Nuevos diputados, las mismas viejas reglas

 

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En el congelador legislativo la reforma a la Ley Orgánica del Congreso

Los nuevos diputados  iniciaron sus trabajos con una obsoleta Ley Orgánica que favorece la opacidad, promulgada desde hace más de dos décadas y cuya derogación quedó frustrada al final de la anterior legislatura.

La actual Ley Orgánica puso en aprietos en diversas ocasiones a la anterior diputación —que concluyó con 38 diputados en activo en lugar de 40—, acrecentó el número de iniciativas que no se  dictaminaron e incluso puso en riesgo la instalación del último Periodo Ordinario de Sesiones, por una posible falta de quórum.

Con el escenario legal actual es práctica común que los diputados voten dictámenes que no conocen o no leen porque se los entregan tarde,  que se conozca la orden día de la sesión hasta justo al inicio, o que se realicen reuniones privadas al trabajar en una de las 27 reuniones de comisión.

La expedición de una nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado sumó alrededor de 50 iniciativas de reforma para mejorar el trabajo parlamentario en la pasada legislatura.

El objetivo era hacer una reingeniería al Poder Legislativo para que operara con un enfoque de mayor modernidad y transparencia. En varias ocasiones se anunció que la elaboración de una nueva Ley Orgánica estaba muy avanzada y que sería heredada a los nuevos diputados para que iniciaran “con el pie derecho”.

Al final de la 61 Legislatura no fue expedida ninguna nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, lo único que se heredó fue un proyecto de dictamen muy avanzado,  prácticamente listo para ser votado en el pleno, pero el plan pasó a formar parte de la “congeladora legislativa”.

El documento, al que tuvo acceso Ríodoce, servirá de base para empujar la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, que asegura Roberto Cruz, presidente de la Mesa Directiva, pudiese someterse a discusión en el primer trimestre de funciones de la presente Legislatura.

El documento fue aprobado por la  anterior Comisión de Protocolo, cuyos integrantes tenían la encomienda de la Legislatura 61 de elaborar el dictamen para la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Tres fueron los asuntos que complicaron la negociación final para sacar adelante esta reforma. La normatividad para la contratación de  asesores de legisladores, así como la creación de la figura de secretarios técnicos de comisión,  el número de sesiones  y duración de los periodos parlamentarios.

Al anunciar su agenda legislativa, el nuevo Grupo Parlamentario del PAS, que preside Antonio Corrales Burgueño, declaró su interés en empujar la promulgación de la Nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado para que sea más productivo el trabajo de los diputados y se evite el crecimiento de la “congeladora legislativa”

Aunque no se ha definido todavía la agenda de la 62 Legislatura, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Irma Leticia Tirado Sandoval, ha adelantado que el tema de la Ley Orgánica será incluido entre los contenidos prioritarios y que se tomará como base el trabajo de la anterior legislatura en el tema.

Los asesores

De acuerdo con la ley vigente, los grupos parlamentarios  pueden disponer de asesores y personal, según las posibilidades y presupuesto de la Cámara, para el cumplimiento de sus funciones. Corresponde a la Junta de Coordinación Política determinar el número de asesores que resulten necesarios para el trabajo de comisiones.

El marco normativo señala que los asesores que se contraten deberán contar con experiencia profesional, pero el proyecto tenía la intención de que estos asesores no serían contratados por los legisladores, sino que formarían parte de un staff profesional del Congreso del Estado.

Fuera de la normatividad, las más recientes legislaturas han destinado recursos para la contratación de asesores y auxiliares para los diputados.  El marco legal señala la contratación de personal para los grupos parlamentarios, pero no especifica  que sea un derecho de cada uno de los diputados.

En el renglón de derechos y obligaciones de los diputados,  el proyecto de ley ya contempla el derecho de disponer de asesores y auxiliares, pero el debate era que la contratación no sería al libre albedrío de los legisladores.

Los nuevos acotamientos

Entre las nuevas prohibiciones se especifica que los diputados no podrán prestar servicios remunerados de cabildeo o gestoría ante el Congreso, o ante cualquier ente público de los poderes federales y locales.

Con la ley vigente los diputados pueden faltar durante nueve días sin necesidad justificación ni riesgo de ser suspendidos, en cambio el proyecto de ley contempla que aquellos legisladores que falten a tres sesiones consecutivas sin acreditar el motivo, se asumirá que renuncian a su cargo.

Si la diputada de la 61 Legislatura, Judit del Rincón, hubiese sufrido la afectación de su salud y estuviese vigente el proyecto de ley orgánica, hubiese sido suspendida y perdido su calidad de legisladora. De acuerdo con el texto del predictamen, entre las razones para ser suspendido un diputado está la incapacidad física y mental permanente o temporal cuando exceda de tres meses, certificada por la institución de seguridad social a la que se encuentre afiliado.

En lo que puede considerarse una laguna jurídica, el marco legal actual no contempla la posibilidad de incapacidad médica de los legisladores, como ocurrió a la panista Judit del Rincón, con quienes sus compañeros diputados se solidarizaron por su condición de salud y votaron por unanimidad la otorgación del pago de sus salarios por tiempo indefinido mientras dure su padecimiento, así como el pago de una póliza de seguro de gastos médicos mayores, más allá de la Legislatura para la cual fue electa constitucionalmente.

Para evitar riesgos como el registrado en la anterior legislatura, cuando con dificultades se logró instalar el último Periodo Ordinario de Sesiones durante el proceso electoral que provocó prácticamente que la mitad de los diputados pidieran licencia, la propuesta de la nueva ley contempla que la posibilidad de convocar a los diputados suplentes para completar el quórum del pleno o  incluso una Comisión Dictaminadora. A la Diputación Permanente se le otorga la facultad de llamar a diputados suplentes y recibir su protesta.

Casos como la curul vacía de Lucero Sánchez López no podrían repetirse con el proyecto de ley, porque se prevé que en caso de una falta sin justificación de más tres sesiones o ausencia absoluta de un diputado por cualquier causa, el Pleno deberá convocar al diputado suplente para que dentro de los 10 días siguientes se presente.

El proyecto de ley contempla incluso la figura del diputado sustituto cuando el diputado suplente no se presentara en el caso de diputados de mayoría, o bien recorrer la lista entre los candidatos postulados de un partido cuando se trate de legisladores electos mediante el principio de representación proporcional.

La novedad: Secretarios Técnicos

Actualmente cada una de las 27 comisiones  prácticamente inicia de cero sus trabajos, como ha pasado cada vez que inicia una legislatura. El proyecto consiste en que cada comisión ordinaria  contaría con secretarios técnicos profesionales y personal jurídico auxiliar, capacitados para la elaboración de dictámenes legislativos, opiniones jurídicas, investigaciones e informes especializados.

La legislación en proyecto contempla que los secretarios técnicos de comisión deberá tener al día de su contratación título de licenciatura o grado superior, preferente en derecho o en alguna de las materias de competencia de la comisión, cédula profesional y acreditar una experiencia mínima de dos años en el ejercicio en la materia, además de participar y acreditar un examen de oposición que será aplicado por la Secretaría de Asuntos Parlamentarios.

 Las sesiones

Desde poco antes de la instalación de la presente Legislatura, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Carlos Castaños Valenzuela, declaró el interés de su partido por expedir una nueva Ley Orgánica que contenga  entre otras modificaciones, el incremento del número de sesiones ordinarias para ser más productivos, al pasar de dos a tres sesiones cada semana.

Sin embargo, el proyecto no contempla el incremento de número de sesiones semanales durante el periodo ordinario de sesiones.

Con la actual ley vigente el  Poder Legislativo puede realizar reuniones secretas, en cambio el proyecto incluye como denominación el carácter público que tienen las sesiones. De acuerdo con el artículo 114 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado pueden celebrase sesiones secretas cuando existan asuntos que lo ameriten y el presidente de la Cámara lo disponga.

En el caso de las reuniones de comisiones, la actual ley establece que son privadas, pero que se pueden celebrar públicas con propósitos y de información y audiencia. La nueva ley no establece especificación alguna en ese sentido, solo que las minutas de todas las reuniones serán publicadas.

Reingeniería Administrativa

Desde los primeros borradores de la nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado se ha contemplado la creación de dos secretarías: la de Asuntos Parlamentarios y la de Administración y Finanzas, y desaparecía la Secretaría General.

La Secretaría de Asuntos Parlamentarios sería el órgano jurídico legislativo del Congreso, al tener a su cargo la coordinación y seguimiento de las distintas etapas del proceso legislativo. La Secretaría de Administración y Finanzas desarrollará sus funciones en áreas de administración, contabilidad, programación, presupuesto, recursos humanos, seguridad y vigilancia.

Antídoto

Como medida preventiva contra “la congeladora legislativa”, el proyecto de ley contempla que entre la determinación de una iniciativa y su lectura en el Pleno no deberá transcurrir más de 20 días hábiles, en tanto que los dictámenes deberán ser elaborados y entregados a la Mesa Directiva en un plazo máximo de 80 días.

En lugar de que sea práctica común que los legisladores se les distribuyan dictámenes poco antes de la votación en la misma sesión del pleno, la ley prevé que los dictámenes que la Mesa Directiva los entregue a los diputados por lo menos 62 horas antes  de la sesión en la cual habrá de discutirse.

Gaceta parlamentaria

La nueva ley contiene además la obligación de contar con un órgano oficial de difusión del trabajo parlamentario denominada Gaceta Parlamentaria, para hacer del conocimiento público y el de los diputados, los asuntos y documentos que serán tratados en pleno, en forma previa a la celebración.

La Gaceta Parlamentaria  se publicaría en formato multiplataforma: las iniciativas íntegras tres días hábiles antes de su presentación, la determinaciones de las iniciativas, minutas de proyectos de decreto, los dictámenes aprobados por las comisiones, así como los decretos, acuerdos y demás resoluciones aprobados por el Pleno, las minutas de todas las reuniones de trabajo de las comisiones parlamentarias, entre muchas otras procedimientos legislativos.

Sería también obligación la publicación de la orden del día de las sesiones al menos con 24 horas de anticipación, en contraste con la publicación que actualmente se hace el portal oficial del Congreso del Estado, justo en el instante que inicia la sesión.

Cabe mencionar con la entrada en vigor de las nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora el Poder Legislativo tiene la obligación, según se señala en el artículo 97 de la citada ley, de poner a disposición del público la agenda legislativa, la gaceta parlamentaria y la orden del día.

Ahora la  nueva Legislatura estará obligada a difundir el sentido del voto, la votación económica por cada legislador, tanto en la votación nominal, como de la votación por cédula, así como los votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración.

Son otros tiempos y el Poder  Legislativo parece no tener prisa.

 

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