Malova firma antes convenio y luego le pide permiso al Congreso, para comprometer recursos federales por 25 años

“Cómo decía mi abuela, ¡entre más vive uno, más ve!”, expresó en tribuna la diputada perredista Imelda Castro Castro, al calor del debate legislativo, minutos antes de que el Poder Legislativo aprobara que el Gobierno Estatal participara en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa.

En realidad la posibilidad de que Sinaloa participara en el programa de mejoramiento de escuelas, que permitirá gastar en cuatro años lo correspondiente a los próximos 25 años, no se decidió en la sesión del Congreso del Estado celebrada el martes 3 de noviembre, sino el 19 de octubre, cuando el gobernador Mario López Valdez estampó su firma de consentimiento durante la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahí estuvieron también el presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer.

“Fue un error administrativo”, argumenta el presidente de la Comisión de Educación, Héctor Melesio Cuen, al ser cuestionado sobre la celeridad con que se aprobó la autorización del decreto. Vía fast-track, en un mismo martes se dio primera lectura al proyecto de iniciativa con decreto que promovió el ejecutivo estatal, se realizaron las dispensas reglamentarias, se emitió el dictamen de comisiones, se discutió y aprobó. Fue necesario incluso celebrar dos sesiones en un mismo día para acelerar el protocolo legislativo que exige la Ley Orgánica del Congreso del Estado, primero la ordinaria y posteriormente la extraordinaria, a la que se convocó  oficialmente con una diferencia de una hora.

“El error administrativo”, explica el también presidente del Partido Sinaloense (PAS), es que la iniciativa llegó al Congreso del Estado el día 16 de octubre, pero no se le dio el curso que debió darse.

El expediente de la solicitud de decreto que recibió la Secretaría del Poder Legislativo estaba compuesto por un oficio firmado por el secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, dirigido al diputado Francisco Solano Urías, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva.

Se incluyó en el texto de la iniciativa de decreto la exposición de motivos, pero no estaba acompañada de un soporte técnico que especificara una relación de planteles educativos a beneficiar, tipos de mejoramiento en cada uno de ellos, costos, criterios para definir prioridades o inclusión de escuelas en el programa, etcétera.

“¿Cuál es la prisa de actuar tan atropelladamente? Al menos deberían dorar la píldora, solicitándole al ejecutivo estatal que entregue un expediente técnico, que haga llegar el proyecto de convenio, que nos diga cuáles 600 escuelas entrarán al proyecto, cómo se va a licitar, si se va a licitar o no”, cuestionó Castro Castro en tribuna, durante el debate.

El mismo presidente de la Comisión de Educación, quien firmó el dictamen a favor del decreto, asegura que no conoció el expediente técnico para conocer en qué consiste el mejoramiento de los planteles educativos.

Cuando el diputado César Fredy Montoya solicitó la dispensa de la segunda lectura de la iniciativa para que pasara para su análisis a comisiones, el diputado priísta Jesús Burgos Pinto subió a tribuna para manifestar su abierta oposición a la celeridad que se le estaba dando al proyecto de decreto.

“Es lamentable que una propuesta, iniciativa, un programa, noble, encomiable, en favor de la educación de los niños que asisten cotidianamente en las peores condiciones a recibir educación pública, pero nunca que pase por el lodo de la imposición”, dijo molesto en tribuna.

Reconoció que urge el rescate de la infraestructura educativa.

“Qué necesidad de pasarlo de esa forma, qué no puede esperar esa iniciativa, qué no puede esperar quien haya planteado el programa e iniciado el proceso legislativo dos, tres días, para que alguien del ejecutivo estatal nos especifique monto, programas, partidas, número de escuelas, población educativa beneficiada, criterios con que se escogieron los planteles. Qué sabemos de eso, nada compañeros”.

Y visiblemente molesto, en defensa de la división de poderes, dijo: “Estoy en contra de la falta de decoro con que quieren que actuemos”. Y cerró su participación diciendo: “Estoy mil veces en contra”.

En realidad los diputados votaron a ciegas la autorización para que el gobierno estatal  participara en el programa que permitirá invertir en los próximos cuatro años lo correspondiente a los recursos de 25 años de los recursos del Fondo de Participaciones Múltiples.

Dentro del expediente que el gobierno de Mario López Valdez hizo llegar al Congreso del Estado no se especifica en las cuatro páginas de exposición de motivos mayores datos, solo que los montos que se recibirían serían destinados a la construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de bienes inmuebles destinados a la educación pública en los niveles básicos, media superior y superior.

Entre la normatividad se esboza que no se considerará deuda pública, ya que se contempla la creación de un fideicomiso privado que emitirá Certificados de Infraestructura Escolar (CIES) y cuya única fuente de pago serían los recursos presentes  y futuros del Fondo de Aportaciones Múltiples.

Tampoco en  el dictamen de las comisiones unidas de Hacienda Pública y Administración, así como de Educación Pública y Cultura, que se puso a disposición de los diputados en el mismo momento que se votó en el pleno, no se dio información mínima sobre número de escuelas beneficiadas o comunidad escolar.

En contraste, en la página oficial de internet del gobierno estatal se difundió desde el pasado 19 de octubre, cuando el Gobernador firma el convenio de certificados de infraestructura escolar con la SEP, ante el presidente Enrique Peña Nieto.

El boletín gubernamental divulga la información que no se hizo llegar formalmente a los diputados.

“Sinaloa enlistó más de 600 proyectos para ser atendidos bajo el esquema planteado por el convenio hoy firmado, que recibirá recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples. La mayoría son obras de mejoramiento de escuelas, pero también hay proyectos de ampliación, construcción y equipamiento, tanto para instituciones de educación básica como de la Universidad de Occidente, la Universidad Autónoma de Sinaloa, universidades tecnológicas y otras”.

Más de un diputado subió a la tribuna para cuestionar la celeridad y la falta de información, y de cómo se cumplió dentro del protocolo legislativo, la iniciativa de decreto.

El diputado Ramón Lucas Lizárraga advertía que era necesario un análisis profundo y serio de la propuesta.

“No aprobándola sobre las rodillas, tal como se nos quiere imponer”.

Argumentó en su momento que faltaba mucho más información para tomar una decisión de manera responsable.

“En los últimos años, este Congreso había ya superado algunas prácticas obsoletas, por autoritarias, como los albazos legislativos, una modalidad de la cultura de legislar al vapor, normalmente impulsadas por el Ejecutivo del estado”.

Entre los legisladores que subieron a tribuna para participar en contra del proyecto decreto, lo hizo el diputado de Movimiento Ciudadano, Mario Imaz. Tras sus razonamientos, pidió a sus compañeros unos segundos adicionales para que escucharan. Fue cuando apoyó sus argumentos en una canción de Paquita “La del Barrio” que se escuchó en el recinto legislativo. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se entrega a cualquiera, como cheque al portador.

Diputado Imaz ¿ya terminó? —le inquirió el presidente de la mesa directiva en turno, Francisco Solano.

“Y es cuanto, compañeros diputados, solo para que vean que no todos somos iguales”, le dijo.

Por su parte, Cuen expresó que  no le gustaban las formas y las procedencia de los recursos, pero que como presidente de la Comisión de Educación está completamente de acuerdo con la inversión de los mil 168 millones en los próximos cuatro años, de los cuales en el 2015 serían 190 millones, en el 2016 por un total de 421 millones, en el 2017 por 365 y en el 2018 por un total de 192 millones, para 683 centros educativos , de los cuales 616 son de nivel básico, 56  del nivel medio superior y 11 del nivel superior.

Además de celeridad, y falta de información, la diputada Imelda Castro Castro advirtió que no debía repetirse el error de financiar cualquier cosa con certificados bursátiles.

“Ya lo hizo en la década de los 90 para participar en la construcción de la maxipista Culiacán-Mazatlán, pero la carretera en lugar de ser de los sinaloenses que apoyaron la construcción como lo prometían los decretos, es de Carlos Slim, y los sinaloenses y con ellos el Gobierno del Estado están endeudados hasta el año 2027”.

En aquel entonces, recordó, se dijo que Sinaloa no iba a endeudarse, porque la operación sólo consistía en comprometer por 20 años los ingresos de la costera Benito Juárez, aunque el plazo luego se fue a 30 años.

“No debemos dar un aval a ciegas”, demandaba la diputada panista Laura Galván, sin antes observar las condiciones del convenio. En su participación señaló que los recursos sí son deuda por el mismo hecho que se afectan las participaciones futuras.

Enfatizó que no estar en contra de mejorar la infraestructura educativa, pero no a costa de endosar un cheque en blanco al presidente Enrique Peña Nieto para su promoción sexenal.

Entre los diputados a favor desfilaron en tribuna el presidente de la mesa directiva, Francisco Solano; el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Guadalupe Carrizoza, y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez.

Tras un prolongado debate llegó el momento de la votación. Por mayoría se aprobó la autorización para que el gobernador firmara el convenio de participación para el Programa de Mejoramiento de Infraestructura Educativa, aunque Mario López Valdez ya lo había firmado 15 días antes.