Uno de los grandes déficits en materia electoral es la impunidad. Los poderes fácticos y actores políticos hasta ahora prácticamente han podido hacer cualquier cosa sin consecuencias legales.

Es la percepción generalizada sobre la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), creada por decreto presidencial el 19 de julio de 1994, y que por tiempo y vocación, es una institución que debe ser garantía en nuestra singular transición política.

En estos 21 años —qué me corrijan si me equivoco—, nunca había tomado la decisión de ir más allá de integrar expedientes y sancionar administrativamente a operadores políticos de medio pelo, que luego por la debilidad de las sanciones, estaban de nuevo en estas actividades abiertamente delictivas.

Es por eso que ahora por primera vez se rompe esa inercia de operación institucional —gracias a los nuevos ordenamientos en materia de justicia electoral y a la disposición del fiscal Santiago Nieto de hacerlos valer—, y se solicita una orden de aprehensión en contra de nada más y nada menos que Arturo Escobar y Vega, ex dirigente y vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y quien hasta la orden de arresto se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, en la Secretaría de Gobernación.

Pero sobre todo es conocida su fama pública de todo un historial de conductas políticas poco edificantes, pues entra directamente al trabajo sucio en su afán de conseguir votos para su partido y su aliado electoral permanente, perjudicando leyes e instituciones que probablemente votó y negoció en su papel de legislador.

A Escobar y Vega se le acusa de ser responsable del delito de coacción y compra de votos durante el pasado proceso electoral federal. Más, todavía, por contratar a la empresa Proyectos Juveniles para elaborar y repartir 10 mil tarjetas Premia Platino.

Con ellas, a los portadores les aseguraban descuentos en casas comerciales, y por esta causa penal el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impusieron multas al PVEM, siendo por ello el partido más sancionado en los comicios de junio pasado pero, ojo, también un partido que creció en la Cámara de Diputados haciendo realidad la máxima de Maquiavelo de que “el fin justifica los medios”.

La decisión de la Fepade tiene como precedente sendos recursos interpuestos por el PAN y el PRD, además, por un buen número de ciudadanos que interpusieron quejas ante la fiscalía y quienes han depositado las credenciales con nombre y apellido que llegaron a sus domicilios, como evidencia de que el padrón electoral fue usado para fines contrarios a lo establecido en la ley.

En una democracia que respeta sus ordenamientos hubiera sido suficiente para que al Verde se le hubiera retirado el registro electoral y quienes operaron estos delitos fueran a la cárcel, pero los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), que antes de tomar una decisión frecuentemente voltean a ver sus lealtades, dijeron que era “desmesurada” la petición que hicieron no sólo partidos, sino más de 140 mil ciudadanos bajo el lema: #QuitenRegistroAlVerde

Con este antecedente, la solicitud de la Fepade se encuentra en una encrucijada. Ya Rosa María Cervantes Mejía, juez segundo en materia de procesos penales, resolvió “que el caso carece de elementos probatorios para determinar actitud delictiva alguna”, y esto llevó al ex subsecretario a decir que no ha sido “requerido por ninguna autoridad judicial”. Y llegó a señalar que el fiscal Nieto se excedía en sus atribuciones al ordenar su aprehensión pues no respeta el debido proceso.

Sin embargo, de acuerdo con la Fepade hay una tesis de jurisprudencia de 2011 que dota, conforme al artículo 16 constitucional, de capacidad para girar este tipo de órdenes judiciales sin contravenir garantías individuales.

Cierto, no ha sido requerido por alguna autoridad judicial, pero es porque la fiscalía ha retirado el expediente judicial para enmendar errores y luego insistir en que Escobar y Vega sea llevado ante la justicia.

La contraofensiva de Escobar y Vega, como la de su aliado priista, no se ha dejado esperar, señalando que interpondrá recursos ante la misma Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo lo más mediático ha sido que Nieto tiene conflicto de interés para llevar el caso, por haber sido asesor del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y no haberlo señalado cuando fue nombrado fiscal especializado en materia electoral.

El PRI (Partido Revolucionario Institucional) se ha sumado a la campaña en contra del titular de la Fepade al señalar que no se ha respetado el “debido proceso”.

En fin, lo que está en juego no es la cabeza de Santiago Nieto, sino la viabilidad de la fiscalía, en un país en que los delitos electorales son el pan de cada día.

Por eso y más: ahora o nunca.