“Busca hechos, hechos y más hechos; cuando estés seguro de tus hechos, construye teorías. Pero tus hechos son más importantes.” Kurt Koffka
El 1 de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto presentó su segundo informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, con lo cual cumplió con su obligación constitucional. Al día siguiente, desde Palacio Nacional dirigió su mensaje político.
En la página web oficial de la Presidencia de la República puede uno encontrar los tres documentos que integran el informe. Está el Resumen Ejecutivo, el Anexo Estadístico y el Informe completo. Saca tu calculadora paisana, vamos a echarle una ojeada en dos puntos específicos en materia de seguridad y justicia.
I. “…la violencia está disminuyendo” (Resumen Ejecutivo, página 19). Los tres documentos del informe contienen numerosos datos que sustentan esta afirmación.
Por ejemplo, al tabular los posibles hechos delictivos denunciados en los fueros federal y común (página 69), el Anexo Estadístico arroja un resultado total, en tasa por cada cien mil habitantes, de 1 mil 501.8 para 2013; menor a la tasa de 1 mil 563.6 registrada para 2012. Los datos de 2014 no son útiles pues sólo abarcan el lapso entre el 1 de enero y el 31 de julio.
Ahora bien, si seguimos analizando las cifras de la tabla, encontramos que la tendencia a la disminución de las denuncias comenzó en el propio 2012 respecto del año anterior, es decir, todavía en el sexenio de Felipe Calderón. De hecho, la reducción peñista aún no llega a los niveles de los dos últimos años de Vicente Fox.
En el mismo rubro, pero referido al estado de Sinaloa (página 74), el Anexo Estadístico del segundo informe confirma una disminución pronunciada en el número de denuncias presentadas entre 2011 y 2013, pero que sigue siendo superior a las tasas registradas de 2005 a 2009.
En materia de homicidios, el Resumen Ejecutivo afirma que entre 2012 y 2013 la tasa de este delito por cada cien mil habitantes se redujo de 22 a 19. Pero si queremos confirmar el dato en el Anexo Estadístico, nos va a ser imposible. La tabla respectiva (página 45) establece que en 2012 la tasa de homicidios dolosos y culposos por cada cien mil habitantes fue de 32.7, mientras que para 2013 disminuyó a 29.6.
Tal vez la diferencia estribe en que el Resumen Ejecutivo sólo se refiere a los asesinatos y no a los accidentes, pero no lo aclara. Lo cierto es que el rango de la reducción es muy parecido en ambos casos.
Por cierto que el Informe completo señala una disminución de homicidios dolosos de septiembre de 2013 a julio de 2014, que para la ciudad de Culiacán alcanzó el 20.3 por ciento (página 79).
II. “…la PGR elevó su eficacia institucional” (Resumen Ejecutivo, página 17). De acuerdo con el Informe completo, entre las acciones realizadas para “…mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, cuenten con soporte científico y sustento legal”, destaca la creación de la Agencia de Investigación Criminal mediante acuerdo A/101/13 del Procurador General de la República (páginas 86 y 98).
A esta nueva estructura se adscribieron la Coordinación General de Servicios Periciales, la Policía Federal Ministerial y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la delincuencia.
El mismo Informe completo establece que entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 2014, el número de averiguaciones previas consignadas con detenido y sin detenido arroja un total de 27 mil 336 consignaciones.
De nuevo ocurre que es imposible contrastar estas cifras con las aportadas en el Anexo Estadístico (página 49), ya que los periodos por los que se informa son distintos. Lo que debe destacarse es que el Anexo establece una disminución del 27 por ciento en el número de consignaciones de la PGR entre 2012 y 2013.
Por otro lado, el Informe completo dice que entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de julio de 2014, se dictaron 13 mil 692 sentencias condenatorias en primera instancia en materia federal, cifra que representó el 50.1 por ciento de un total de 27 mil 336 averiguaciones previas consignadas (página 98).
Sin embargo, al contrastar la información con la aportada por el Anexo Estadístico (página 11), una vez más se advierte la diferencia en los periodos de los que se da cuenta.
Pero las cifras del Anexo sobre el porcentaje de sentencias condenatorias respecto al total de consignaciones, no se acerca al dato que establece el Informe completo, pues registra un 45.7 para 2013 y 31.5 para 2014.
III. “Apaga la calculadora”. En conclusión, paisano, los tres documentos que integran el informe manejan cifras cuya periodicidad es inconsistente y, en ocasiones, presentan datos respecto de los cuales no se aporta un contexto.
A pesar de las dificultades derivadas de esta circunstancia, se pueden realizar análisis muy específicos, el alcance de cuyas conclusiones debe estar rigurosamente acotado.
Para decirlo en buen español, al menos en materia de seguridad y justicia, despojado de sus contenidos políticos, el informe y sus numeritos no alcanzan para establecer que todo está bien o que todo está mal.
Hay que ir paso a paso y desentrañar cada punto. Recuerda paisana que el Diablo está en los detalles.