La procuración de justicia en México y sus estados es hija del autoritarismo. Su subordinación a los gobernantes en turno ha derivado en una justicia selectiva y de pésima calidad humana. Está tan mal este segmento de la realidad mexicana que Edgardo Buscaglia, uno de los más prestigiados especialistas en el mundo sobre este tema, lo ubica en el siglo… XVIII. ¿Y qué decir de esta procuración en Sinaloa?
Desde la década de los 50 del siglo pasado empezó a tomar fuerza la idea de dotar de autonomía al Ministerio Público en México. En aquellos años y hasta hace poco tiempo, el órgano encargado de la procuración de justicia dependía totalmente del Presidente de la República y de los gobernadores en sus estados. Por esa época no se vivían los terribles problemas de inseguridad y violencia y la pluralidad política era bloqueada y combatida desde el poder.
La dependencia orgánica del ministerio público respecto del poder ejecutivo no asegura el mejor cumplimiento del principio de legalidad. Décadas atrás ya lo había advertido Francesco Carrara: “si el fiscal estuviera encadenado al Poder Ejecutivo, será mentira llamarlo representante de la ley, no siendo sino un investigador representante del gobierno, que siempre pondrá el querer de éste por encima de la voluntad de la ley”.
Con la generalización de la criminalidad y el advenimiento del pluralismo político la idea se convirtió en demanda y propuesta. El primer paso para darle respuesta fue avanzar hacia una participación del poder legislativo en su nombramiento a través de la figura de la ratificación. En 1994 es modificada la Constitución General del país para incorporarle la ratificación del Procurador General de la República. Una vez más los gobernantes de Sinaloa se demoraron lo más que pudieron, nomás cuatro años, para insertar en la constitucionalidad estatal la reforma, lo que terminarían realizando en el año de 1998.
Algunos estados, como Nuevo León, dieron un pasito más al quitarle al Gobernador la facultad de designar al Procurador dejándole la atribución de proponerlo para que el congreso lo designara por mayoría calificada. En Sinaloa, como ya se hizo costumbre entre sus gobernantes, se adoptó la versión más minimalista de la establecida en el ámbito federal. No se movieron ni un milímetro de mantener la facultad de nombramiento y remoción en el Gobernador y la ratificación por mayoría simple de los diputados o hasta de la diputación permanente.
Ya entrado el nuevo siglo, ante el escalamiento de la violencia y la inseguridad pública, y el desgaste de las procuradurías por su uso político, tomó más fuerza la demanda de la autonomía. En esta época todas las fuerzas políticas avanzaron hacia un consenso que se disolvía al arribar al gobierno.
El panismo estuvo doce años en la presidencia de la República y nunca se atrevió siquiera a proponer la reforma. La iniciativa de reforma político de Calderón de 2009 no la incluyó, a pesar de que para entonces la PGR ya era una institución podrida por la corrupción y la delincuencia. Inmediatamente después de perder la elección presidencial de 2012 y al inició la nueva legislatura los legisladores federales panistas presentaron una iniciativa proponiendo la evasiva autonomía.
Con el perredismo pasó algo similar en los estados donde gobierna, a pesar de que sus legisladores federales han sido los que más han insistido en el planteamiento. La diferencia es que esta fuerza política no ha llegado a ejercer la presidencia de la república. Este dato es importante porque la experiencia fallida de Durango mostró las dificultades para aplicarla de manera aislada.
El priísmo ha sido mucho más cauto sobre el tema. Sin embargo, cuando fue colocado en la oposición, algunos de sus legisladores federales se atrevieron a formular la propuesta de la autonomía. Es el caso del actual Gobernador del estado, quien en su calidad de senador presentó una iniciativa muy completa sobre el tema. En la iniciativa se reconocía que “la carencia de autonomía plena en su actuación coloca a tan importante institución en el riesgo de ser afectada por criterios extralegales en demérito de su responsabilidad frente a la sociedad”. Un elemento muy importante del diseño institucional que se proponía era que el nombramiento como la remoción del fiscal o procurador estaría a cargo del senado. Desde la campaña para Gobernador, pero sobre todo desde el gobierno estatal, la idea fue fácilmente abandonada. Como por arte de magia.
Hasta que llegó el 2013 con una contrarreforma energética que vino acompañada, como moneda de cambio, de una reforma política que ya no pudo sacarle la vuelta a la cuestión de la autonomía del Ministerio Público. Pero como la reforma estuvo condicionada por el priísmo el resultado es una autonomía muy precaria y diferida, priorizando el ejercicio autoritario del gobierno sobre la urgencia de un sistema moderno de justicia.
A diferencia de las múltiples propuestas previas, la reciente reforma federal incluyó un diseño en el que la presidencia seguirá teniendo una participación definitiva al grado que si en la etapa de designación no logra el control del fiscal general, tendrá una segunda oportunidad con la remoción. Los candados estarán en manos del senado.
Para no faltar a su vocación conservadora, los gobernantes de Sinaloa pretenden empeorar el diseño a favor del Gobernador y distorsionar uno de los elementos básicos de la autonomía como es la mayoría calificada. En el mundo al revés, y tomando distancia de la reforma federal, la iniciativa enviada por “Compromisos por Sinaloa” propone como requisito para objetar la remoción del fiscal la mayoría calificada de los diputados.
Si la iniciativa es aprobada tal cual fue enviada habrá que corregir el diagnóstico de Buscaglia porque Sinaloa, en materia de procuración de justicia, habrá avanzado… hacia el siglo XIX.
