Tres administraciones del Ayuntamiento han rehuido el pago por daños y perjuicios a la empresa Jimmy Soccer AC

El 17 de diciembre de 2014, la Sala Regional de la zona centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló en favor de la empresa Jimmy Soccer AC, por lo que el Ayuntamiento de Culiacán debió pagarle 16 millones 767 mil 186 pesos. Poco más de 10 meses después, la sentencia aún no se cumple, los intereses se incrementan y hay una administración en desacato.

La condena se fijó con fecha del 19 de marzo de 2013, y con el 9 por ciento de interés anual, el Ayuntamiento tiene un adeudo de 20 millones 665 mil 550 pesos con dicha empresa. La demanda, interpuesta el 11 de junio de ese mismo año, fue por “Responsabilidad Patrimonial Objetiva Directa”, exigiendo la remuneración por daños y perjuicios de 10 millones 108 mil 62 pesos, más los intereses que se generen.

La historia comienza con el contrato en comodato de un predio ubicado en la colonia Emiliano Zapata, el parque Nakayama, aprobado por el Cabildo en diciembre de 2006. El contrato se firmaría el 10 de enero de 2007.

Dicho contrato comprometía por 20 años a la empresa Jimmy Soccer AC a administrar el inmueble público, y según Jaime Ruiz Dorado, ex futbolista profesional y dueño de la empresa, en el lapso que la manejó no recibieron recursos públicos, habiendo realizado una inversión fuerte en las instalaciones deportivas.

El 5 de noviembre de 2007, un comité de vecinos inicia la defensa legal del inmueble y el caso llegó a manos de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2009. Cuatro años después el contrato fue anulado. El resto, es la herencia.

Las leyes quebrantadas

En la sesión de Cabildo del 20 de diciembre de 2006 en el acta 58, el contrato de comodato de la sociedad civil Jimmy Soccer fue aprobado por unanimidad. La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en la fracción IV del artículo 97, prohíbe toda clase de concesiones a los particulares en relación con el servicio público de parques.

El 22 de marzo de 2013 se resuelve mediante el acuerdo 28 en sesión ordinaria de Cabildo, la nulidad del contrato entre el Municipio (parque Nakayama) y la empresa Jimmy Soccer AC, siendo Presidente Municipal Aarón Rivas Loaiza. La administración que aprobó ese mismo contrato fue la de Aarón Irízar López.

Al no existir pago de indemnización por la inversión realizada a dicho parque, Jaime Ruíz Dorado inició un recurso para obtener su liquidación, y el 11 de junio de 2013, ante la Sala Regional Zona Centro, su empresa inicia recurso contra el Ayuntamiento por la Responsabilidad Patrimonial Objetiva Directa, donde solicitan pago de daños y perjuicios por 10 millones 108 mil 62 pesos, más los intereses que se generen.

“Esta demanda es contra todo el Ayuntamiento, entonces esa demanda yo la gané. Con mis pruebas, mi contabilidad, todo. Gané en diciembre del año pasado, salió a mi favor el fallo”, dijo el ex futbolista a Ríodoce.

El 17 de diciembre de 2014 se dicta sentencia, cuya resolución declara procedente el pago de los daños y perjuicios por la suma de 16 millones 767 mil 186 pesos. Acto seguido, el Jimmy Ruíz intenta acercamiento con Sergio Torres, actual Presidente Municipal.

El Jimmy explica que entrando enero de 2015, le envía un “whatsapp” a Torres Félix, donde solicita hablar del tema, sin embargo, el Alcalde lo deja en “visto”.

“Yo en ese entonces me acerqué con el presidente (Sergio Torres) para platicarle la situación y bueno, no recibí respuesta alguna. Después de eso, se le llama definitivo, una sentencia definitiva cuando no hay vuelta atrás”, explicó Ruíz Dorado.

El 10 abril de 2015 da inicio el procedimiento de ejecución de sentencia y según el oficio del Tribunal, el Ayuntamiento no rindió informe alguno donde acrediten el acatamiento de la sentencia. Entre mayo y agosto de ese año, los requerimientos llovieron al Ayuntamiento, y no hubo respuesta.

En ese lapso, la Sala Superior absorbe el caso de la Sala Regional Zona Centro, y el asunto iría a parar a manos de los magistrados Jorge Antonio Camarena Ávalos, Lucila Ayala de Moreschi y Gilberto Pablo Plata Cervantes.

No fue sino hasta el 1 de septiembre en que Carlos Ignacio Reyes Garzón, delegado jurídico de la autoridad demandada, procedió a establecer el procedimiento de pago correspondiente a la condena impuesta por el Tribunal.

Previamente, el Alcalde dijo “atenerse a las consecuencias”, ya que cumplir con esa sentencia “no es enchílame otra”, y que actuarían en apego a la Ley sin lesionar las finanzas públicas. Sin embargo, en el oficio del cuadernillo auxiliar 148/2015, se explican diversos mecanismos para efectuar la sentencia, y todos ellos, desestimados por el Ayuntamiento.

“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance pero también tenemos que cuidar nuestra normatividad interna, tenemos que seguir un procedimiento para que no caigamos en desviación de recursos”, dijo el primer edil municipal.

Después de otros tres requerimientos por parte del Tribunal, el día último de septiembre se aprueba en sesión de Cabildo de manera unánime que sea el Tesorero Edgar Kelly García quien inicie diálogo con la representación legal de Jimmy Soccer AC, y hasta el 9 de octubre, el delegado jurídico del Ayuntamiento da aviso al Tribunal.

“Jimmy Ruiz debe ser un ejemplo para los niños y jóvenes, y con esa actitud leonina no abona a lo que buscamos que es una sociedad con valores. Debe de pensar un poco porque no está dañando al Gobierno sino a la ciudadanía. Esta es una muestra de disposición, y vamos a dar la pelea. Yo como presidente municipal no haré algo que lesione al pueblo de Culiacán”, dijo Sergio Torres al término de esa sesión.

Para el 19 de octubre, la Sala Superior dictamina una serie de facultades del Tesorero para llevar a cabo la sentencia, asimismo, requieren nuevamente al Tesorero como autoridad vinculada al cumplimiento y al Presidente Municipal para que informaran sobre el acatamiento a la sentencia. La respuesta vendría hasta la sesión de cabildo del 27 de octubre.

Ahí, se aprueba con 18 votos a favor y una abstención que el Tesorero elabore un convenio con una institución financiera, a fin de poder dar liquidez a la resolución del Tribunal, quienes fueron informados al respecto un día después.

Con fecha del 5 de noviembre, el Banco Regional de Monterrey SA, mediante una carta dirigida al Ayuntamiento de Culiacán manifiesta su intención de adquirir los derechos de litigiosos.

Dicha oferta fue comunicada al día siguiente por el Tesorero Edgar Kelly García, y de manera simultánea, el Tribunal emitía su resolutivo final, donde ordenan la destitución del cargo al Tesorero y la solicitud ante el Congreso del Estado de un juicio de procedencia.

El Alcalde continuaba con su versión de que le exigían pagar en tres días, sin embargo, la sentencia de nulidad 1075/2013-III indicaba que desde abril, el Ayuntamiento estaba notificado de la resolución inicial.

“La vamos a cumplir, y la vamos a cumplir a la brevedad (la sentencia), sí, pero no en tres días, porque estamos imposibilitados simplemente de cumplirla en tres días. Nadie está obligado a hacer lo que no puede hacer o lo que está imposibilitado de hacer”, explicó Torres Félix.

Resolución con suspicacias

La Sala Superior del TCA es competente para exigir la restitución de algún servidor público, amparados en el artículo 103 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa.

Esta resolución fue un exceso para el Alcalde, quien la catalogó de apresurada y sin fundamentos, e incluso, con tintes políticos.

“Incluso los propios magistrados prácticamente le quieren decir al tesorero cómo le va a hacer y nosotros tenemos una normatividad, nosotros tenemos que cumplir esa normatividad. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo comentaba que nosotros vemos un exceso en la resolución, vemos que hay culebra en el agua, que hay gato encerrado”, dijo el Alcalde.

“Yo creo que con esta resolución apresurada, sin fundamentos, está perdiendo la reputación el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No podemos descartar nada, pero a mí no me doblegan con eso, yo voy pa’delante’, ustedes saben cómo somos. Tenemos una formación de lucha, de esfuerzo, de sacrificio y vamos a seguir, porque es por convicción aparte”, añadió.

Al respecto, los magistrados Jorge Antonio Camarena y Gilberto Plata, en rueda de prensa, desestimaron que la resolución tuviera tintes electorales. Incluso, cuando Plata Cervantes, se ha visto activo en redes sociales en contra del Alcalde.

“Mi posición personal, cualquier crítica que yo he hecho en redes sociales son redes personales, creo que no soy el único ciudadano en Culiacán que se ha quejado de problemáticas muy específicas y concretas que padezco como ciudadano”,  dijo el magistrado Plata Cervantes.

En la plataforma de Twitter, Plata Cervantes hizo diversas publicaciones donde etiqueta la cuenta del Alcalde, “@SergioTorres CLN, y critica sus aspiraciones de ser Gobernador.

“La crítica al alcalde fue por una cuestión de problemática como ciudadano. Si eso, a lo mejor, pone en entredicho una cuestión profesional, pido disculpas y la verdad nunca fue con intención ni ha trascendido a la actuación profesional”, añadió.

Finalmente, ambos magistrados sostuvieron que el juicio de procedencia quedaría en manos del Congreso, amparados en la Ley de Justicia Administrativa, y que la orden de destitución del Tesorero Kelly García por desacato, no lleva ningún tipo de animadversión, y es en estricto apego a la Ley.