El pleno del Tribunal Constitucional (TC) suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña, como había solicitado el Gobierno.
El País publicó que el Tribunal advierte a los miembros de la Mesa de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña, entre ellos la ex presidenta Carme Forcadell, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga la puesta en marcha de los acuerdos por los que esta cámara aprobó el pasado viernes una declaración unilateral de independencia.
Además de Forcadell, el apercibimiento se dirige a sus compañeros de grupo parlamentario, el ex vicepresidente del Parlament Lluis Guinó, Ramona Barrufet, Anna Simó (Junts pel Sí); José María Espejo Saavedra (Ciudadanos); David Pérez Ibáñez (PSC) y Joan Josep Nuet i Pujals (Catalunya Sí que es Pot).
A todos ellos el tribunal les recuerda su “deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada” o realizar cualquier actuación que otorgue valor jurídico a la declaración de independencia y las consecuencias penales que ignorar dicho deber podrían tener. Entre las iniciativas previstas que el Constitucional pide anular están la “comisión de investigación por el 1 de octubre” y la “comisión parlamentaria de seguimiento del proceso constituyente”, recogidas en las dos resoluciones suspendidas cautelarmente.
El Constitucional ha trasladado al fiscal y a la Diputación Permanente del Parlament las peticiones formuladas por la Abogacía del Estado y les da 24 horas para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.
Según el recurso del Gobierno, las resoluciones aprobadas por el Parlament sin la participación de PP, PSC y Ciudadanos, denominadas Declaración de los representantes de Cataluña y Proceso constituyente, vulneran dos sentencias del Constitucional. La que declaró inconstitucional la ley del referéndum catalán y la que anuló la ley de ruptura.
El viernes pasado el Consejo de Ministros, además de aprobar las medidas para la puesta en marcha del artículo 155 en Cataluña, pidió al Tribunal Constitucional que anulara la declaración de independencia aprobada horas antes por el Parlament catalán.
Mediante un incidente de ejecución de sentencia, el Gobierno solicitó formalmente la declaración de nulidad de las resoluciones adoptadas por el Pleno del Parlament en su sesión del 27 de octubre. Este tipo de procedimiento recuerda al Tribunal que tiene una sentencia previa que ha prohibido los hechos que se denuncian y le pide que ponga en marcha esa prohibición. El TC ha acordado iniciar el trámite solicitado por el Ejecutivo.
El Constitucional recibió también el viernes un recurso del PSC en el que los socialistas catalanes solicitaban como “medida cautelarísima”” la suspensión de la celebración del Pleno, pero el recurso se registró en el alto tribunal a las 14:00 horas, cuando la sesión en la que se declaró el nacimiento de la república catalana ya se había iniciado.
El recurso de amparo de la formación liderada por Miquel Iceta recordaba que la propuesta de resolución sobre la independencia presentada por Junts pel Sí y la CUP deriva de la ley del referéndum, declarada anticonstitucional y anulada por el alto tribunal el pasado 18 de octubre. Tres días después, el 21 de septiembre, el Constitucional también suspendió la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República.
El PSC también presentó un recurso para que el Constitucional suspendiese el pleno del Parlament previsto para el pasado 9 de octubre en el que se temía que Puigdemont, además de dar cuenta de los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre, declarase la independencia. El alto tribunal suspendió aquel pleno y advirtió a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a la Mesa de que podían incurrir en responsabilidades penales si se celebra ese pleno de la secesión, que se suspendió. Finalmente el expresident Carles Puigdemont compareció ante el Parlament un día después, el martes 10 de octubre, y declaró la independencia pero inmediatamente después la suspendió.
