En el libro, La Mecánica del Cambio Político en México, de José Woldenberg, Pedro Salazar y Ricardo Becerra, mencionan que han sido dos las tareas centrales de la política democrática de México. La consolidación y desarrollo nacional de los partidos políticos y, segundo la creación de unas leyes y unas instituciones reguladoras de su competencia.
Por eso, en los últimos años el centro del debate político ha sido ocupado por la cuestión electoral. El gobierno y los partidos la hicieron eje de sus acuerdos y de sus desencuentros. La academia y gran parte de la reflexión intelectual de las ciencias sociales acompañó profusamente ese proceso. Grandes energías de militantes, funcionarios, ciudadanos, recursos materiales y financieros, fueron puestas a disposición de esa tarea. Lo electoral —leyes, instituciones y procedimientos— fue la clave para encauzar y entender el cambio político en México
La última elección presidencial dejó un mal sabor de boca, el gasto excesivo del candidato que se dice ganador, quien no respetó los topes de campaña, fue el motivo principal que hicieron que las fuerzas políticas se plantearan una nueva reforma electoral. El escándalo Monex-Soriana todavía está sin resolverse.
Con un retraso de 15 días, el Congreso de la Unión ha aprobado tres leyes secundarias que integran lo que se ha dado en llamar la Reforma Política Electoral: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), la Ley de Delitos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, las cuales serán aplicadas en la contienda electoral en el 2015.
Con estas nuevas reglas, los estados tendrán 45 días para modificar sus legislaciones locales para armonizarlas al nuevo ordenamiento electoral y estar así en condiciones para realizar las elecciones futuras.
Se busca con estos cambios en las leyes desterrar prácticas como la injerencia de los gobernadores, la simulación en los gastos de campaña.
Hoy tendremos un nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) que nombrará a los nuevos Consejos Estatales, hará la redistritación y que podrá centralizar la fiscalización de los recursos. Una de las nuevas funciones del INE será de poder atraer procesos electorales locales, en casos de excepción, cuando no haya condiciones para garantizar la legalidad de los comicios.
Sobre el financiamiento ilegal, se establecen penas de 5 a 15 años de prisión a quien destine, utilice o reciba aportaciones en dinero o en especie de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley.
Pero la cereza del pastel la pusieron los magistrados electorales del TRIFE. Como si el salario de un magistrado electoral no fuera insultante, ahora se les dará una pensión vitalicia, la cual se introdujo con artimañas. Han sido señalados los senadores del PRI del PAN como los que introdujeron una modificación subrepticia a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación Poder Judicial de la Federación a fin de permitir que éste otorgue pensiones vitalicias a los magistrados electorales.
Más bien parece un pago por su desempeño en la campaña presidencial del 2012.
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