Open Society Justice Iniciative y organizaciones mexicanas de derechos humanos solicitan a la Corte Penal Internacional de La Haya abrir una investigación urgente contra las fuerzas de seguridad del Estado Mexicano y organizaciones criminales por cometer crímenes atroces que consideran de lesa humanidad contra la población civil mexicana.
De acuerdo con el estándar empleado por el Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya —señala Open Society— existen fundamentos razonables para iniciar una investigación e incluso algunos individuos y organizaciones mexicanas han enviado comunicados formales al Tribunal Internacional para que proceda —de acuerdo con el artículo Séptimo del Estatuto de Roma—a investigar con urgencia las “atrocidades innegables como el ataque generalizado y sistemático contra la población civil que ha cobrado más de 160 mil muertes, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y/o secuestros de personas durante el sexenio anterior y lo que va de éste”.
El informe “insólito” que ha emitido este prestigiado órgano internacional de derechos humanos, destaca que la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes atroces como delitos de lesa humanidad —y no como crímenes nacionales ordinarios—, permitirá evaluar la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de tal manera que se pueden incluir a aquellos que dieron las órdenes y/o aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delios que ya conocían —o debieron haber conocido—.
Durante el Seminario sobre Violencia y Paz organizado por el Colegio de México “Se cometen en México crímenes de lesa Humanidad?”, al que asistieron como comentaristas del tema Eric Witte, de Open Society en México, y Ximena Medellín del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, en calidad de conferencista magistral, opinó que el informe Atrocidades Innegables; Confrontando crímenes de lesa humanidad, “es muy sólido en sus argumentos, pero sobre todo es devastador”.
Durante su participación y frente a investigadores y académicos de las principales instituciones académicas y centros de investigación del país, señaló que Open Society Justice Iniciative revela un diagnóstico muy completo y abundante sobre lo que considera una línea de conducta violenta contra la población civil por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y en especial el Cártel de Los Zetas.
“Y es que el Gobierno de México como responsable de la seguridad de su pueblo se propuso someter al crimen organizado como una meta legítima. Sin embargo lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de fuerzas armadas, la policía federal y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil, supuestamente vinculada con los cárteles de la droga, sin una regulación sobre el uso de la fuerza y menos aún sin ningún tipo de responsabilidad por los abusos cometidos”, expuso.
Pero además, los expertos que participaron en la elaboración del diagnóstico sostienen que este descontrol en el uso de la fuerza por parte del Estado no fue accidental sino parte de una estrategia política en la que se permitió a las fuerzas federales de seguridad cometer numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas, dejando ver que no fueron actos aislados ni al azar.
Muchas de estas víctimas fueron miembros de los cárteles delictivos, pero también muchos civiles acusados sin fundamento de pertenecer a estas organizaciones, obligándolos mediante la tortura a auto incriminarse o culpar a otros. Se menciona también a las víctimas del “fuego cruzado”, producto de una estrategia imprudente (daño colateral) de la batalla entre el Gobierno y los cárteles.
Para Open Society, la magnitud de las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas satisface el criterio legal para considerar la violencia como un fenómeno generalizado y sistemático, de ahí la conclusión afirmativa de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, según el Estatuto de Roma, la jurisprudencia de la Corte de La Haya y otros tribunales internacionales.
Al analizar las acciones del Cártel de Los Zetas —sin descartar otros cárteles—, el informe sostiene que esta organización incurre en delitos de corte internacional porque utiliza su estructura jerárquica, su control sobre un territorio y su capacidad para cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil; “da la impresión de que se han propuesto utilizar la violencia como forma de control de algunas zonas del país para obligar a otros actores a pagarles parte de sus ganancias”, señala.
Con estos actos el Cártel de los Zetas ha perseguido a la población civil sembrando el terror para controlar el territorio y ha cometido asesinatos brutales, torturas y desapariciones, dice el informe.
El informe no identifica de forma individual a los actores sospechosos de estos crímenes tanto del Gobierno federal como del Cártel de los Zetas, pero sugiere que el Sistema Judicial Mexicano investigue con profundidad para fincar una responsabilidad penal, no solo de los autores directos, sino también de los responsables de las políticas que han ocasionado estos ataques contra la población civil.
La raíz de la violencia
El diagnóstico señala que las causas por las que no se ha hecho justicia ante la comisión de crímenes atroces, tiene una raíz política. Y apunta a la retórica de negación y desviación que ha caracterizado a los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
Abunda que los funcionarios de mayor jerarquía sistemáticamente niegan o minimizan la escala o naturaleza de los asesinatos, torturas y las desapariciones y por el contrario, acusan sin fundamento a las víctimas de supuestos vínculos criminales.
“En vez de reconocer el problema, estos altos funcionarios optan por consigna a atacar a funcionarios de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y organizaciones civiles que critican el ambiente derivado de la violencia e impunidad”, acusa el texto.
Añade que “el restarle importancia a los crímenes atroces ha sido un componente central en la historia de la impunidad en México. Un gobierno que no desea reconocer asesinatos, desapariciones y torturas, sobre todo cuando los cometen las mismas fuerzas de seguridad del Estado, termina por ocultar los datos que describen la magnitud del problema.
“Esto agudiza la crisis porque mientras las familias de las víctimas quedan frustradas y enardecidas, los funcionarios del gobierno contabilizan las desapariciones con datos incompletos para después anunciar estimaciones falsas sobre desaparecidos”.
Afirma que “el gobierno mexicano no ha realizado ningún esfuerzo para ubicar las fosas clandestinas encontradas por todo el país y las estadísticas sobre tortura provienen de las agencias especializadas, que en muchos casos están implicadas en la perpetración de estos delitos, y cuando llegan a ser objeto de investigación estas estadísticas son manipuladas”.
Dice que “los mismos líderes políticos que niegan y minimizan estos crímenes han sido los responsables de investigarlos de manera apropiada y el Gobierno ha aceptado el uso continuo de torturas por parte de fiscales y policías para propinar castigos extra judiciales y fabricar “evidencias” y así apoyar procesos penales y para buscar a desaparecidos.
“Los gobiernos, de manera continua se han propuesto proteger al Ejército y la Marina, de investigaciones creíbles sobre su participación en estos crímenes atroces. De hecho los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto se han propuesto militarizar las actividades policiales y esto ha propiciado que fuerzas federales y estatales de seguridad, lejos de investigar recurran a la coerción y la tortura”.
Reclama también el informe que “los fiscales federales evitan enjuiciar a actores del Estado y a otros no estatales por crímenes atroces, y en muchos casos reclasifican los crímenes atroces como ofensas menores y entierran las investigaciones para desmotivar a las víctimas a no presentar denuncia. Y esto se agudiza por la falta de independencia de los servicios forenses y protección de testigos que en muchos casos están implicados con las fiscalías.
“Cada vez que hay presión para fincar responsabilidades a Calderón y Peña Nieto por crímenes atroces, se impulsan reformas e iniciativas que al poco tiempo se abandonan, y en general, los planes para ubicar a los desaparecidos y ofrecer apoyo y reparación a las víctimas han fracasado”.
Y arremete el documento que “el telón de fondo de esta crisis de atrocidades e impunidad que vive el país se encuentra en la reforma del sistema de justicia penal y las propuestas más recientes vinculadas con los crímenes atroces”.
Consideran los relatores del informe que “un proceso de reformas exitoso está muy vinculado con una estructura sólida de rendición de cuentas a nivel institucional, y en esto muy poco se ha avanzado, está muy débil.
“En ausencia de instituciones más fuertes en la rendición de cuentas se prevé que estas reformas legales e institucionales llevará tiempo aplicarlas”.
Ximena Medellín, Investigadora del CIDE, considera que este tiempo exigirá entre diez y 20 años para consolidar instituciones democráticas que ayuden a restablecer la paz y la tranquilidad social.
Eric Witte, representante en México de Open Society Justice Iniciative, considera que la sociedad civil debe apostar a reforzar las instituciones encargadas de la impartición de justicia, debido a que turnar los casos de crímenes contra la humanidad a la Corte Internacional de la Haya es mucho más lento, por la marcada demanda que tiene este tribunal en otras regiones del planeta como el Oriente Medio y otros.
Sin embargo, sugiere avanzar en el empoderamiento de las fiscalías estatales para iniciar procesos de investigación más completos e independientes, y ejemplificó el caso Coahuila, donde personal especializado de la fiscalía está recibiendo asesoría de la organización para abordar el tema de los crímenes atroces con responsabilidad profesional e independencia del Estado.
Entre las recomendaciones que hacen los últimos dos panelistas al Gobierno de México sobre el tema se encuentra la creación de una entidad de investigación internacional con sede en México, que tenga el poder de investigar y perseguir de forma independiente los crímenes atroces y los casos de gran corrupción.
Esta entidad deberá investigar los crímenes y casos de corrupción y presentarlos ante los tribunales de México. Entre otras funciones deberá asistir técnicamente a la Fiscalía y a la Policía de Investigación.
Desarrollar también propuestas de reforma en el sector judicial y someterlas a consideración del Ejecutivo, Legislativo y la sociedad civil. Y que pueda producir informes sobre e l Estado de derecho en México y los avances de la justicia penal mexicana en materia de asesinatos, desapariciones y tortura, entre otras funciones.
