La esperanza del retorno

Desaparecidos familiares 2

Familiares de desaparecidos reunidos bajo un solo clamor: encontrarlos

 

El centro cultural Clemente Carrillo de la Universidad de Occidente fue insuficiente y prácticamente terminó abarrotado por decenas de personas con uno o varios familiares desaparecidos, que exigieron justicia para un gobierno criminal, el de Sinaloa, el de Mario López Valdez.

Tras casi siete horas, el recinto se convirtió en el ágora de agudos reclamos, denuncias de alarma que terminaron como siempre en desconsuelo, pero con esperanza de que algún día la policía preventiva de Ahome y El Fuerte, como autores materiales, y el gobernador, Mario López Valdez, como autor intelectual, serían enjuiciados como responsables de decenas de desapariciones forzadas e inhumaciones clandestinas de civiles.

Además, había un reclamo que nadie podía responder: la localización y retorno a sus hogares de los ausentes, en las condiciones en que se encontrasen.

Por primera vez en muchas semanas, ellos estaban reunidos bajo una sola convocatoria, la de reunirse con Eber Omar Betanzos Torres, nuevo subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) y con Armando Verdugo Henderson, secretario de Julio Hernández Barros, comisionado del Centro de Atención a Víctimas del Delito (CEAV), para darle seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión del 25 de mayo (2015), realizada en la Ciudad de México.

Práctico, Betanzos actuó por prioridades: a los familiares de los 11 jornaleros y pescadores de la comunidades serrana de El Mezquite Caído, Choix, desaparecidos dos meses atrás, los envió a interponer la denuncia ante agentes del Ministerio Público Federal. Las querellas se formalizaron en horas.

Karina Izaguirre Valenzuela, representante de las familias de los desaparecidos, denunció que el gobierno de Sinaloa y el de Sonora dejaron de prestarle importancia al caso y ahora ya nadie los atiende.

“Ya nadie nos informa nada, y nadie recibe los telefonazos”.

Dijo que el celular de uno de los desaparecidos sigue encendido y pidió rastrear la señal, pues de ese llaman a otros familiares para pedir dinero a cambio de revelar el lugar en donde se encuentran.

Doña Refugio, casi anciana, pidió justicia para la ausencia de sus dos hijos en el municipio de El Fuerte. Estos habrían desparecido a manos de la policía municipal de la sindicatura de Charay.

“El comandante tiene mucho apoyo del gobierno (municipal y estatal) porque amaga para silenciar a testigos, se lleva gente, la tortura, la  desaparece, y nadie le hace nada. Lo peor está en el Fuerte”.

Otras familias reportaron casos similares, pero ocurridos en Mochicahui y en la cabecera municipal.

Familiares de Luis Alberto Navarro Valenzuela, ausente desde el 30 de mayo del 2014, denunciaron que fue la policía municipal de Ahome la que lo desapareció cuando iba en tránsito a su casa. Cuatro patrullas y una camioneta Expedition blanca lo detuvieron. Lo torturaron en un árbol y jamás fue visto con vida.

Jorge Aguilar, padre de Jorge Aguilar Robles, desaparecido desde el año pasado, aseguró que el gobernador es el responsable de las desapariciones forzadas en Sinaloa, porque su política para los ausentes es pura faramalla: “Es una pastillita que no resuelve nada. Por desgracia en Sinaloa la ley sólo sirve para adornar estantes”.

Belizario Quintero Medina, cuyo hijo, Belisario Quintero, recién graduado ingeniero civil desapareció el 20 de mayo del 2014 y aunque encontraron algunos restos óseos, no tiene la certeza de que se trata de su hijo. No pidió investigación sobre los que se llevaron a su hijo porque sabe que jamás van a ser capturados, sino agilizar las pruebas genéticas para acabar con la incertidumbre.

Zuchenka Urías Gil, cuyo padre se encuentra desaparecido desde que fue secuestrado, cinco años atrás, dijo que las instituciones de justicia, policiales y de derechos humanos en Sinaloa sirven para poca cosa, pues su trabajo lo demeritan los nulos resultados para encontrar a los ausentes.

“En ellos, en ustedes, poco se confía, pero les pido que como nuevos funcionarios honren el cargo y sean diferentes a sus antecesores, den resultados”.

Rosa Elia Vázquez, madre con un hijo desaparecido a manos de policías preventivos de Ahome, dijo que en Sinaloa la ley no se aplica y el gobierno es responsable del dolor de miles de familias.

Martha Beatriz Vega, representante del grupo Unión de Madres de Familias de Desaparecidos de la Décadas de los Setentas, denunció que en Sinaloa hay desapariciones forzadas por el Estado y la Federación, por militares y por la policía municipal, y las instituciones de poco sirven.

Y contó que tras 38 años de búsqueda de su hermano, que siendo guardia del gobernador Alfonso Genaro Calderón, fue desaparecido por militares en compañía de tres compañeros más, y “apenas la semana pasada recibí un oficio de que la investigación comenzaba”.

Betanzos reconoció que en las condiciones actuales, será difícil dar resultado y calificó la situación de Sinaloa como “grave y drástica”.

 

 

 

 

Desaparecidos en cifras

374 desapariciones

Investiga la PGJE desde el 2010 al 2015

 

46 expedientes de ausencia

Indaga la CEDH

 

 

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Encuentro de activistas y familiares de desaparecidos, en el DF

 

Hechos que alimenten esperanzas

 

Fortaleza y agallas, elementos principales para emprender una lucha en conjunto o individual. El coraje y la paciencia son ingredientes adicionales que rinden frutos y coadyuvan en las labores principales de cualquier activista. Afortunadamente todavía quedan personas capaces de ejercer y emplear mecanismos de lucha y solidaridad que ejerzan presión sobre el Estado criminal en el que vivimos en la actualidad. Así es México, el México nuestro de cada día.

 

Al mediodía de este viernes se llevó a cabo en el auditorio del Centro Pro de Derechos Humanos, una reunión preparativa y de entrenamiento para la reunión de La Red de Enlaces Nacionales con la procuradora General de la República (PGR), Arely Gómez, que se llevará a cabo esta semana en la Ciudad de México.

 

Colectivos de distintas regiones se congregaron para generar una estrategia para la reunión con autoridades federales. Todos ellos cómplices, víctimas de un solo victimario y en busca de respuestas, esas que siguen ausentes tanto como sus seres queridos. Ellos han denunciado la omisión de las autoridades del Centro de Atención a Víctimas (CEAV), quienes desde mayo pasado se comprometieron a dar apoyo y avances sobre los casos de desapariciones en todo el país.

 

El gran problema es que ese apoyo ha sido nulo y los avances casi imperceptibles, y traicioneros. Todos y cada uno, desde aquel día hasta la fecha, se encuentran desesperados y en busca de soluciones, las cuales esperan encontrar en Arely Gómez.

 

Dentro de los temas que se trataron en la reunión están las deficiencias y necesidades para solicitar el apoyo necesario. Lo que al parecer no han podido solucionar las autoridades locales, tal vez y con mucha fe, pueda resolver la autoridad federal. Todo estipulado con precisión, que es básicamente lo que se buscó en ésta reunión de activistas y familiares. Intentando encontrar la justicia que no ve hora de llegada.

 

Alma Rosa Rojo y Martha Camacho Loaiza, provenientes de Culiacán, Sinaloa, expusieron los casos que han vivido y un amplio contexto de la situación que se vive en esa región, comenzando por las corruptibles autoridades locales, que han sido el génesis de las líneas de investigación en los casos de levantones que se siguen dando en esa entidad, azotada por la violencia y el narcotráfico, impunes y con permiso de la autoridad.

 

Además de compartir diversos puntos de vista, trabajar y hacer dinámicas en equipo, tuvo participación Juan Carlos Gutiérrez, abogado especializado en derechos humanos, quien se encargó de orientar y asesorar los puntos jurídicos y prepararlos para evitar que el gobierno sesgue o desoriente la lucha.

 

Al encuentro acudió también Mirna Nereida Medina, líder de Las rastreadoras de El Fuerte, y algunos activistas, uno de ellos proveniente del Grupo de Ayuda para Respuesta en Emergencias (GAREM), quien aseguró tener contacto con autoridades extrajeras y lanzar alertas de desapariciones a nivel internacional.

 

Ellos ahora guardan bajo sus hombros una esperanza más, un arsenal de posibilidades que les ayude a la localización de sus hijos, sus padres, sus nietos… Todos con la convicción de que el gobierno, que ha sido criminal, implemente medidas tangibles que devuelvan el aliento y albergue algo más que otra esperanza, que no hace más que reproducirse una y otra vez.

 

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