Que de los 40 recién habilitados como diputados, de siete fuerzas políticas, solo dos de ellos han presentado su 3de3, es decir, su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, indica para muchos que algo esconden y peor, todavía, podría ser indicio de sus propósitos en su paso por el Congreso del Estado.
Sin embargo, otorgando el beneficio de la duda, podríamos atribuirlo al desconocimiento de la citada ley, una agenda cargada, vamos, que se deja para otro momento habiendo cosas más importantes.
Pero luego, al ver los datos de este tipo de rendición de cuentas, uno cae en cuenta que es algo sin ganas de asumir. Existen ocho congresos locales, sin que haya uno solo declarado, siete más en los que sólo uno lo ha hecho, es decir, prácticamente a la mitad de los legislativos no les interesa transparentarse. Un caso excepcional es el de Sonora, donde 21 de los 33 diputados lo han hecho, otorgando una legitimidad única en el país, a despecho de los otros 12, que como los y las sinaloenses: algo ocultan, o peor, lo ocultan para que después no haya forma de demostrar diferencias en el corte de caja.
Ciertamente la ley no obliga a presentar esa triple declaración y no se incurre en una falta administrativa, sin embargo la ley 3de3 tiene carta de ciudadanía y, su cumplimiento es motivo de vigilancia de organismos ciudadanos y mediáticos, como lo vemos visto con el seguimiento que está haciendo Noroeste y, seguramente por otros medios de comunicación, que le apuestan a la transparencia y rendición de cuentas de todo aquel que vive del erario público.
La transparencia de los políticos en funciones de gobierno se ha transformado en un tema de la agenda nacional, una forma inicial de evaluarlos y ¿por qué no decirlo?, obligarlos al desempeño honorable, por encima de siglas partidarias, definiciones ideológicas o personalismos.
Quien no declara es porque algo esconde. Entonces no merece estar en la política, como diría José Mújica, el ex presidente uruguayo: si esconde de inicio, es muy probable que después estaría dispuesto a esconder más.
Entonces, es un asunto de principios personales y políticos, de ética en la función pública, ninguno debiera escabullirse en la omisión, porque al final de cuentas queda registro y eso a la larga tiene un costo en las carreras políticas.
Hay que reconocer entonces al diputado Juan Pablo Yamuni Robles, del Partido Acción Nacional, en el distrito 5; y a Jesús Ibarra Ramos, del Partido Nueva Alianza, del distrito 14, el tener registradas sus declaraciones en el Portal http://tresdetres.mx/#/ del Instituto Mexicano de la Competitividad, IMCO.
No se puede decir lo mismo de quienes rasgándose las vestiduras en este y otros temas, no hacen lo propio exhibiéndose ante la opinión pública, no llegan a considerar que podría ser una mancha en su currículum político.
Extraña cuando todos deben de saber sobre la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero extraña más que todos los diputados priistas, compañeros de partido del Presidente de la República, no se pongan las pilas y asuman que éste es uno de los pilares de esa lucha contra la corrupción. Resultan más incomprensible que los panistas, que fueron los promotores más activos del Sistema Nacional Anticorrupción, se resistan a hacer realidad la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito legislativo; en los diputados pasistas podríamos decir que es comprensible, su visión patrimonialista en la UAS es precisamente la negación de todo aquello que implique rendir cuentas. Y de los otros, qué decir.
En definitiva, la lucha que sostienes franjas de la sociedad civil por dignificar la política enfrenta la resistencia que se desprende de esa visión patrimonialista que sigue haciendo suya la máxima corrupta de: “ponme donde hay, aunque no me pagues”.
Tiempos son tiempos.
