El mexicano Javier Nava Soria, sospechoso de integrar una red de blanqueo con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, argumentó hoy en su vista de extradición en un juzgado de España, que ignora los hechos delictivos por los que le reclaman y pide no se entregado a su país.

La Audiencia Nacional acogió hoy la vista de extradición a México de Javier Nava Soria, detenido el pasado 19 de abril en Barcelona, en la que el Fiscal Miguel Ángel Carballo defendió su entrega a las autoridades mexicanas.

De acuerdo a Sin Embargo, en México es reclamado por ser miembro de una organización delictiva junto con el ex Gobernador Duarte, arrestado recientemente en Guatemala, dedicada supuestamente a lavar dinero procedente de la obtención de beneficios ilícitos obtenidos mediante la venta de una serie de terrenos ubicados en el municipio de Campeche entre los años 2010 y 2016.

Ese dinero, según las autoridades mexicanas, se enviaba a empresas pantalla que habían sido constituidas con el objetivo específico de blanquearlo.

México le atribuye delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Su defensa explicó hoy durante la vista, que en el escrito de extradición de México no aparece “ni una sola frase identificativa” en relación con Nava Soria cuando, en los casos de asociación ilícita, “se tiene que formular la reclamación con elementos fácticos”.

“No hay mención a su nombre, no hay descripción de hechos”, añadió el abogado, para quien la extradición “no procede porque no se cumplen los requisitos”.

El fiscal aseguró que entrar en el fondo de los hechos no es el objeto de una vista de extradición, el mismo argumento que empleó el representante legal de México, quien subrayó que se cumplen todos los requisitos del tratado bilateral entre México y España para hacer viable la extradición del reclamado.

Aseguró además que no existe prescripción de los delitos y que en México estos hechos se están investigando por “un tribunal ordinario propio del Estado de Derecho”.

El Gobernador de Veracruz desde 2010 a 2016, Javier Duarte, está acusado en esta misma causa de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, de hacer contratos con empresas fantasma y de utilizar “testaferros” para transferir recursos públicos.