Sin licitación, se pagaron 10 millones del megacrédito para el proyecto Elota-Piaxtla… que no es viable
Nelda Ortega/Mazatlán
El anuncio lo hizo en noviembre del 2009 el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, durante una gira de trabajo en Casas Viejas, Elota, donde se jactó de haber resuelto lo básico. “Vayamos ahora por las grandes obras”, dijo, refiriéndose al proyecto Elota-Piaxtla.
Las obras proyectadas en este proyecto son la presa derivadora Las Juntas, la Ixpalino, una red principal con una longitud de 113.4 kilómetros conformada por un ducto cerrado de concreto y 9.15 kilómetros de diques y sifones principalmente, además de obras complementarias de drenaje, caminos y cárcamos.
A casi cinco años de distancia, y con una inversión de casi nueve millones de pesos, el gobierno estatal, ahora con Mario López Valdez al frente, tiene un proyecto inconsistente y rechazado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
La cifra que el gobierno del estado pagó por la elaboración del proyecto fue de 8 millones 993 mil 786 pesos, cantidad justificada en la página del Consejo Ciudadano en la que se publica que se asignaron 10 millones de pesos, “de los cuales 8.9 millones ya están contratados, por asignación directa, a José Marco Murillo Ruiz” y corresponden al megacrédito adquirido por el ejecutivo estatal.
José Rosendo Castro Amarillas, integrante de la institución de asistencia privada “Bosque a Salvo”, declaró que la información del Consejo Ciudadano alertó a los ambientalistas y académicos para solicitar ante la federación una consulta pública.
Expuso que de todas las opiniones técnicas solicitadas para validar el proyecto, Ayuntamientos, Organismos Ambientales y dependencias federales coincidieron ante la SEMARNAT que no debería de aprobarse por el negativo impacto ambiental que tendría, mientras que gobierno del estado y la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dieron su opinión favorable.
En el resolutivo que emite la SEMARNAT se indica que durante la consulta pública se recibieron cuatro solicitudes: la de Castro Amarillas, Jesús Alberto Humarán Lizárraga y Tomás de Jesús Vega Martínez como miembros de la comunidad de Culiacán y San Ignacio.
A nombre de las organizaciones Cuerpo Académico “Ciudad y Región”, “Bosque a Salvo” y la Unidad Académica de la Escuela de Biología de la UA, se presentaron 23 puntos en los que se destaca que la cuenca hidrológica del río Piaxtla cuenta con veda superficial vigente y aprobada por la propia CONAGUA.
Asimismo, que se afectará la integridad del flujo hidrológico del ecosistema y su zona de influencia, zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación de alevinaje e interacciones, y provocará cambios en las características y servicios ecológicos que provee el ecosistema, todo esto no descrito en el estudio de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Regional.
Castro Amarillas detalló que en la consulta pública se expuso, entre otras, que las acciones propuestas son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán las poblaciones de especies de gran valor, por lo que propusieron para compensar las afectaciones, señalar con exactitud un área de superficie similar a la afectada con un presupuesto, para que las medidas tengan mayores posibilidades de instrumentarse y que se elabore un programa detallado de reubicación de flora y fauna.
El estudio actual no especifica las hectáreas de selva que se perderían en la represa de Ixpalino, ni como se protegería a la región contra el avance de las actividades antropogénicas como la agricultura, ganadería y minería.
Información a medias
La SEMARNAT determinó que el promovente de la obra, es decir, el Gobierno de Sinaloa, no proporcionó en el proyecto la información requerida conllevando a la imposibilidad de identificar los posibles impactos generados durante cada una de las etapas del desarrollo del proyecto, repercutiendo de esta forma con la correcta identificación de las medidas de mitigación y compensación necesarias a implementarse.
La dependencia federal señaló que aunque aportó las superficies susceptibles de cambio de uso de suelo de áreas forestales e indicó el número de especies, la información resultó insuficiente para evaluar de forma particular las alteraciones generadas en el ambiente.
Castro Amarillas, indicó que aunque gente del gobierno estatal involucrada con el proyecto podría argumentar que se trata de un procedimiento y que están en proceso de solventar las observaciones, se trata de algo definitivo.
Aunque no se manifiestan en contra del proyecto, sí le apuestan a que se presente un estudio completo en el que consideren más valores, factores ambientales de todas las estaciones del año y que se tome en cuenta la respuesta que tienen los organismos de flora y fauna ante las variables de flujo de agua y su impacto en el entorno.
“El promovente tiene que hacer un estudio integral que comprenda toda la flora y fauna y las áreas adyacentes por lo menos de lo que es el río, pero también de toda la obra hidráulica que va a desarrollar, porque se hizo de lo que es de la presa hacia arriba, no les interesó lo que es de la presa hacia abajo”, indicó.
Un MIA mejor elaborado
En la página del Consejo Ciudadano de Sinaloa se detalla que el pago fue por la elaboración del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad regional del proyecto Elota-Piaxtla, segunda etapa (Presa de almacenamiento “Las Juntas” y derivadora “Ixpalino” y zona de riesgo 30 mil 376 hectáreas en los municipios de Culiacán, Elota y San Ignacio en el estado de Sinaloa).
El domicilio del despacho corresponde al Distrito Federal, y no cuenta con fecha de concurso ni de licitación, el estatus es que se encuentra es del 100 por ciento y la inversión autorizada y pagada es de 10 millones de pesos.
Ante esto, Castro Amarillas consideró que es un precio suficiente para haber hecho bien las cosas, pero que se trata de un recurso que se fue a la basura por no estar completo. Incluso en un sondeo extraoficial entre la comunidad científica que hace ese tipo de estudios comentaron entre sí, que con la mitad del recurso podría haberse hecho.
-Con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento y normas ambientales, la SEMARNAT negó al gobierno de Sinaloa la autorización para el proyecto Elota-Piaxtla segunda etapa en los municipios de Elota, San Ignacio y Culiacán, promovido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
-SEMARNAT previene que, hasta que no cuente con autorización respectiva en materia de impacto ambiental, no se podrá realizar obra y/o actividad alguna relacionada con el proyecto.
-El gobierno estatal puede impugnar, mediante un recurso de revisión, la negativa.
OBSERVACIONES EN LA CONSULTA PÚBLICA
-La cuenca hidrológica del Río Piaxtla cuenta con una veda superficial vigente emitida por la CONAGUA.
-El escurrimiento anual de 2.04 millones de metros cúbicos en la MIA es inexacto; sumó dos lecturas: Las Juntas (902 mm3) e Ixpalino (1,138 mm3), valores no confiables toda vez que datan de 1995 y ha estado disminuyendo.
-La MIA excluye inventarios del ecosistema acuático el fitoplancton, macroalgas, plantas acuáticas, zooplancton, macroinvertebrados, peces y anfibios, al igual que su dinámica y distribución, períodos reproductivos y migraciones.
-El Río Piaxtla preserva una integridad biológica alta por lo que es de alto valor ecológico.
-No analizó los impactos ambientales sobre las especies bajo protección; debe contemplar una franja de amortiguamiento en las colindancias del proyecto por la alta presencia de pantera onca alrededor de la derivadora.
-Sus acciones son insuficientes para remediar los impactos que sufrirán las poblaciones de gran valor.
-Deben protegerse las selvas de San Ignacio; la selva subcaducifolia en Sinaloa se ha perdido casi en un 50 por ciento ya que de 1994 al 2005 se redujo de 89 mil a 48 mil 776 hectáreas.
-Aunque la desembocadura del río Piaxtla no se ubica dentro de algún humedal costero importante, sí tiene conectividad; el proyecto no señala medidas para su conservación ni de mitigación de los impactos dados por la disminución de agua dulce.
-No reconoce que el Área Natural Protegida Meseta de Cacaxtla queda dentro de la cuenca del río Piaxtla, por lo que se debe requerir información sustentada para justificar que la disminución del acuífero del Piaxtla no afectará el sistema hidrológico de esta reserva.
-No especifica de manera clara de qué manera promoverá la ejecución de medidas preventivas para la protección de la fauna que habita en el área de influencia del proyecto.
-El estudio no establece adecuadamente ninguna medida de recuperación ni de mitigación para la pérdida de biodiversidad.
-Es insuficiente el monto presupuestado para las medidas de mitigación (1.5 millones en cinco años), ya que para la presa Picachos se dispuso de 9 millones en el rescate de flora y fauna, además de destinar 10 millones de pesos para una reserva ecológica de 10 mil hectáreas.
ANTECEDENTES
Noviembre del 2009, Jesús Aguilar Padilla anunció el proyecto con 100 millones de pesos etiquetados por la federación.
Marzo del 2013. El gobierno del estado anunció como un hecho la construcción del proyecto Elota-Piaxtla luego de una reunión que celebraron en el DF los titulares de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, y de CONAGUA, David Korenfeld Federman con Malova.
13 enero 2014. Sinaloa y CONAGUA signaron un convenio para canalizar recursos a las obras hidroagrícolas, con lo que se espera sumar más de un millón de hectáreas de riego en la entidad.
27 febrero 2014. Malova toma protesta al Comité Pro Construcción de la segunda etapa del proyecto Elota-Piaxtla, en la que dice, invertirán 800 millones de pesos.
Estos recursos fueron comprometidos en el convenio signado entre el gobernador Mario López Valdez y el presidente de CONAGUA, David Korenfeld Federman, el pasado 13 de enero en la Ciudad de México.
