Sinaloa, tercer lugar en movimientos sospechosos de efectivo

Sinaloa, tercer estado con más movimientos de efectivo… para el lavado y el terrorismo

 

Entre 2006 y 2008 el Cártel de Sinaloa lavó más de mil 100 millones de dólares en sucursales de HSBC en Culiacán y se presume que este delito se sigue cometiendo con frecuencia en el estado a través de bancos y transmisores de dinero.

En 2012 el Gobierno de Estados Unidos dio a conocer un esquema de lavado de dinero en el que hacían depósitos de dólares en efectivo en Culiacán y transferencias electrónicas.

Solo en 2008, del total de dólares depositados en sucursales HSBC, el 32 por ciento fue en sucursales de Culiacán.

A la fecha, Sinaloa se encuentra entre los estados donde más se realizan movimientos de dinero sospechosos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre enero y junio de este año en todo el país se han reportado 72 mil 152 operaciones inusuales.

El año pasado fueron 136 mil 558 reportes, que representan 12 por ciento más que en 2014 y la cifra más alta desde 2004.

De acuerdo con la SHCP las operaciones inusuales son aquellas cuyo comportamiento no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los clientes o con su patrón habitual en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para ese comportamiento.

Se califican como operaciones inusuales cuando se considera que los recursos pudieran estar destinados a favorecer la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y operación con recursos de procedencia ilícita.

La UIF dio a conocer que solo cuenta con las cifras desglosadas por estado hasta 2015.

El año pasado, considerando la distribución de operaciones inusuales de banca múltiple por cada 10 mil habitantes, destacan Ciudad de México con 25 reportes, Sinaloa con 19 reportes y Baja California con 13.

En números totales, en la Ciudad de México reportaron 39 mil 463 operaciones inusuales, en Baja California 14 mil 608 y en Sinaloa 5 mil 125.

Esos tres estados junto con Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Colima, Guanajuato, Michoacán y Tamaulipas, concentran el 69 por ciento de las operaciones reportadas.

En el caso de Sinaloa el 78 por ciento de las operaciones fueron en banca múltiple, el 20 por ciento por transmisores de dinero y el resto en otro tipo de instituciones.

Según la UIF, no existe una metodología certera para establecer los montos susceptibles de lavado de dinero, pero considera que es suficientemente significativo como para ameritar que la prevención y combate al lavado de dinero sea una prioridad para el Estado Mexicano.

 

Delitos más redituables

El lavado de dinero es de tal magnitud que junto con la delincuencia organizada ya es considerado la mayor amenaza para la seguridad pública y la economía nacional, establece la SHCP, en la Evaluación Nacional de Riesgo y Financiamiento al Terrorismo, presentado en octubre pasado.

Según documento, los recursos financieros de los grupos delictivos ya no solo provienen de la producción y tráfico de drogas, sino de otros delitos en algunos casos más redituables y de menor riesgo como el cobro de piso, extorsión, robo de combustibles y minerales.

Las ganancias de estos delitos, señala, incentivan  la permanencia de las organizaciones, pese a los esfuerzos para combatirlas.

Detalla que a lo largo del tiempo, los narcotraficantes se han sectorizado (control de rutas, zona y región) y aglutinan el control delictivo de la delincuencia local, acción que potencializó la diversificación del delito como  la extorsión, el secuestro, el homicidio, el contrabando, la  trata de personas, la piratería comercial, robo de  hidrocarburos y minerales; el tráfico de migrantes, órganos, joyas, arte; saqueo y venta de piezas arqueológicas, armas, numerario, flora y fauna, entre otros.

La evaluación menciona que “La delincuencia organizada representa la mayor amenaza para la seguridad pública y para la economía  nacional, por lo que constituye también una amenaza a la  seguridad nacional del Estado Mexicano, y en lo  particular, lo es también a la realización de operaciones  de lavado de dinero.

“La presencia de organizaciones dedicadas a la comisión de  delitos en el país es una  amenaza  latente para la sociedad, ya que generan un ambiente y una imagen de inseguridad, sin soslayar los daños directos provocados a la población por amenazas,  extorsiones,  secuestros  y homicidios  que  pueden  generar  una  percepción  de inseguridad y falta de certeza jurídica en la población”, añade.

A pesar de los esfuerzos que el Estado Mexicano ha hecho, reconoce la SHCP, las organizaciones delictivas más importantes, la mayoría subsisten debido a su adaptabilidad, estructura financiera y red de protección.

El informe destaca como actividades vulnerables con riesgo alto para cometer el delito de lavar dinero la compra venta de vehículos, préstamos o créditos y transmisión de derechos sobre inmuebles.

Con riesgo medio ubica los juegos y sorteos, tarjetas de servicio y crédito, metales, piedras, joyas y relojes y obras de arte.

 

Delito poco castigado

El lavado de dinero es un delito que poco se castiga en México, de acuerdo con la SHCP, pues solo el 19 por ciento de las causas penales iniciadas en cuatro años llegaron a condena, aunque no menciona cuántas fueron en total las que se abrieron en los juzgados.

Según la información analizada, se observa que de 2010 a 2014 del total de sujetos inculpados en las causas penales  iniciadas  por  el  delito  de   operaciones con recursos    de procedencia ilícita, se han sentenciado condenatoriamente al 15 por ciento y  absolutoriamente al cuatro por ciento, en promedio por año.

En ambos casos se observa un decremento en el porcentaje de sentencias, al pasar del 20 por ciento al cinco por ciento de 2010 a 2014 para las sentencias condenatorias, y de tres por ciento a uno por ciento en el mismo periodo para las absolutorias.

En promedio, en el 12 por ciento de los casos se concluye el proceso penal por un medio  distinto a la sentencia.

“Derivado del bajo número de sentencias condenatorias, se  concluye  que  se  tiene una  vulnerabilidad alta. Este factor afecta en gran medida a la efectividad del régimen, por lo que tiene un impacto alto”, indica.

El documento señala que las consecuencias sociales del lavado de dinero de dinero son aumento de las pérdidas de las víctimas a causa de algún delito cometido y aumento de las ganancias de los criminales, incrementando su capacidad operativa y logística.

También permite el aumento de la influencia territorial de los criminales, de los cárteles, o del incremento de las zonas de influencia y del crimen.

En política y economía las consecuencias son corrupción, debilitamiento de las instituciones públicas, riesgos para la estabilidad del sistema financiero, efectos en la tasa de crecimiento, economía, producción, ingreso y empleo.

Sobre el riesgo de financiamiento al terrorismo en México, señala que en el país no ha existido terrorismo doméstico ni grupos internacionales han mostrado intenciones de atentar contra intereses nacionales o extranjeros desde el territorio nacional.

La posición geográfica, la porosidad fronteriza y la corrupción que permite la proliferación de redes criminales, plantean la posibilidad de que México sea utilizado como plataforma logística, operativa y financiera del terrorismo internacional. El terrorismo islamista es la mayor amenaza a la estabilidad internacional por su alta capacidad de violencia y expansión, aunque está disminuido en capacidades operativas en occidente, pero persiste en su intención de ataque.

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