Miriam Ramírez / Cristian Díaz 

“Para 2016, que es cuando yo me voy, tengo la obligación y adquiero un compromiso público, que los juicios orales estarán totalmente establecidos en Sinaloa señor secretario, para que lo sepa usted y lo sepa el señor Presidente”, expresó el gobernador Mario López Valdez en la reciente visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, el compromiso público de López Valdez podría estar aún muy lejos de la realidad.

A pesar de las palabras del mandatario, los otros responsables de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sinaloa comienzan a trazar opciones “b” para cumplir, aunque sea a medias, con las fechas establecidas.

A menos de dos años de que termine el plazo constitucional para la operación total del nuevo sistema de justicia, en Sinaloa todavía faltan por construirse tres centros de justicia para la zona norte, centro y sur del Estado.

Este año deberán iniciarse los trabajos para la zona norte con sede en Los Mochis, el cual deberá comenzar a operar el 1 de junio de 2015. Para la zona sur, la fecha límite para iniciar operaciones es el 15 de enero de 2016.

Mientras que el tercer edificio para la zona centro tiene una fecha impostergable al 13 de junio de 2016.

Con el tiempo encima

 El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa, José Luis Sevilla Suárez, admite que tan sólo para la planeación del Centro de Justicia de la zona norte, el cual se edificará en Los Mochis, ya hay un retraso de tres meses.

Para los otros dos edificios, las fechas límites no se lograrán.

“No vamos a salir a tiempo, definitivamente”, revela Sevilla Suárez mientras espera el inicio de la ceremonia para la inauguración del primer Centro de Justicia Penal en Sinaloa, ubicado en Angostura.

Minutos más tarde, Osorio Chong daría una advertencia directa: no habrá prórroga para la implementación del nuevo modelo.

Según explicó el titular de Obras Públicas, el presupuesto para la construcción de los tres edificios es prácticamente un recurso que está en el limbo.

“Para todos (edificios) hay recursos asegurados, lo que pasa que tenemos que gestionarlo cumpliendo con el proyecto, todo lo que se necesita de acuerdo a la normatividad y es un trámite que toma vario tiempo”, indicó Sevilla Suárez.

En el caso del edificio para Los Mochis, el edificio se había proyectado en un lugar y de último momento se cambió la ubicación. Además, en el nuevo terreno donde se construirá se debe regularizar el predio.

“Todo está listo para el arranque de Los Mochis, traemos unos trámites ahí nomás pendientes, hay un recurso federal que ya está puesto y el recurso estatal tengo entendido que está por llegar. Estaba proyectado en el CUM pero se tuvo que adquirir un terreno cerca de la cárcel y se está recomponiendo el acomodo del proyecto. En lo del terreno que era ejidal tarda mucho en regularizarse pero nos van a dar chanza”, justificó Sevilla Suárez.

El titular de Obras Públicas no puede asegurar una fecha de conclusión para el edificio que tendrá una inversión de 130 millones de pesos, pero sí indica que su construcción deberá comenzar en los próximos días de marzo.

“Sería muy aventurado decir que lo voy a tener listo, los tiempos nos han comido por diferentes circunstancias pero ya se vio una alternativa. En la ejecución de las obras mínimo ya llevamos tres meses de retraso pero metiéndole duro, bueno, no vamos a salir a tiempo definitivamente pero va a estar esa alternativa para que no se delate el sistema de justicia”, enfatiza.

Salas de juicios rentadas 

La alternativa o el plan “b” al que se refiere Sevilla Suárez, lo explica a detalle el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa, José Antonio García Becerra, aunque no admite del todo que el “as bajo la manga” vaya a ser necesario.

El magistrado explicó que en caso de no cumplir con los tiempos establecidos por el gobierno federal en cuanto a infraestructura, las instalaciones actuales de la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial continuarían utilizándose y sólo se habilitarían las salas de juicios orales, las cuales podrían establecerse en locales rentados.

Otra opción sería utilizar los talleres de salas de juicios orales donde actualmente se brindan capacitaciones y convertirlos en verdaderas salas de audiencias.

“Lo que sucede es que eso solamente sería para el área de las salas, porque tanto la procuraduría como el poder judicial tienen instalaciones que pueden seguir funcionando y únicamente se acondicionarían las salas para que se dé el funcionamiento, no sería una inversión y tampoco sería por mucho tiempo, pero esperemos que no se presente esa situación”, dijo.

Y agregó “las salas de capacitación para juicios orales, podrían ser utilizadas como un plan alternativo en caso de que no se terminen las instalaciones de los centros de justicia a tiempo”.

García Becerra explicó que las salas taller cuentan con “un espacio digno”  para el desarrollo de los juicios orales, cuentan con los recursos materiales necesarios como micrófonos, videos, pantallas; sin embargo el magistrado admite que no cuenta con las medidas de seguridad requeridas y en caso de ser utilizadas tendría que reforzarse la seguridad.

Un día después de la visita de Osorio Chong y del compromiso de López Valdez, el gobernador reveló en entrevista con los medios de comunicación la falta de 600 millones de pesos para concretar los tres edificios restantes.

López Valdez dijo que en su encuentro con el secretario de gobierno le pidió apoyo para gestionar los recursos que requiere la siguiente etapa de la implementación del nuevo modelo penal.

“Le pedí apoyo para crear la infraestructura de los otros tres centros de justicia penal que necesitamos construir, tanto en la norte, en la sur y en la zona centro, para que el año que entra pudieran quedar establecidos los juicios orales”, dijo López Valdez.

—¿Por qué no se presupuestó desde el Estado, gobernador, para evitar este tipo de situaciones? —se le cuestionó al mandatario.

—Hay cosas que se presupuestan y no se hacen, y hay cosas que no se presupuestan y se hacen y éstas las vamos a hacer”, respondió. 

Socialización del sistema, la gran debilidad 

Y mientras la infraestructura se concreta o no, el nuevo Sistema de Justicia Penal enfrenta otras debilidades en su implementación.

La socialización del modelo alcanza porcentajes muy bajos de impacto en todo el país. Incluso en entidades donde el sistema ya opera al cien por ciento, el ciudadano desconoce cómo funciona y cuáles son los nuevos beneficios.

Jorge Romero Zazueta, secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de Sinaloa, admite que han faltado mecanismos para la difusión del sistema.

“Han faltado más mecanismos de difusión del nuevo sistema para que la gente lo entienda más rápidamente, lo asimile y lo haga suyo. Efectivamente la percepción no es lo que debiera ser todavía, pero con las buenas prácticas de que ya está funcionado el sistema, en la medida que este sistema avanza, cuando la gente se siente atendida y que sus asuntos son resueltos, rápidamente, transparente, expedita y confiablemente, esos van a ser los factores de mayor difusión y propaganda”, consideró.

Señaló que actualmente se trabaja en un esquema de socialización que se implemente en todo el país de forma homogénea y simultánea. A la fecha, en Sinaloa se han difundido 10 mil mensajes radiofónicos sobre el nuevo sistema de justicia penal.