Desde la reforma constitucional de 2008 se ha venido impulsando en todo el país la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, el procedimiento acusatorio y oral. Como todo cambio, se generan expectativas de mejorar las cosas.
En este caso muchas personas esperan que la transformación resuelva uno de los principales problemas nacionales, la seguridad pública. La cuestión radica, sin embargo, en que la implementación del sistema acusatorio no está pensada ni diseñada para disminuir la inseguridad.
La razón es muy sencilla. El sistema penal inicia su trabajo cuando la seguridad pública ha fallado, al menos entendida como prevención del delito. En otras palabras, una vez que no se pudo evitar el crimen, éste debe investigarse y perseguirse.
Como afirma mi buen amigo Eloy Morales Brand, “el sistema de justicia penal actúa cuando el delito ya se cometió, con la finalidad de reprimir esa conducta desviada. La seguridad pública pretende que desaparezcan los factores que provocan la conducta desviada”.
Aunque ambos sistemas tienen vasos comunicantes y se retroalimentan, no son idénticos y no forman parte uno del otro. Por eso, reformar uno lo transforma a sí mismo, pero al otro lo modifica sólo en algunas cosas, no en lo principal.
De aquí que el nuevo sistema acusatorio busca resolver problemas de la justicia penal. Aspira a modificar viejos vicios del proceso inquisitorial, como la inequidad entre el Ministerio Público y la Defensoría o la compresión de los derechos humanos del imputado que en la averiguación previa quedaba en muchos casos a disposición, jurídica y física, de la Procuraduría.
Pero establecer la presencia directa del juez en las audiencias en las que oralmente, acusación y defensa, presentarán sus pruebas y argumentos, no se dirige en forma directa a evitar que disminuya la incidencia delictiva. Quien así lo espere se verá decepcionado.
A esta decepción no sólo contribuirán las expectativas inexactas de los ciudadanos, sino también la demagogia de muchos actores políticos que buscan subir a la palestra pública con cualquier pretexto, sin entender totalmente las implicaciones de la discusión. Y por supuesto, influye también la ausencia de campañas de comunicación veraces y oportunas.
La circunstancia de que los juicios orales no van a disminuir la incidencia delictiva no es motivo suficiente para desdeñar la reforma como algo inútil. Insisto, la implementación del sistema acusatorio busca resolver problemas del aparato de justicia, y a eso hay que apostarle.
Para resolver los problemas de la seguridad pública debe establecerse un plan aparte. Deben generarse un diagnóstico objetivo de la criminalidad local, regional y nacional, con base en el cual se definan estrategias, proyectos y acciones dirigidas específicamente a disminuir la incidencia delictiva.
Este plan debe correr paralelo a la reforma del sistema de justicia penal, para que entre ambos se den soporte mutuo y que cada uno logre los objetivos que al otro no le es factible lograr. Si ambos operan de esta manera, se atacan tanto los problemas de la justicia como los de la seguridad.
Por supuesto que la clave de todo esto radica en saber si verdaderamente se está previendo la operación de un plan de seguridad simultáneo con la implementación del sistema acusatorio.
Parece que por un lado, en cuanto a los juicios orales, existen planes y programas definidos específicamente para llevarlos a cabo en un plazo específico, y además, existen recursos con los cuales sustentarlos y un órgano encargado de dar seguimiento a todo ello.
Por otro lado, parece que, a pesar de que opera el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya estructura controla la asignación y ejercicio de recursos para los programas prioritarios nacionales, la visión con la cual trabaja es muy amplia y no se ha propuesto implementar un plan de operaciones específico paralelo al inicio del sistema acusatorio.
Ojalá paisano, que la ausencia de este plan no se convierta en factor de rechazo al nuevo sistema de justicia penal por no resolver el tema de la inseguridad.
