Tres años de corrupción y negocios desde el poder

Las nalopatrullas. El primer escándalo del sexenio.

Las nalopatrullas. El primer escándalo del sexenio.

El sello del sexenio: endeudamientos, desvío de presupuestos, compras millonarias sin licitar, pagos simulados, jineteo de recursos, funcionarios bajo sospecha y corrupción de mandos policiacos acusados de proteger a narcotraficantes, pone contra la pared al Gobierno del cambio encabezado por Mario López Valdez. Se acabó la fiesta del “cambio”: ahora hay que recoger los platos rotos. 

A mitad de sexenio, el gobernador Mario López Valdez se encuentra en medio de una crisis de desconfianza sobre el manejo de las finanzas públicas. Son constantes los reproches y acusaciones de que los presupuestos no se aplican a los programas asignados, ni bajo los esquemas legales de transparencia, sino a rubros y a personas que decide el mandatario.

En tres años, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC) —que depende del propio Malova— ha visto pasar, sin intervenir, las denuncias públicas de corrupción, tráfico de influencias, sobornos, enriquecimiento ilícito y posibles nexos con el narcotráfico, de algunos de los colaboradores directos del Gobernador.

Ahí están en la lista negra el subsecretario de Administración y Finanzas, Gildardo Amarillas, cuya hija fue boletinada por el gobierno de Estados Unidos por lavar dinero del narcotráfico; el secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, implicado en la compra de medicamentos a sobreprecio; el tesorero Armando Villarreal Ibarra, expuesto por jinetear el presupuesto público; el ex director de Servicios Aéreos de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, actual piloto del Gobenador, acusado de pedir soborno a una empresa estadunidense para otorgarle el mantenimiento de la flota aérea estatal; y las coordinadoras de Comunicación Social y de Acceso a la Información Pública, Elisa Pérez Garmendia y Rosario Lizárraga Félix (ésta última recién nombrada comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública), señaladas de enriquecimiento ilícito.

Culpables o no de los cargos, la UTRC no ha dado cuentas claras de las investigaciones que dice hacer en torno a las acusaciones hechas a los funcionarios estatales.

Las nalopatrullas 

La imagen de que éste sería, no un “gobierno del cambio”, sino uno “de cuotas y cuates”, se perfiló a escasos días de asumir el mando López Valdez. Durante el primer mes de su gestión se supo de la compra a Leonardo Nalo Félix Gutiérrez, su “padre empresarial”, de 90 camionetas Cheyenne equipadas. La adquisición se hizo de manera directa, sin licitar, por un monto de 50 millones 899 mil pesos.

El Nalo Félix, concesionario de la empresa Culiacán Motors, es públicamente reconocido como el principal apoyo para que López Valdez iniciara su trayectoria como empresario en 1984, cuando fundó las ferreterías Malova. 

El tesorero Armando Villarreal se deslindó de la compra al señalar que había sido realizada por la administración anterior ante la propuesta del equipo de transición de Malova. Que la invitación la hubiera hecho al proveedor Nalo Félix, dijo, fue “coincidencia”. 

Por su parte, Juan Pablo Yamuni Robles, jefe de la UTRC, defendió la adquisición de los vehículos: “Había un subejercicio de recursos, urgían las patrullas y Nalo Félix, el proveedor, cumplía todos los requisitos”. 

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó las cuentas públicas estatales, determinó que la compra de las patrullas “no está justificada”, pues “no hay fundamento para no haber realizado la compra mediante licitación pública”. 

En el acta de la sesión 06/2010, el Comité Intersecretarial de Adquisiciones del Gobierno del Estado con fecha del 28 de diciembre de 2010, de la cual Ríodoce conserva copia, justificó la operación en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, el cual señala que “La Secretaría y entidades podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública o a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y se adjudicarán directamente cuando: Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”. 

Gildardo Amarillas. Una piedra en el zapato.

Gildardo Amarillas. Una piedra en el zapato.

Escándalo de altura

Llevaba Malova tres meses en la administración de Gobierno cuando inició trámites para comprar un nuevo avión, con un costo aproximado de 36 millones de pesos. Sin licitar el proceso, adquirió un Falcon 20F, modelo 1986 al proveedor Western Wings Corp, con sede en Oregon, Estados Unidos.

Ante la negativa del Gobierno estatal por clarificar el gasto, la Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió una investigación, la cual reveló que más que una compra de oportunidad de la aeronave, como lo justificó en su momento el Gobernador, se alteraron los costos en la adquisición del jet ejecutivo.

Según la indagatoria de la ASE, López Valdez compró un avión igual o más inseguro que el que ya tenía el Gobierno del Estado, pues tuvo que invertirle 977 mil dólares para equiparlo y dejarlo en condiciones de navegación. Además hubo precipitación en la compra, ya que el Comité de Adquisiciones sesionó el 18 de marzo de 2011 y el 22 del mismo mes se compró el avión y se autorizó el equipamiento del jet para Malova.

El órgano fiscalizador estatal informó que no se justificaba la compra del avión para Malova porque la aeronave ya existente se hallaba en excelentes condiciones para seguir volando. También se detectó que el Gobierno compró equipo, como los sistemas, FMS, Radar, RVSM, TCAS, que se suponía ya traía el avión adquirido. La UTRC se limitó a defender la acción: “El Gobierno no compra cosas fantasmas”. 

Pero no acabó ahí. Un nuevo escándalo abonó opacidad a la operación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) informó que la empresa BizJet International Sales & Support, Inc sobornó al jefe de Transportación Aérea del Gobierno de Sinaloa, Mauricio Camarena Delgado, con tal de ganar el contrato de mantenimiento de la flota aérea oficial.

En un documento, el DOJ revela que Camarena Delgado, mejor conocido como el Capi, habría recibido casi 50 mil dólares por insistir e influir para que la empresa BizJet realizara todo tipo de servicios de mantenimiento y reparación para la flota aérea del Estado, o de lo contrario “cambiarían sus servicios a otra compañía”.

En septiembre de 2013, el avión recién adquirido estuvo a punto de irse en picada debido a la falla de una turbina, cuando Malova y otros funcionarios estatales regresaban a Sinaloa procedentes de Estados Unidos, cuando tuvieron que aterrizar de emergencia en Chihuahua. Piloteaba el Capi.

Lo único que se informó oficialmente es que “el Gobierno estatal exigirá a los vendedores de la aeronave cumplir con las garantías respectivas”. Y que venderían el avión.

Placas chinas. La mugre de las compras.

Placas chinas. La mugre de las compras.

Las placas chinas 

Otra compra directa, sin licitar, se hizo a mediados de mayo del año pasado. Esta vez por 331 millones 583 mil 680 pesos para la renovación de un millón 500 mil juegos de placas vehiculares con código QR a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, compañía amparada ante el intento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de retirarle su registro.

 

La empresa china incumplió con el primer pedido y generó un desabasto estatal de placas para el transporte público y privado. Ante el caos, la Dirección de Vialidad y Transportes concedió permisos mensuales a los conductores.

La adjudicación directa de la compra se aprobó en una sesión fugaz del Comité Intersecretarial de Adquisiciones invocando el ya utilizado artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.

Todos los miembros presentes avalaron la contratación: el tesorero estatal y presidente del Comité, Armando Villarreal; el secretario general de Gobierno y vocal, Gerardo Vargas Landeros; el secretario de Innovación Gubernamental y también vocal, Karim Pechir Espinoza de los Monteros; el jefe de la UTRC, quien es comisario, Juan Pablo Yamuni; y el director de Asuntos Jurídicos del Ejecutivo estatal, Alejandro Villasana Falcón. Y al día siguiente se firmó el contrato con Gastón Armando González Moreno, representante legal de la empresa oriental.

Crédito desacreditado 

En agosto de 2011, el Congreso del Estado consintió a Malova un endeudamiento histórico para Sinaloa por un periodo de 20 años, con la autorización de un crédito de 2 mil 600 millones de pesos para la construcción, se dijo, de un paquete de obras públicas destinadas a infraestructura educativa, deportiva, carretera, urbana y hospitalaria.

Luego de fiscalizar el ejercicio presupuestal estatal del segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012, la ASE detectó 206 irregularidades en 422 obras contempladas dentro del crédito, lo que representó 13 millones 314 mil 895 pesos del presupuesto destinado.

De acuerdo al Informe de Actividades 2012, la ASE encontró obras inconclusas, licitaciones irregulares y desvío de presupuesto. Detectó que 46 obras se encontraban inclusas o suspendidas, de las cuales 15 fueron ejecutadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (DUOP) y 31 por el Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (ISIFE); 24 fueron concluidas pero no operan; 16 fueron terminadas pero operan con deficiencias; y 33 más tienen mala calidad en sus acabados.

El Consejo Ciudadano para la Vigilancia y Transparencia, creado para dar seguimiento al cumplimiento del crédito, se deslindó públicamente de otorgar su aval a la ejecución del paquete de obras del Gobierno estatal, y señaló, a través del consejero Samuel Campos Velarde, que en la revisión que hizo ese organismo se encontraron “fallos en favor de empresas que presentan propuestas más altas y numerosas descalificaciones hacia otros contratistas por causas intrascendentes, dando lugar a dudas sobre la transparencia del proceso”.

En una carta abierta, los miembros del Consejo sugirieron incorporar en el proceso el artículo 31 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, el cual señala: “para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre participación”.

Cupón cero 

En marzo del año pasado, aún con las dudas sobre el ejercicio transparente del gasto del primer crédito, el congreso aprobó un nuevo empréstito al gobierno estatal. El llamado Cupón cero, por 771 millones de pesos, que según la exposición de motivos, sería para la rehabilitación de seis tramos carreteros, la infraestructura del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y el equipamiento del Instituto Sinaloense de Cancerología.

El líder del Panal, Manuel Cárdenas Fonseca, sostuvo que “si lo que querían era dinero, le han dado tantas vueltas a los 2 mil 600 millones que ni siquiera los van a alcanzar a ejercer, hubieran hecho modificaciones y de ahí lo hubieran tomado. Qué manera de complicarse la vida”.

El gobierno estatal sólo ha podido contratar 485 millones de pesos debido a uno de los candados que estableció el Congreso, referente a que los préstamos no deberán superar una tasa de interés equivalente a 8.5 puntos porcentuales.

El 12 de septiembre de 2012 se colocó la primera piedra para la construcción de las salas de juicios orales y las que albergarían al nuevo sistema penal con sede en Angostura, en las inmediaciones de Salvador Alvarado, con una inversión de 132 millones de pesos. En el evento se aseguró que estarían listas y en operaciones a más tardar en diciembre del año pasado. Hasta hoy, no se ha abierto aún ni una sala para este fin.

Auditoría Superior de la Federación. Hurgando en Sinaloa.

Auditoría Superior de la Federación. Hurgando en Sinaloa.

Pagos simulados

En la revisión de muestras aleatorias de la cuenta pública gubernamental, la ASE también documentó supuestos desvíos de recursos tras la compra a proveedores con facturas falsas, por montos pequeños, que sumados arrojan daños por más de 114 millones de pesos a las arcas públicas, durante el primer año del actual gobierno estatal.

Durante la revisión, la ASE encontró compras irregulares con proveedores inexistentes y facturas adulteradas, compras millonarias que trataron de justificar con facturas apócrifas, cotizaciones irregulares y desfase en las adquisiciones. También detectó cotizaciones “a modo” para beneficiar a un pequeño grupo de prestadores de bienes o servicios: “los proveedores ‘consentidos’ nunca compiten en una misma compra. Y cuando alguna de ellas concursa con otras, siempre obtiene el fallo a favor” —indica el documento.

Yamuni Robles afirmó que “no es novedad que la ASE haya hecho tantas observaciones”.

Negocios privados con dinero público 

Antes de irse, la pasada legislatura autorizó, en el último punto de su última sesión extraordinaria, un endeudamiento más para el Estado. Cedió a la administración de Malova el otorgamiento de dos contratos a particulares para la construcción y operación de los hospitales generales de Culiacán “Dr. Bernardo J. Gastélum” y de Mazatlán, “Dr. Martiniano Carvajal”, que remplazarán a los actuales, y que  serán pagados con recursos públicos en un plazo de 25 años.

De acuerdo al dictamen de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, ambos proyectos tienen un costo de 6 mil 643 millones de pesos: 3 mil 794 millones de pesos para el Hospital General de Culiacán y 2 mil 849.7 para el de Mazatlán. Los pagos anuales serán de 311 millones de pesos para el primero y 220 millones para el segundo, lo que significa que se pagarán del erario público alrededor de 13 mil millones y medio de pesos, sin considerar la inversión en capital de trabajo.

Esta modalidad de contratos, llamados de Colaboración Pública Privada o Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), ha causado polémica a nivel nacional, al argumentarse que “incrementará los incentivos para la corrupción y la irresponsabilidad pública, ya que el gobierno estatal otorga contratos a la iniciativa privada y hereda deudas hasta por 40 años a las siguientes administraciones”. En este caso, el endeudamiento que la legislatura pasada aprobó a Malova tendrán que pagarlo los cuatro siguientes gobiernos estatales, hasta el año 2038.

La iniciativa de decreto fue enviada por Malova el pasado 25 de octubre al Congreso del Estado, turnada a la Comisión de Hacienda Pública, y programada para primera lectura tres días después, para dispensar la segunda lectura y aprobarla el 21 de noviembre, en un proceso que duró menos de un mes.

Con esta nueva modalidad de contratos, los inversionistas privados podrán operar servicios e infraestructura pública, mientras que el Gobierno reconoce la deuda como pública y contempla que los pagos se incluyan en los Presupuestos de Egresos como prioritarios, por encima de la obra pública, el gasto social y los propios servicios públicos.

Sin dinero, por voluntariosos 

A partir de su segundo año en la administración municipal, Malova suspendió, bajo criterio personal, los apoyos a algunas asociaciones altruistas, a pesar de que el dinero ya estaba etiquetado para su entrega en el presupuesto de egresos de 2012 aprobado por el Congreso del Estado. “No demostraron un trabajo útil”, dijo el mandatario, quien señaló que prefirió destinar 21 millones 48 mil 260 pesos asignados para estas asociaciones civiles, “a cubrir funciones de Gobierno en general”.

Las organizaciones que se quedaron sin apoyo económico han sido, coincidentemente, las críticas al gobierno. Una de ellas es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, la cual, a través de oficios, marchas y plantones, ha exigido la búsqueda de cientos de familiares levantados y desaparecidos en los últimos años. En la misma situación se encuentran ocho más, que no han recibido recursos públicos para sus labores; a otras tres (casa hogar Cáritas Lomita, Hospital del Carmen y el Banco de Alimentos) sólo les dieron una parte de su presupuesto, mientras que 11 sí fueron palomeadas por el ejecutivo.

Aunque el Gobernador afirmó tener la capacidad de decidir el destino del recurso etiquetado, el ex diputado perredista Luis Javier Corvera Quevedo, aclaró que Malova y su gabinete “están obligados a respetar la ley”, al referirse a las Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos y a la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto, que  norman la planeación y el destino de los recursos de la hacienda pública a los programas y dependencias estatales. Los legisladores, en un punto de acuerdo, exhortaron al mandatario que hiciera entrega del recurso público, pero fueron ignorados.

En esta polémica, el jefe de la UTRC, Juan Pablo Yamuni, declaró “que no hay razón para iniciar proceso administrativo, porque la administración estatal tiene facultades para decidir sobre el uso de los recursos”. 

El jineteo de recursos

Al inicio de este año se hizo circular en redes sociales copias de seis oficios en donde el secretario de Agricultura, Juan Guerra Ochoa, acusa al tesorero Armando Villarreal, de retener y jinetear “indebida e ilegalmente” presupuestos etiquetados al sector agrícola y pesquero.

 

En las misivas, Guerra Ochoa se dirige al jefe de la UTRC, Yamuni Robles para pedirle su intervención, ya que “en repetidas ocasiones hemos solicitado dicho recurso a la SAF sin obtener respuesta”.

En los escritos señala que ante la falta de los recursos se están cancelando programas fundamentales para la atención de productores, como el denominado Cadena, “que aplica en cada contingencia y que lamentablemente está suspendido para el estado de Sinaloa porque la SAF no quiere reintegrar un recurso que está obligada a reintegrar” y “esto ha generado –agrega- que el gobierno federal nos suspenda el apoyo de recurso para los desastres naturales ocurridos en el estado”.

 

El secretario de Agricultura denunció que no se le había entregado el 51 por ciento de los recursos aprobados por el Congreso, y que se encuentran en riesgo todos los programas de inversión que se ejercen en concurrencia con la federación.

Así las cosas, en medio de éstas y más irregularidades documentadas por las Auditorías Superiores de la Federación y del Estado y por medios periodísticos, el trabajo de la llamada Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas (UTRC) ha sido justificar al mandatario y al Gabinete estatal, en vez de investigar las denuncias públicas y sancionar a los responsables. El propio Gobernador tampoco da explicaciones sobre hechos que le resultan incómodos.

La percepción ciudadana es que Malova es como el monarca al que hay que divertir, alabar, caerle bien, para poder alcanzar los beneficios de programas sociales. Y también que en esta administración no hay lugar para la tolerancia, porque cuestionar las acciones o pedir cuentas claras sobre los gastos del gobierno estatal puede resultar hasta peligroso.

Frases de Malova en su toma de protesta

—Dejaremos atrás las pesadas maquinarias burocráticas, los excesos, y los protagonismos. —No toleraré corruptelas, componendas, prepotencia, ni impunidad en los miembros de mi administración.

—Se acabaron los nuevos ricos y el derroche costeado por los ciudadanos.

Administración dudosa

—Compra, sin licitar, de 90 camionetas Cheyenne equipadas, por un monto de 50 millones 899 mil pesos, a Leonardo Nalo Félix Gutiérrez, “padre empresarial” de Malova.

—Compra, sin licitar, de un avión de 36 millones de pesos. La ASE encontró alteraciones en los costos de adquisición e informó que la aeronave desechada estaba en excelentes condiciones.

—El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a Mauricio Camarena Delgado, piloto del Gobernador, por sobornar con 50 mil dólares a la empresa BizJet International Sales & Support, Inc, para ganar el contrato de mantenimiento de la flota aérea estatal.

—Compra, sin licitar, por 331 millones 583 mil 680 pesos para la renovación de un millón 500 mil juegos de placas vehiculares a la empresa china Cangnan Riwong Craft Logo Co. Limited, que incumplió con el pedido y generó un desabasto de placas para el transporte público y privado.

—Obras inconclusas, licitaciones irregulares y desvío de presupuesto en el ejercicio del crédito de 2 mil 600 millones de pesos.

—La ASE acusa desvíos de recursos con la compra a proveedores inexistentes con facturas falsas y cotizaciones “a modo” para beneficiar a prestadores de bienes y servicios.

 

—Con los PPS se endeuda al Estado por 13 mil millones y medio de pesos para los próximos 25 años.

—Malova no pagó apoyos etiquetados a organizaciones civiles críticas a su gobierno, entre ellas a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, que le ha exigido la búsqueda de cientos de familiares levantados y desaparecidos en los últimos años.

—A través de oficios internos, se acusa al tesorero Armando Villarreal, de retener y jinetear “indebida e ilegalmente” presupuestos etiquetados al sector agrícola y pesquero.

 

3 Comentarios en “Tres años de corrupción y negocios desde el poder

  1. ERA BENEFICIARIO SIN GOZO DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA BECA DE MANUTENCIÓN DEL ESTADO DE SINALOA.

    MALOVA DE CASUALIDAD QUIERES TAMBIÉN MI SALARIO DE JORNALERO.
    YA QUE NO PUEDO TENER UNO COMO PROFESIONAL POR FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA TRAMITAR MI TITULO. Y LO PEOR ES QUE MI SALARIO APENA ME DA PARA MAL ALIMENTAR A MI ESPOSA E HIJO. ¿CREE USTED SR. GOBERNADOR QUE ALGÚN DÍA PUEDA PAGAR MI TITULO CON $ 900 A LA SEMANA?
    ¿HA! UNA PREGUNTA MAS A CUANTO ASCIENDEN SUS GASTOS POR DÍA EN COMIDA? ¡LE ASEGURO SR. GOBERNADOR QUE GASTA MAS USTED EN UNA SOLA COMIDA QUE LO QUE YO GANO EN UNA SEMANA. NO SEAN GACHOS OTROS NECESITAMOS MAS QUE USTEDES. SU AVARICIA TAMBIÉN MATA A LOS QUE MENOS TENEMOS Y QUEREMOS SALIR ADELANTE. EL AL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ.
    DON BENITO JUAREZ.

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