Juan Manuel Riojas, conocido como el “padre Meño”, acusado de violación de seminaristas, y quien se encontraba prófugo de la justicia, se entregó hoy ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila.
De acuerdo a Sin Embargo, la Procuraduría había colocado hoy anuncios que ofrecían 200 mil pesos de recompensa para dar con el paradero del sacerdote.
El ex seminarista Ignacio Martínez Pacheco y el aún seminarista Roberto Javier Calzada Tamez, entrevistados en mayo por SinEmbargo, ofrecieron testimonio de acoso y abuso sexual y el calvario judicial que ha significado denunciar penalmente al cura pederasta y a su obispo encubridor, ambas acciones sin ninguna consecuencia, debido a la protección directa de la que goza por parte del Gobernador Rubén Moreira.
La periodista Sanjuana Martínez tuvo acceso al expediente judicial de este primer caso en México, que incluye una denuncia contra el Obispo y otras autoridades eclesiásticas como el Nuncio Apostólico, Franco Coppola, por conspiración a la pederastia clerical.
Con una orden de aprehensión y un amparo, el sacerdote pederasta recibe el apoyo de la Arquidiócesis y cuenta con tres abogados, uno de ellos, Santos Vázquez Estrada, ex delegado de la Procuraduría General de Justicia en las regiones Centro y Norte Uno de Coahuila, quien ya interpuso en el Juzgado Tercero de Distrito una solicitud de protección bajo el expediente 256/2017 contra el juez de primera instancia en materia penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande.
El pasado 27 de julio la PGJE de Coahuila citó a declarar al Obispo Raúl Vera López sobre una averiguación del 2014, pero no acudió argumentando que sus labores pastorales no se lo permitieron, pero que este citatorio es una reacción a su declaración en La Haya, sobre crímenes de lesa humanidad, cometidos durante los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.
“El Obispo ha recibido en un par de ocasiones la visita de agentes ministeriales; la semana pasada solicitaban detalles de su declaración en la La Haya, para lo cual se informó que la comunicación es de un organismo internacional y que el documento es público. Esta semana nuevos agentes del Ministerio Público le solicitaron información sobre una averiguación previa del año 2014”, señala el comunicado de la Diócesis de Saltillo.
La notificación llegó el pasado 25 de julio para que el Obispo se presentase ayer 27 de julio a las 11 horas en las oficinas de la Dirección de Unidades de Investigación, con el objeto de que rindiera declaración sobre abuso sexual contra menores por parte de sacerdotes.
Luego de que el Obispo de Saltillo, Vera López, se negara a rendir declaración testimonial por dos casos de supuesta pederastia denunciados en 2014, Aída Badillo, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CEDH), aseguró que existen otros seis casos de sacerdotes pederastas que han sido denunciados por menores de edad, de los cuales la Diócesis ha hecho caso omiso.
Fue en 2015 cuando la activista saltillense se sumó al reclamo contra la pederastia, argumentando que existían por lo menos 60 casos documentados de adolescentes que han sufrido abuso sexual por parte de curas en Saltillo desde la década de los 90.
Badillo aseguró que la Diócesis de Saltillo sólo ha removido de la entidad a los sacerdotes implicados en casos de esta naturaleza, pero no son castigados por las instancias judiciales, y algunas familias, sostiene, fueron sobornadas para no seguir con sus procesos.
