Legislatura sin resortes

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Los estudios más rigurosos sobre el desempeño de los diputados contemplan el número de las iniciativas que presentan, las que se toman en cuenta en una primera y segunda lectura y las que finalmente se transforman en leyes.
Sin embargo, a últimas fechas pareciera que los acontecimientos se imponen y habría que evaluarlos no con aquellos indicadores, sino por el desgano, la improductividad y hasta por descaro en las transacciones ejecutivo—legislativo.
Es más, muchos ciudadanos desearían mejor que no legislaran si lo que producen son pensiones y entuertos como el frustrado artículo 51 bis.
Y es que los integrantes del Congreso del Estado, luego de ese artículo conocido como Ley Mordaza, fue exhibido impúdicamente como una institución donde los representantes populares no sólo no inician leyes, porque esto lo hace el Ejecutivo, sino que no leen, no discuten y no aprueban leyes de beneficio público. Solo votan en automático. Las justificaciones llegan a ser groseras: “no la leí” o “es un asunto de comisiones”.
Y no es poca cosa, sabiendo que son 40 diputados de ocho partidos políticos —incluido por supuesto el PAS— y con esa representación diversa, debería ser un legislativo con un gran debate público digno de los grandes parlamentos del mundo, donde mayorías y minorías se hacen sentir con sus diagnósticos y soluciones a los problemas.
Pero no. Más de alguno de estos diputados podría defenderse diciendo que una golondrina no hace un verano. Que lo ocurrido no es la constante en esta soberanía. Que ahí se trabaja y duro. Pero estos indicios y otros, podrían mostrar otra situación. Habría que ver el número de iniciativas que han presentado y se han discutido seriamente, la solidez de los argumentos que se esgrimen y cuántas de estas leyes son aprobadas. Ah, y qué piensa la ciudadanía de ellas.
Sé que no se le puede atribuir a esta legislatura los rezagos, pero la Métrica de la Transparencia que presentó el CIDE en 2011 y exhibió que el Congreso del Estado ocupaba uno de los últimos lugares en transparencia (26), obliga a la nueva legislatura a buscar salir de esa descalificación institucional. Mejorar sus indicadores. Remontar su atraso. Vamos, evitar una mayor caída.
Hace unos años me tocó coordinar como investigador de la UAS un proyecto de investigación sobre élites parlamentarias en colaboración con la Universidad de Salamanca. Una de las preguntas tenía que ver con la profesionalización de los legisladores y para ello preguntábamos a cada uno de éstos si su labor en el Congreso del Estado era de tiempo completo o si lo combinaban con otras actividades, la respuesta de muchos de ellos fue que seguían teniendo sus trabajos de antes de ser electos diputados. Incluso, algunos de ellos no estaban satisfechos con sus emolumentos.
¿Qué tanto ocurre en esta legislatura? No lo sé. Pero si nos vamos por el bajo rendimiento, es muy probable que esto siga ocurriendo. Que el Congreso de Diputados para muchos de sus integrantes siga siendo una segunda chamba. Si no es que una tercera. Y así, no se puede hablar de una institución profesional y eficaz para atender los problemas de Sinaloa.
Entonces, bajo estas circunstancias, no hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar cómo va su tarea sustantiva que es la de legislar (aunque hay quienes dicen que lo suyo es la gestión social, mientras se esfuerzan por alimentar todos los días sus páginas de facebook con fotos de bien portados y expresiones de amor y paz).
Y si es así, lo que salta a los medios de comunicación son las malas noticias, como la autorización de megapréstamos que luego los legisladores son incapaces de garantizar su correcta aplicación, las camionetas de los líderes de las fracciones dignas de millonarios, dietas parlamentarias de seis dígitos, opacidad, “chapulineo” político, y sobre todo la falta de independencia ante el Ejecutivo.
Que por cierto no deja de ser el gran legislador, lo que habla mal de eso que llaman separación de poderes.
En definitiva, la única alternativa que parece verse en el horizonte es que esta legislatura ofrezca una disculpa pública a los ciudadanos y se someta a control ciudadano.
Sólo así podríamos empezar a encaminarnos a un legislativo honorable, profesional, eficaz.

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