Mazatlán, ¿sin alcalde electo?

 
 
 Jornada rn Mazatlán (5)
A la memoria de José Luis y René,
Compañeros universitarios
 
El proceso para determinar a quién se le entrega el acta de mayoría y por lo tanto es el alcalde electo en tanto el Tribunal Estatal Electoral (TEE) ratifica o rectifica con base a la resolución, si los hubiera, de los recursos interpuestos en tiempo y forma o en su caso, igualmente si la resolución no satisficiera al partido quejoso, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Se trata de lo siguiente, al finalizar la jornada comicial el Consejo Municipal Electoral (CME) recibe los paquetes electorales de cada una de las casillas que se hubieran instalado y eso debe concluir a más tardar a las 12 de la noche del martes siguiente porque el miércoles a las ocho de la mañana debe empezar a instalarse el CME para la lectura de cada una de las actas y los recursos de inconformidad que se hubieran interpuestos al cierre de la casilla. Al concluir se elabora un acta circunstanciada y se envía al TEE para que revise conforme a la ley los recursos interpuestos y resuelva ratificar o rectificar lo resuelto en el CME.
El error que cometió el CME fue haber aceptado y contabilizado sin más las llamadas “bolsas negras”, cambiando el resultado electoral, cuando debió haberse hecho una investigación de ellas, con el fin de resolver que hacer jurídicamente, la lógica indica que se debió contabilizar las actas que venían en tiempo y forma y dar como vencedor a  quien haya obtenido la mayoría de votos. El partido o los partidos que no estuvieran de acuerdo con la declaratoria del CME podrían interponer el recurso correspondiente para que los magistrados del TEE lo revisaran y resolviera, o en su caso, repito, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Quizá el cansancio de los consejeros electorales y las ganas de irse a dormir, los llevó a tomar una decisión apresurada sin medir las consecuencias de una decisión donde solo 65 votos hacían la diferencia.
Hoy el sueño se les convirtió en pesadilla, especialmente al Presidente del CME, quien pretende dejar sin efecto el acta que se encuentra en manos de los magistrados del TEE y elaborar una nueva que corrija el entuerto de “las bolsas negras”.
Pésima asesoría jurídica, porque no se trata de cambiar el acta original pues ya está en otra etapa procesal. Los magistrados resolverán con el acta del CME y los recursos que interpuso el PAN. No hay más. La sesión extraordinaria del CME es ilegal y lo que resulte de ellas también lo será.  No hay manera de que se corrija el entuerto y los magistrados quiten un acta y reciban otra más ajustada a la realidad.
El TEE, si se ajusta a los hechos, deberá corregir la plana al CME y podría pedir un nuevo recuento de los votos o simplemente, porque ya el CME hizo el voto por voto, casilla por casilla, dejarlo en lo que resultó sin considerar los votos de las bolsas negras, para que se vaya a la siguiente instancia procesal o lo más radical que por las irregularidades resuelva una nueva convocatoria de elecciones, que sería lo más saludable para que Mazatlán tenga un alcalde sin asomo de ilegitimidad.
Afortunadamente hay tiempo para hacerlo, y eso daría un respiro al ambiente tan caldeado que se vive en el puerto, y eso podría ser un mes después de la resolución judicial, o antes ya que en este caso no se contemplan campañas electorales sino simplemente fijar una fecha para que la gente vaya a votar.
Que esta nueva votación la va a realizar el CME, pues sí, porque legalmente es un órgano constituido para dos procesos electorales, pero en aras de dar seguridad al proceso sería recomendable que el Presidente se excusara de participar y que otro de los consejeros tome en sus manos la conducción de esta reedición inédita en Mazatlán y en Sinaloa.
En política los errores se pagan y resulta recomendable que los miembros de este Consejo al finalizar estos complicados comicios presenten su renuncia, porque llegarían sin legitimidad al próximo proceso electoral.
Más, aun, cuando corre en paralelo la denuncia penal interpuesta ante una FEPADE que busca en estos casos su propia legitimidad.
 
 
 

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