Fiscal ciudadano

 

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Debo confesar que me agradó la decisión final del gobernador de no parecer obstáculo en la designación del Fiscal que vendrá a sustituir al Procurador General de Justicia del Estado. Y me agrada por reconsiderar su posición inicial, donde él quería proponer una terna, para que las dos terceras partes de los diputados resolvieran quien ocuparía este cargo en el que están sembradas muchas esperanzas pero, sobre todo, me gusta porque el procedimiento se ha ciudadanizado, cosa que debería ocurrir en muchas designaciones de la función pública estatal y municipal.

Vamos, y no es que peque de ingenuo, pero yo como muchos desea que los gobiernos se fortalezcan con la participación ciudadana, que por lo demás les permitiría definir estrategias conjuntamente que redundan en beneficio de la ciudadanía.

La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad  Pública, que preside el universitario Ambrocio Mojardín Heráldez, ha dado muestras con los otros ocho integrantes que traen bien puesta la marca y lo hacen con responsabilidad aprovechando sus márgenes de actuación, sus atribuciones legales y el trabajo en equipo.

Eso permite suponer que la convocatoria que habrá de emitirse en las próximas semanas buscará definir un perfil de quien debe asumir esa responsabilidad pública. De todos los que aspiren al cargo serán escogidos cinco que se le presentarán al gobernador, quien seleccionara a tres de ellos y de esos tres una o uno será ungida (o) fiscal por el Congreso del Estado.

O sea, que los miembros de la Coordinación General están obligados a presentar cinco nombres que no sólo tengan el conocimiento jurídico, sino además una trayectoria de participación ciudadana, de manera que cualquiera que asuma el cargo lo haga con independencia del Ejecutivo y mejor, de los poderes fácticos que siempre buscan decidir en los cargos.

Y es que si partimos del entendido de que no hay sinaloense que no haya sufrido directa o indirectamente un coletazo de la violencia cotidiana y de que sería difícil encontrar a alguien satisfecho con el sistema de seguridad estatal, la designación del fiscal sin llegar a ser la varita mágica que resolverá todos los problemas, rompe esa larga tradición de que quienes ocupaban el cargo de Procurador, o se sacaban la “rifa del tigre” como se reconocía, eran personajes de dudosa independencia y futuras tapaderas de los desmanes que ocurrían en la esfera de la administración pública.

Leo, por ejemplo, la declaración del hoy diputado panista Juan Pablo Yamuni  Robles, ex titular de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien sale al encuentro de los señalamientos de complicidad con quienes han dejado en bancarrota las finanzas del estado, y sostiene sin más: que cumplió con su trabajo “de vigilar que el manejo de los recursos públicos se hiciera con transparencia, solo que con el tiempo pudo observar cómo los expedientes de las investigaciones que su dependencia integraba se acumulaban en el despacho de procurador”. Mala cosa que no lo salva. Está señalando directamente a Marco Antonio Higuera Gómez, quien hasta este momento despacha como Procurador General y, si no sucede algo antes, será el encargado de entregar la dependencia al nuevo fiscal de justicia.

Y quien resulte fiscal, bien haría empezar su gestión por investigar las denuncias que dice Yamuni Robles entregó al Procurador, de manera que se esclarezca esto que es un verdadero escándalo de corrupción y que el ex gobernador, cuando le suspendieron la aprobación de la cuenta pública del primer semestre de 2016, ha tenido que dejar su autoexilio dorado en San Diego para venir a decir a los sinaloenses que se aclararán todas las observaciones que le hacen los diputados y que aquellos servidores públicos que hayan incurrido en delitos tendrán que rendir cuentas a la justicia, que por supuesto no puede estar en manos del hoy procurador, que de acuerdo a los señalamientos de Yamuni Robles, simple y sencillamente debería ser suspendido y denunciado, al menos por la sospecha de que encubrió y encubre los malos manejos de la administración malovista.

En definitiva, quien inaugure la figura de fiscal en el estado debe ser de hierro sólido y desde un principio ejercer a plenitud sus atribuciones, de manera que se vea la diferencia con respecto a  ese pasado muchas veces ominoso, cuando no siniestro, de la todavía existente procuraduría del estado.

Y ojalá esta reconsideración del gobernador se replique en los municipios para enfrentar los problemas que tienen muchos de ellos por simple y llana corrupción política.

¡Enhorabuena!

 

 

 

2 Comentarios en “Fiscal ciudadano

  1. El artículo 77 en su fracción IV de la constitución del estado dice que el aspirante a este cargo no debe tener sentencia por juicio doloso, y que debe gozar de buena reputación. De los 17 aspirantes conozco a Juan José Ríos Estavillo, a quien denuncié por falsedad de declaración en la dirección de averiguaciones previas de la PGJE, pues declaró en mi contra y en contra de mis hijos menores de edad para impedir que en justicia nos otorgaran una pensión alimenticia justa y hacer valer mis derechos al divorciarme de su hermano Mayo Eleuterio Ríos Estavillo por sostener él una relación extra marital. Durante el juicio de pensión alimenticia pude demostrar las mentiras que declaró Juan José Ríos y el otro testigo que no viene al caso nombrar. La averiguación previa con numero 046/2014 no tiene aún sentencia debido al uso de influencias de estas personas con el pasado gobierno, mi ex esposo Mayo Eleuterio Ríos Estavillo trabajaba con el ex gobernador como asesor externo en el rubro de la imagen del gobierno, así que cuando se citó por primera vez a Juan José Ríos a comparecer en la procuraduría, no se presentó y ese mismo día la procuraduría recibió llamada del despacho del gobernador para ordenar que no se le volviera a citar… Por ese motivo tuve que ir a México DF, a poner queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Procuraduría por su omisión en el desahogo de pruebas de esta denuncia. La CNDH envió al procurador oficio solicitándole informes de este asunto y fue entonces que tuvieron que citar nuevamente a Juan José Ríos a comparecer. En tal comparecencia ratificó todas y cada una de sus mentiras, es decir volvió a declarar en falsedad a pesar de estar nuevamente bajo juramento de conducirse con verdad ante el organismo que ahora aspira a dirigir. El no puede ser fiscal porque ha violado la ley al declarar con falsedad y después obstaculizar la justicia. Si este expediente se resolviera en justicia Juan José Ríos Estavillo tendría una sentencia en su contra, por lo tanto no cumple con los dos principales requisitos que marca la ley para los aspirantes a tan importante cargo. Es obvio que de quedar él como fiscal, mi denuncia jamás será atendida y temo por las represalias que pudiera tomar en mi contra ya que conozco su carácter inestable e irascible. No es la primera vez que declara en falsedad pues hace algunos años lo hizo en contra de su propia madre.

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