La Procuraduría General de la República confirmó que investiga los desvíos de recursos públicos en 26 gobiernos locales, detectados desde 2011 a la fecha por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En este grupo de entidades denunciadas por la ASF se encuentra la administración de Mario López Valdez y los últimos años de gobierno de Jesús Aguilar Padilla.

Como lo publicó Ríodoce en marzo de este año, la ASF presentó un informe de las denuncias penales turnadas a la PGR desde 2011 a 2014, en donde Sinaloa destaca con ocho denuncias por un monto de casi 500 millones de pesos.

El portal digital EjeCentral entrevistó en exclusiva a José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, quien confirmó las averiguaciones previas y admitió que los procesos se han prologando debido a la complejidad de las investigaciones.

Más de 57 mil millones de pesos, lo equivalente a la mitad del presupuesto asignado en 2016 a la Secretaría de Desarrollo Social, fueron desviados por estos 26 gobiernos locales. Las investigaciones están a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) en cerca de 300 averiguaciones previas.

El dinero (desviado) debía aplicarse en educación, salud y seguridad, pero los gobiernos estatales y municipales los usaron para pagar taquizas, perfumes, zapatos, vestidos, equipo con sobreprecios, bonos indebidos a empleados y partidas a sindicatos, por ejemplo.

El 50 por ciento de las averiguaciones previas las acumulan cinco entidades: Veracruz, Jalisco, Michoacán, Morelos y Chihuahua. Pero son los estados de Veracruz, México y Jalisco los que más daño han causado al presupuesto, alcanzando los 29 mil 369 millones de pesos.

Los gobiernos de Veracruz, Michoacán y Guerrero también destacan porque son los que más han simulado devolver los recursos desviados, pero en ello también cometen un fraude, por eso acumulan 34 denuncias ante la PGR, de las 84 que la ASF ha presentado por esas operaciones fraudulentas.

De 2011 a la fecha la ASF presentó en total 281 denuncias penales ante la PGR, sólo por casos vinculados a gobiernos estatales y municipales, que corresponden a las cuentas públicas de 2009 a 2014.

En este periodo, Sinaloa acumula ocho denuncias penales que equivalen a 446 millones 517 mil 803 pesos por irregularidades encontradas en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

Los desvíos de recursos son cometidos desde las secretarías de Finanzas de las entidades, quienes estructuralmente responden directamente a los gobernadores. La complejidad de las operaciones que llevan a cabo para hacerlo y la necesidad de pruebas periciales muy técnicas, para probar la responsabilidad de todos los involucrados, desde funcionarios públicos, sindicatos, particulares y empresarios, provoca que los casos se alarguen de tres a cuatro años y sean escasas las sentencias condenatorias y la reparación del daño a las finanzas públicas.

En entrevista con Ejecentral, José Guadalupe Medina Romero, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, reconoció que el volumen de información y su complejidad provoca que se prolonguen estos casos.

“Fundamentalmente a los volúmenes de información que nos remiten anexos por parte de la Auditoría Superior, es decir la auditoría nos presenta la denuncia, nos va allegando de la información que derivó de las auditorías que realizaron, son revisiones técnicas complejas en donde participan de lleno peritos expertos en distintas materias, pero es el volumen y lo complejo de hacer revisión para poder acreditar o no la responsabilidad de los servidores públicos imputados”, detalló.

Medina Romero señaló que los montos desviados son variables y pueden ir desde los 400 mil pesos a sumas de miles de millones, y los delitos que generalmente se persiguen son ejercicio indebido del servicio público y el peculado.

Las auditorias, revisadas por Ejecentral, muestran que son los secretarios de Finanzas locales lo que se ven directamente implicados en las irregularidades, seguidos de los de Salud y Educación. Sin embargo, ni la Auditoría ni la PGR proporcionaron información sobre cuántos funcionarios y particulares son investigados, si alguno de ellos ha sido procesado o cuántos han sido sentenciados.

Las investigaciones de PGR

De acuerdo a las cifras de la PGR, de 2012 a julio de este año, la institución acumula 601 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación que involucran a autoridades estatales, municipales y dependencias federales.

Los expedientes se ubican en tres subprocuradurías: la Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), la de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), y dos casos en la Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), uno de ellos ya consignado.

Aunque la SEIDF se comprometió a entregar el desglose de los expedientes, para conocer los estados bajo investigación, hasta el cierre de esta edición la información no había sido proporcionada. Su titular, Medina Romero sólo explicó que de los 601 expedientes en PGR, su área sólo contaba con 321, de los cuales 27 fueron archivados, 60 se acumularon, 28 se enviaron a los respectivos estados para autoinvestigarse, 15 se consignaron ante un juez, y 202 están actualmente en trámite, sin que ninguno de ellos tenga una sentencia.