Regala Quirino impunidad a Malova

 

Malova y Quirino (2)

A pesar del caos financiero que heredó, no hay sanción o investigación contra la administración de López Valdez

 

 

 

Mario López Valdez heredó una deuda nunca antes registrada en Sinaloa. Él y sus ex funcionarios arrastran más de mil procedimientos administrativos de sanción y los movimientos irregulares en su administración provocaron que el SAT le exija a Sinaloa un primer pago de 500 millones de pesos por impuestos no declarados.

Pese al cúmulo de irregularidades, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel no investigará a López Valdez, ni a sus ex funcionarios.

Facultado legalmente para atraer e iniciar investigaciones por irregularidades en actos u omisiones de servidores públicos, el gobierno de Ordaz Coppel declinó a la facultad que le otorga la Constitución Política de Sinaloa, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de Sinaloa y el reglamento interno de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Ejecutivo.

A cambio, el secretario de administración y finanzas, Carlos Ortega Carricarte, anunció que el gobierno de Ordaz Coppel se apegará a los procesos normales que realizan la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales son aleatorios y se concentran en sólo una muestra específica y no en la totalidad de los recursos públicos.

“Ya fueron detectadas algunas de estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los procedimientos. Es parte de las auditorías y revisiones que se están haciendo. Ellos (ASF y ASE) son los que determinarán qué es lo que procede”, explicó Ortega Carricarte durante la presentación del informe en el que se dio a conocer el estado de las finanzas en Sinaloa.

 

Piden un castigo real

Un día después del informe prometido por Ordaz Coppel, que en realidad se trata de una obligación que estipula la Ley de Entrega Recepción de Sinaloa, los diputados de Morena, y de los partidos Sinaloense (PAS) y Acción Nacional (PAN) alzaron la voz para exigir un castigo verdadero contra los ex funcionarios de la administración malovista.

La diputada Merary Villegas, líder de la fracción de Morena, cuestionó que Ordaz Coppel esté evadiendo su obligación de combatir la corrupción a través de medidas “electoreras”, como el anuncio de disminuir el número de diputados y regidores en Sinaloa.

La legisladora señaló que si el gobernador tuviera una intención real de disminuir el gasto gubernamental, debería fincar responsabilidades penales al ex gobernador y al ex tesorero por el déficit presupuestal que heredaron.

En el mismo sentido, el líder de la fracción del PAS, Víctor Antonio Corrales Burgueño, criticó que el informe presentado por Ortega Carricarte revela la radiografía de una administración ineficiente. Corrales Burgueño exigió que este informe tenga un seguimiento y se llegué a las últimas consecuencias.

Por su parte, el diputado panista Zenen Xochihua Enciso, criticó que al dar impunidad al gobierno de López Valdez se manda un mensaje negativo para que el servidor público continúe incurriendo en actos de corrupción.

 

Sinaloa impune

Contrario a lo que ha sucedido en Sonora y Nuevo León —donde los ex gobernadores enfrentan procesos legales iniciados por las contralorías locales de sus entidades—, o en Veracruz y Chihuahua —donde la PGR ha atraído las investigaciones contra los ex mandatarios—, en Sinaloa la contraloría local no actuará.

Aunque aún no se cuenta con una Fiscalía Anticorrupción del Estado como en Sonora o Nuevo León, en donde esta instancia es la que ha abierto procesos penales en contra de los ex gobernadores Guillermo Padrés y Rafael Medina, respectivamente, en Sinaloa la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultada para llevar a cabo este proceso.

De acuerdo con el reglamento interno de esta dependencia en su artículo ocho, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas está facultado para ordenar investigaciones, iniciar, tramitar y resolver procedimientos de sanción y denunciar penalmente las irregularidades detectadas.

Independientemente de los procesos que emitan las Auditorías local y federal, el gobierno de Quirino Ordaz Coppel podía haber iniciado su propia investigación y en su caso, presentar las denuncias.

 

El reglamento en su artículo 8 señala: “Son facultades del Titular de la Unidad, las siguientes: Denunciar las presuntas responsabilidades penales observadas como resultado de las investigaciones efectuadas en el ejercicio de sus funciones o instar al área jurídica de la Dependencia a que formule las denuncias o querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera, y coadyuvar con las autoridades correspondientes en las investigaciones complementarias necesarias”.

 

—¿Entonces, no habrá sanción para el responsable que dejó de pagar estos impuestos al SAT y que también dejó de pagarle al Instituto de Pensiones? —se le preguntó a Ortega Carricarte durante la presentación del informe.

—Eso es lo que se definirá o determinará en su caso cuando haga la Auditoría las revisiones correspondientes, que ya se están haciendo, salvo que incluso la Auditoría Superior de la Federación lo observó, entonces eso derivará en lo que las instancias definan. Ya en las revisiones que se están haciendo.

 

—¿Ustedes van a asumir ese costo, es decir, ustedes van a estar resolviendo lo que les dejó la administración anterior?

—Cuando se deja de pagar un impuesto el impuesto se tiene que pagar de todos modos, no lo haya pagado un año anterior o posterior es algo que se debe, lo que se tiene que buscar con la autoridad federal es ver si se puede ministrar ese pago de impuesto. La realidad es que las deudas que tengan las instituciones digamos en este caso del Estado son deudas institucionales, ya sean impuestos o sean pasivos a pensiones o proveedores.

Entonces, igualmente se hubiera tenido que pagar en años anteriores se están dejando este período, van a tener que pagarse en este período.

 

—¿Ustedes están dispuestos a asumir estos costos políticos, de ajustarse completamente y no meter en riendas a los servidores públicos que hicieron todo este desorden?

—Eso es parte de las auditorías y revisiones que se están haciendo. Ya fueron detectadas algunas de estas irregularidades y las instancias fiscalizadoras iniciaron los procedimientos. Ellos son los que determinarán qué es lo que procede.

 

 

Las huellas de Malova:

Deuda pública al 31 de diciembre de 2016. Se recibe un estado con un importante déficit financiero y estructural que compromete las finanzas públicas.

Deuda total: 13 mil 130 millones de pesos

Deuda a largo plazo: 4 mil 518 millones de pesos

Deuda a corto plazo, sin fuente de pago: 8 mil 612  millones de pesos.

Proveedores y contratistas: 2 mil 241 millones de pesos

Instituto de Pensiones: mil 725 millones

Sector Salud: mil 500 millones de pesos

Educación: 396 millones de pesos

 

Evasión de impuestos. El Servicio de Administración Tributaria detectó omisiones en el cálculo sobre el ISR en las nóminas de 2013, lo que derivó en un crédito fiscal. Es decir, Sinaloa tiene que regresar ese recurso al SAT.

Crédito fiscal 2013: 541 millones de pesos.

El SAT revisa actualmente la misma omisión en 2014, 2015 y 2016, se advierten futuros créditos fiscales similares.

 

Fiscalización de los recursos. La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública cuestionaron el uso irregular de 7 mil 714  millones de pesos.

Recurso en duda: 7 mil 714 millones de pesos

Procesos administrativos contra servidores públicos: mil 167

ASF: 266 Procedimientos Administrativos

ASE: 540 procedimientos

SFP: 89 procedimientos administrativos

Unidad de Transparencia: 272 procedimientos

 

Gobierno abultado y desordenado. Se detectó un incremento de trabajadores y la duplicidad de funciones principalmente en los organismos descentralizados, lo que elevó los costos para su operatividad.

 

Burócratas activos: 74 mil 435 trabajadores

Incremento de 6 mil trabajadores de 2011 a 2016.

Organismos Descentralizados: 51

Incremento de 11 nuevos organismos de 2011 a 2016

 

Boquete al Instituto de Pensiones. Desde 2013 se dejó de entregar las aportaciones de trabajadores al Instituto de Pensiones de Sinaloa, a la par, el número de trabajadores en edad de jubilarse se disparó.

Deuda al Instituto: Mil 725 millones de pesos.

Jubilaciones crecieron 77 por ciento de 2011 a 2016.

Subsidio en 2010 por 709 millones de pesos

Subsidio en 2017 por 2 mil 900 millones de pesos.

 

Sin bienes públicos. Las patrullas de Seguridad Pública estaban sin mantenimiento y se carece de vehículos de modelos recientes. El equipo informático tiene más de seis años de antigüedad, por lo que opera con fallas y genera altos costos de mantenimiento.

63 por ciento de las patrullas estaban fuera de servicio

42 por ciento de los vehículos están malas condiciones

68 por ciento de vehículos son modelos viejos

80 por ciento del equipo tecnológico es viejo

 

 

 

 

3 Comentarios en “Regala Quirino impunidad a Malova

  1. no pos yo quiero ser el siguiente gobernador de sinaloa,y asi como el compa layin les prometo robar poquito,jajajajajajajajaja,ni dios lo mande por que si yo fuera gobernador no los meteria al bote los colgaria alos cabrones.

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