Se queja interna que en el penal femenil es golpeada y obligada a vender droga con la venia de comandantes y custodios que acatan órdenes de la reclusa Silvia Arreola Martínez
La interna Rocío Helen Cartas López se quejó ante la Visitaduría Regional Zona Sur de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), de funcionarios públicos adscritos al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude), por la presunta violación a sus derechos humanos.
La afectada acusa que algunos comandantes y celadores, en complicidad con la interna Silvia Arreola Martínez, la obligan a vender droga dentro del penal femenil.
Hasta el miércoles 4 de noviembre, se dijo que a Cartas López las autoridades del penal la tenían castigada en el Departamento de Mujeres, para obligarla a retractarse de su querella.
Dicha represión a la reclusa busca también obligar a sus familiares a que guarden silencio y no denuncien el suplicio que está viviendo la interna dentro del penal.
Una fuente extraoficial dijo a Ríodoce que la violación de los derechos humanos al interior del módulo femenil sucede en las “barbas” de Rafael Báez Sidar, titular del Cecjude, quien se hace de la “vista gorda” ante la conducta de algunos de sus comandantes y custodios coludidos con el “negocio” de Silvia Arreola Martínez.
La pregunta que se plantean algunos celadores inconformes con las prácticas corruptas en el módulo femenil es por qué Rigoberto Íñiguez Celaya, director de Prevención y Readaptación Social, permite que su “compadre” Rafael Báez Montes tolere que la interna Silvia Arreola opere la venta de droga.
Ríodoce tuvo acceso a la copia del oficio número CEDH/VZS/MAZ/001511, expediente número CEDHVII/VZS/SP/022/15, fechada el 15 de octubre de 2015.
En su reclamación Cartas López afirma que es golpeada sistemáticamente y que sus familiares también son amenazados, y al quejarse con los custodios de dichos golpes, éstos no la escuchan debido a que están al mando de Arreola, presidenta del módulo femenil.
La afectada asegura que por quejarse la castigan y no le ayudan en nada y para alivio de sus males, dentro del penal de mujeres la obligan a vender droga.
Sostiene la quejosa que hace responsable a la reclusa Silvia Arreola Martínez, de lo que pueda pasarle a ella o a su papá, quien está promoviendo la acusación.
Ombudsman
En el documento, la Visitadora Regional Zona Sur, Miriam Berenice Hernández Torres sostiene: “los actos y omisiones motivo de la queja han sido calificados como presuntamente transgresores de los derechos humanos”.
Hernández Torres advierte que en los términos de lo establecido por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la CEDH, se acordó iniciar la investigación respectiva.
Asimismo, añade, con lo dispuesto por los artículos 40, 45 y 54 de la Ley Orgánica de la CEDH, se solicita que dentro de un plazo de cinco días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha en que le sea notificado el presente oficio, tenga a bien rendir a este organismo, un informe detallado de la situación.
La Visitadora de la CEDH, entre otras cosas, solicita al director del Cecjude, Rafael Báez Sidar, informar si tiene conocimiento de venta de drogas dentro del penal femenil que tan “dignamente” representa.
“(El director) deberá informar si ha dado vista a las autoridades de la posible venta de drogas en el penal”, enfatiza el documento.
E igualmente, indica el ombudsman, el director del penal deberá informar si Rocío Helen Cartas López ha sido golpeada en el Cecjude.
“De ser así, deberá informar cuántas veces ha ingresado al hospital o bien a atención médica por motivo de golpes y malos tratos que haya en dicho centro penitenciario”, puntualiza la Visitadora Regional Zona Sur de la CEDH.
La cloaca
Una exreclusa del penal femenil de Mazatlán, de quien se reserva su nombre por razones obvias, relató a Ríodoce que en cuanto fue internada en dicho penal, alguien se le acercó a ofrecerle un cigarro de “mota”, para enfrentar el estrés que produce el infierno del penal de Mazatlán, pero que después se enteraría que dicho ofrecimiento era el primer paso de un ritual para convertirla en “puchadora”.
“El penal femenil está convertido en una cloaca, con permiso del director y algunos comandantes y celadores que se prestan para el negocio”, dijo.
Silvia Arreola
Según archivos periodísticos, al ser detenidos y acusados de transportar 43 kilos de mariguana en las llantas de un vehículo, la madrugada del 28 de septiembre de 2009, Silvia Arreola Martínez, de 25 años, y su pareja Roberto Quezada Ríos, de 28 años, viajaban en una camioneta Ford Explorer, color blanco, con placas de circulación BEY-4704, de Baja California, estado que tenían como destino, pues estaban domiciliados en Mexicali y Ensenada, respectivamente.
La pareja Arreola Quezada había caído con los neumáticos inflados con la droga, en el kilometro 92 de la carretera México-Nogales, a la altura del parador turístico D’Gil, ubicado en un lugar conocido como Santa Anita.
La narco-pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República, y de ahí salieron consignados hacia el Cecjude, donde al parecer, en su calidad de presidenta del módulo femenil, Silvia Arreola Martínez es tolerada por las autoridades de la cárcel.
