El gobierno del Estado cuenta con un área especializada para realizar el trabajo pero contrató a siete despachos externos
La administración de Quirino Ordaz Coppel gastó poco más de un millón de pesos en seis proyectos de iniciativas de ley que elaboraron diversos despachos externos a los que contrató de forma directa, a pesar de tener una Dirección de Asuntos Jurídicos facultada para realizar dicho trabajo.
De los seis proyectos de iniciativa que pagó el gobierno del Estado, tres se convirtieron en decretos y fueron aprobados de inmediato por el Congreso del Estado, mientras que los otros tres todavía no son presentados por el Ejecutivo.
En entrevista, Jesús Ramón Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, justificó que los despachos externos fueron contratos por el exceso de carga laboral que tiene esta área de gobierno y la falta de personal.
Las iniciativas y los despachos
Los seis contratos para prestar el servicio de elaboración de proyectos de ley se firmaron entre abril y mayo de este año con seis despachos de Culiacán y la Ciudad de México, que fueron contratados a través de adjudicaciones directas.
Los dos contratos que tuvieron el mayor costo están relacionados con las reformas que ordenó el Sistema Nacional Anticorrupción. Uno de ellos es el proyecto de iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, el cual fue elaborado por el despacho Gamboa & Mata Asociados por un costo de 243 mil 600 pesos.
Con el mismo costo se contrató al despacho de Roberto Alcántara Plata para elaborar el proyecto de iniciativa de Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado. Sobre esta iniciativa, en reiteradas ocasiones se señaló de forma pública que la propia Fiscalía sería quien elaborara su propuesta de ley orgánica.
Sin embargo, el gobierno de Ordaz Coppel pagó para que un despacho externo realizara el proyecto de iniciativa, el cual ya fue aprobado por el Congreso del Estado.
Otro de los proyectos de mayor costo es el de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, que fue elaborada por Gabino Navarro Cebreros por un monto de 232 mil pesos.
Soto González, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, justificó que en este caso se trata de una ley de avanzada que traería modificaciones relevantes para el Estado, sin embargo se negó a detallarlas debido a que la iniciativa aun no ha sido presentada ante el Congreso local.
También se contrataron despachos para las Reformas a la Ley de Hacienda en relación al impuesto sobre tenencia o uso de vehículo, Reformas sobre la Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y Reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por estas tres últimas se pagaron contratos por un monto total de 435 mil pesos.
No hay suficiente personal, la justificación
La justificación de contratar despachos externos, según el subsecretario de Asuntos Jurídicos, está relacionada directamente con la especialización de las iniciativas y la premura para terminar los proyectos que estaban agendados para concluirse en el primer semestre del año.
Pero además, según Soto González, su subsecretaría se vio obligada a contratar despachos externos porque no cuenta con el personal suficiente para realizar el trabajo.
“La Dirección de Asuntos Jurídicos cuenta con un jefe de departamento encargado de legislación y reglamentos, esa jefatura tiene la carga laboral de dar dictámenes, se hace cargo de la interpretación de reglamentos de todas las áreas de gobierno. Sería humanamente imposible”, destacó Soto González.
De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría General de Gobierno, para la Dirección de Asuntos Jurídicos se paga una nómina base de 342 mil 385 pesos mensualmente para mantener un aparato conformado por 23 empleados.
En la Dirección de Asuntos Jurídicos hay nueve analistas con un sueldo base que oscila entre los 10 y 15 mil pesos, cinco jefes de departamento con un sueldo base de 16 mil 500 pesos, un director y dos directores adjuntos con sueldos base entre 25 y 27 mil pesos mensuales.
“Es difícil que una sola persona te conozca todos los temas y nosotros necesitábamos leyes que son muy especializadas. Cuando tienes el personal y la estructura gigante lo haces, pero en este caso era mejor para el Estado contratar”, argumentó Soto González.
Las iniciativas pagadas
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa 232 mil pesos
Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 243 mil 600 pesos
Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado 243 mil 600
Reformas a la Ley de Hacienda 116 mil pesos
Reformas de bebidas alcohólicas 191 mil 400 pesos
Reformas a la ley de procedimientos electorales 127 mil 600 pesos
