Las marchas de protesta invariablemente están dirigidas al sistema político y económico por la incapacidad que tiene para satisfacer todas las demandas sociales.
Pero, contrariamente a la idea de que el sistema político y económico solo son aquellos agentes de las instituciones políticas y las empresas comerciales, habría que decir que este sistema también incluye a los agentes no formales de la política y la economía que llegan a ser tanto o más poderosos que los formales.
Vamos, incluso, por la misma dinámica del sistema, llegan a ser funcionales para unas instituciones débiles y necesitadas de recursos extraordinarios.
Es el caso del crimen organizado, que con su gran capacidad para penetrar todo los ámbitos del sistema —casi siempre con la anuencia o complicidad de los actores institucionales— se transforma en el llamado “otro poder” que subrepticiamente contamina el circuito de la economía, la política y el tejido social.
Es decir, llena los vacíos que va dejando el sistema por indolencia o incapacidad para atender demandas.
Esto es lo que ha ocurrido en Sinaloa, donde en amplios sectores de la población, la política llega a ser signo de corrupción y abuso —para lo cual muchos políticos en funciones todos los días hacen todos los esfuerzos por demostrarlo—, mientras un personaje como Joaquín Guzmán, que tiene una apariencia como de cualquiera que circula en la calle, y quizá por eso, tiene hoy aura de héroe al que se le atribuyen, con o sin razón, una capacidad repelente para que carteles más violentos se instalen en el estado con su impronta.
Lo recuerdan algunas de las pancartas que se exhibieron en las marchas de Culiacán y Guamúchil, pero igual, lo hemos escuchado sotto voce entre políticos y empresarios que agradecen que el estado no se haya convertido en otro Tamaulipas o Chihuahua.
Ahí, como sabemos, operan cárteles que entienden el control de las plazas, como control sobre la población, y esto significa vidas, bienes y zozobra.
Entonces, si bien esto de las marchas no se organiza automáticamente, sólo se necesita el llamado “empresario político”, quien desde el anonimato se da a la tarea de convocar con gran despliegue de recursos a las movilizaciones que hemos visto el pasado 26 de febrero.
Así, bajo una serie de consignas pensadas que van desde la genital de “Chapo, hazme un hijo”, hasta aquella cartulina en manos de un hombre serrano que reclama a los políticos en funciones: “Joaquín Guzmán sí daba trabajo, no como ustedes políticos corruptos”.
Y se dirá que estas movilizaciones sociales no tienen futuro, sobre todo si vemos las fotos de relajo donde hubo un semidesnudo masculino, pero la experiencia de hace unos años podría indicar lo contrario, cuando se movilizaron miles de pobladores de la sierra hasta Mazatlán para protestar por las acciones del ejército.
En aquel momento surtió efecto y las acciones militares si bien continuaron, ya no motivaron aquellos desplazamientos que consumían una gran cantidad de recursos.
Las protestas evidentemente no van a detener el proceso judicial contra Guzmán Loera, pero sí puede ocurrir que contribuya a que a este personaje no se le extradite a suelo norteamericano y sea juzgado aquí en México, como lo pedían algunas de las mantas y cartulinas. Incluso la propia legalidad, pues es aquí donde debería continuar purgando la pena interrumpida con su fuga.
En tanto, la detención en Sinaloa podría significar un reacomodo en esto que genéricamente se denomina narcopolítica. Ante todo si creemos en la afirmación de Peña Nieto, que va ahora contra el entorno político y empresarial que rodea la figura del Chapo Guzmán.
Si esto sucede daría un vuelco de 180 grados lo que ha sido la política del gobierno hacia este actor político y económico. Estaríamos ante un hecho tan insólito como las mismas marchas de esta semana.
El PRI, de acuerdo a los estudios del sociólogo Luis Astorga, o los trabajos periodísticos de Anabel Hernández y Ricardo Ravelo, ha sostenido a través del poder presidencial y sus gobernadores una relación muy fructífera desde la segunda década del siglo XX, que difícilmente llegará a su fin con la detención de Guzmán Loera.
Sin embargo, al sistema le vendría bien la detención de algunos narcopolíticos y narcoempresarios para fortalecer la imagen de Peña Nieto dentro y fuera del país.
Por último, la experiencia de este cártel que sabe el poder de la movilización social, nos dice que aun fallando, tiene todas las alternativas que permite ser sistémico en un sistema tan flexible como sus intereses. Por lo pronto, ahí están las marchas entre el relajo y el cuestionamiento público.
