Once dependencias federales realizaron contratos ilegales por 7  mil 670 millones de pesos entre 2013 y 2014, de los cuales se desconoce el destino de 3 mil 433 millones, de acuerdo a una investigación publicada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).

En el reportaje titulado “La estafa maestra del gobierno federal”, que incluye datos de la revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014, se señala que las instancias involucradas son el Banco Nacional de Obras (con 491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), Fovissste y Superissste (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdp).

Dichos organismos, añade, utilizaron a la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado, para triangular contratos, en su mayoría con empresas fantasmas.

“De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio”, menciona la publicación.

“Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3 mil 576 millones”.

Como parte de la investigación que duró seis meses, se revisaron 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de las 11 dependencias públicas y revisaron si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

Además visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en la Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, “pero nadie conocía la existencia de las compañías”. Además se realizaron 350 solicitudes.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, SAT, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

“Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen”, indica.

“Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido”.

La publicación señala que la propia Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales.