Además de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, con el programa Pegasus también se espió a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, concluyó en un informe Citizen Lab.
El diario The New York Times publicó hoy que un análisis independiente, elaborado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que mensajes de texto con un hipervínculo, que escondía el programa espía, fueron enviados a un teléfono utilizado por el GIEI durante su estancia en México.
Ese teléfono era utilizado “como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México”.
Además, los miembros del GIEI dicen que recibieron mensajes SMS idénticos en sus teléfonos propios, que los incentivaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte al celular en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono. Incluso los mensajes encriptados que lleguen a o sean enviados desde el teléfono se vuelven inservibles ya que el software ha sido descargado inadvertidamente.
“El esfuerzo para espiar a funcionarios internacionales es la revelación más reciente de una ofensiva espía en México, donde algunos de los principales periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción y antiobesidad han sido afectados por la misma tecnología, Pegasus”, dice el rotativo.
Y añade: “No obstante, la nueva evidencia comprueba que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del presidente Enrique Peña Nieto”.
Según las leyes mexicanas, la vigilancia sólo puede ser realizada con el aval de un juez federal y únicamente cuando el gobierno tiene causales bien justificados. Sin embargo, la inmunidad diplomática del GIEI implica que sería muy improbable que algún juez federal hubiera firmado una orden para espiarlos, de acuerdo con los integrantes del grupo.
“No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad”, dijo Francisco Cox, abogado chileno y uno de los integrantes del grupo. “No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto”.
“Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México”, agregó.
Proceso informó que el gobierno mexicano, encabezado por Enrique Peña Nieto, ha negado que el gobierno esté detrás del espionaje a periodistas y activistas, aunque el programa Pegasus, de acuerdo con la empresa israelí NSO Group, solo es vendido a gobiernos y con la condición de que sea utilizado solo contra delincuentes y terroristas. Sin embargo, una investigación hecha por The New York Times y analistas forenses determinaron que el software, en el que México ha gastado al menos 80 millones de dólares desde 2011, ha sido empleado contra académicos, abogados, periodistas y sus familiares, incluido un adolescente
El pasado 19 de junio, el NYT publicó que periodistas y activistas mexicanos, como Carmen Aristegui, Mario Patrón del Centro Prodh, Juan Pardinas del IMCO, Carlos Loret de Mola, y Salvador Camarena de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) han sido espiados con un software adquirido por el gobierno, Pegasus.
La PGR inició una investigación sobre el caso y anunció que solicitaría apoyo al FBI y a las Naciones Unidas. Sin embargo, según el rotativo, Roberta Jacobson, la embajadora estadunidense en México, dijo que ese apoyo no ha sido oficialmente solicitado y que no están involucrados en la investigación.
Por su parte, John Scott-Railton, investigador senior de Citizen Lab, que ha colaborado para identificar los rastros de Pegasus en los teléfonos de personas afectadas, señaló: “Citizen Lab y nuestros socios estamos encontrando a personas afectadas por el programa espía de NSO prácticamente donde sea que volteamos a ver en México”.
“Nunca he visto nada que se compare con la escala y el alcance de este caso”, agregó.
