes del presupuesto nacional lo ejercen Estados, Municipios y Organismos independientes. La corrupción de la que son víctimas el ciudadano y las pequeñas y medianas empresas, viene de esos ámbitos prácticamente sin fiscalizar por conceptos de corrupción.

 

En materia hacendaria, la Federación recauda y luego transfiere a los gobiernos locales para que gasten. Ello estimula el gasto, pero hasta ahora, no la rendición de cuentas. Estamos en un círculo vicioso provocado por una democracia capturada, una división de poderes y un federalismo fallidos bajo el crecimiento del manto de la corrupción política.

 

Con el nuevo sistema nacional anti corrupción (SNA) algunos esperan ciertos avances en relación al control de la corrupción política, como el aplicar estas nuevas reglas de fiscalización en los tres niveles de gobierno. Hay consenso de las arbitrariedades a nivel de los Estados y  hay que frenarlas.

 

A nivel estatal, aprobar el SNA implicará que las participaciones que reciben los estados puedan ser auditadas por la Federación (ASF), no sólo por sus auditores estatales dependientes, a pesar de ser ratificados por los congresos locales, en casi todos los Estados el Congreso es controlado por el mismo partido del gobernador. Así, quien audita el gasto del gobernador termina siendo poco exigente con éste, es el caso de Sinaloa.

 

En Sinaloa, el  tema de la construcción de los  hospitales es el mejor ejemplo de corrupción del gobierno de MALOVA.  Hacer negocio privado con dinero público es la nueva moda en Sinaloa.

 

Las denuncias públicas dadas a conocer en medios periodísticos locales sobre el precio excesivo del terreno donde se pretende construir el hospital en Culiacán, parece tener  sin cuidado al gobernador.

 

El proyecto de construcción del Hospital General de Culiacán está inmerso en la opacidad. Por el terreno donde se construirá el hospital, el Gobierno de Sinaloa tendrá que pagar 3.5 veces más que el monto aprobado por el Congreso del Estado y, además, la participación de la empresa Desarrollo Inmobiliario Financiero Gasbel ha sido ocultada por el propio gobierno.  Así  gobierna el PRI y el PAN en Sinaloa. Vivir en la corrupción es su medio. Pronto veremos a los diputados del PRI y del PAN aprobando la construcción de hospitales costosos que comprometen el futuro de los presupuestos estatales. El negocio es primero.

¿Tiene límite la corrupción en Sinaloa?

 

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