El gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto ha convocado a foros regionales sobre una Reforma al campo mexicano. El turno al noroeste del país y a Sinaloa fue el día 7 de mayo. ¿Pero de qué reforma al campo hablamos?
La “gran” reforma estructural del campo ya la hicieron desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que mediante los cambios al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio significó retirar al Estado de las políticas rectoras en la producción de alimentos y la consecuente competencia desventajosa para los productores nacionales, especialmente para el ejido y la pequeña producción; las reformas de Carlos Salinas nos arrojaron a las lógicas del Mercado mundial en detrimento de la producción de alimentos y la desarticulación productiva de este sector de la economía rural.
Cabe la pregunta porque sexenio tras sexenio se habla de reformas al campo, y la realidad es contundente: el campo está en el abandono y la capacidad del país para la producción de alimentos se ve disminuida año tras año. El sector social del campo, entiéndase pequeños productores y ejidos, están hundidos en el abandono. No hay políticas públicas para hacer productivo y rentable al campo. Sólo como una muestra de la realidad nacional: en Sinaloa más del ochenta por ciento de la tierra ejidal está rentada, y las ventas de parcelas es operación de todos los días en el campo sinaloense; se carece de créditos y la comercialización está en manos de coyotes, en las lógicas del mercado mundial que define los precios, generalmente no rentables para los productores de nuestro país. La misma suerte tienen los pequeños productores.
Está demostrado fehacientemente que esas reformas han sido un fracaso para la producción nacional y la rentabilidad para los productores locales. El Estado se retiró del campo, dejando a los coyotes el campo abierto para que operen como lo que son: salteadores del trabajo de los campesinos y agricultores, unos verdaderos rateros en la impunidad.
México marcha en sentido contrario a las tendencias del mundo: mientras que en Estados Unidos, Europa, Japón, etc. los gobiernos protegen la agricultura, incluso la subsidian, en México se niega la más elemental política de fomento a la producción y al apoyo a los productores; todo esto agravia a los agricultores y atenta contra la producción de alimentos, en momentos donde la capacidad para competir en el mercado mundial impone como condición la capacidad de cada país para producir sus alimentos. Mientras no haya una modificación a fondo que revierta las políticas impuestas por Carlos Salinas no se recuperará la producción de alimentos ni la rentabilidad para los agricultores. Cualquier medida será demagogia, es decir, mantenerse en la misma línea contraria al interés nacional.
¿Qué ha significado esa política para los productores ejidales? La expulsión de los procesos productivos. Si hace un poco más de cien años, precisamente cuando el gobierno de Porfirio Díaz comandaba la inserción de la economía mexicana en el mercado mundial, indígenas y campesinos fueron despojados de sus tierras, ahora de nueva cuenta están siendo expulsados de sus tierras y de los procesos productivos, ya no con los métodos violentos del siglo XIX sino con las lógicas que impone la competencia desventajosa en el mercado mundial, es decir, adquieren la forma de renta de tierras y la venta de las mismas. Y todo es legal.
Se ha legalizado la muerte del ejido. ¿La reforma que hoy se pretende será para revertir las actuales tendencias en el campo? ¿Será para recuperar el ejido y la pequeña producción para elevar la generación de alimentos y la rentabilidad para los productores?
La política que hoy orienta las medidas hacia el campo agravia a los productores y socava las posibilidades de alcanzar la soberanía alimentaria para incursionar en las dinámicas del mercado mundial, asegurando el interés del país. Pensar la reforma del campo debe suponer trascender el estado actual del México rural.
“El país requiere, en la circunstancia actual, la recuperación de sus capacidades productivas en materia agrícola y eso no se logrará a menos que existan las políticas de impulso al desarrollo agrícola y a los pequeños productores. El hambre en México —y en el mundo— no podrá ser abatida mientras no se tomen las previsiones necesarias para proteger a la agricultura —como lo hacen en Japón, Estados Unidos y las naciones europeas— y no se adopten y apliquen directrices agrarias con sentido humano que ayuden a la construcción de naciones viables y autosuficientes, con capacidad para dar de comer a sus habitantes”. Para el 2050 se requiere aumentar en un 60 por ciento la producción mundial, para poder alimentar a los 9 mil millones de habitantes que tendrá el planeta.
Revertir las tendencias actuales es urgente, inaplazable. Y ya no podemos creer en declaraciones; los hechos contrarios a los productores son elocuentes. Como parte de los cambios los propios productores deben tomar mayor iniciativa en los destinos del campo y del país. Esto es tan fundamental que ya no se puede dejar el campo a políticos profesionales ajenos al interés nacional.
La preocupación por el campo en los foros mundiales como, Davos, Suiza, se ha mantenido durante los últimos cinco años, como uno de los principales riesgos que enfrenta la humanidad.
Si no hay cambios en las políticas agropecuarias, México será el principal importador mundial de sorgo y el tercero en maíz en la próxima década de los veinte.
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