Fuerzas especiales de la policía trasladaron el jueves al ex presidente de El Salvador, Francisco Flores a los calabozos de la División Antinarcóticos, donde esperará la audiencia inicial en los tribunales de justicia para responder los delitos de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito por unos 15 millones de dólares.
Flores es el primer expresidente salvadoreño (1999-2004) que es enviado a la cárcel.
El exmandatario, que vestía camisa blanca y una chaqueta, salió caminando de su casa con las manos esposadas, fue introducido en un vehículo del Grupo de Reacción Policial y traslado al cuartel de la División Antinarcóticos donde permanecerá hasta noviembre cuando inicie el juicio.
La Cámara Primera de lo Penal revocó la víspera el arresto domiciliario y ordenó que fuera enviado a una cárcel del sistema público.
Flores, de 54 años, huía de la justicia salvadoreña y tenía una difusión roja de la Interpol y orden de captura desde mayo.
“Hemos sido notificados por el tribunal y he ordenado tanto a la subdirección de Áreas especializadas que ejecute el traslado y a la División Antinarcóticos que reciba al detenido”, dijo el subdirector de la policía Howard Cotto, que supervisó el traslado.
Agregó que en la División Antinarcóticos existen las suficientes garantías para la seguridad del exmandatario, y señaló que “tenerlo en (su) casa generaba gastos”, y la movilización de más de 20 policías por turno, entre ellos de las fuerzas especiales.
Los abogados defensores de Flores tienen tres días hábiles para interponer ante la Cámara Primero de lo Penal un recurso que intente revocar la decisión del tribunal superior y de ser rechazada, la defensa podría volver solicitar dentro de dos meses una revisión del arresto en los calabozos de la policía.
Si el exmandatario manifestara adolecer de alguna enfermedad y pide ser enviado a un hospital privado, ésta deberá ser diagnosticada por médicos del Instituto de Medicina Legal.
Es acusado de peculado por 5,3 millones de dólares y de enriquecimiento ilícito por otros 10 millones de dólares provenientes de donaciones del gobierno de Taiwán. Además es acusado de desobediencia por no haberse presentado a una cita formulada por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investigaba el destino de la millonaria donación taiwanesa.
De ser encontrado culpable, podrían condenarlo a hasta 23 años de prisión.
Flores es uno de los principales dirigentes del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que al conocer las acusaciones contra él, le suspendió sus derechos como militante, pero no lo expulsaron como exigieron líderes fundadores.
El juez de instrucción, Levis Italmir Orellana, ordenó el 5 de septiembre el arresto domiciliar luego de que se presentara sorpresivamente en los tribunales para responder a las acusaciones en su contra tras estar prófugo durante cinco meses.
Pero La Cámara Primero de lo Penal revocó la decisión y en la resolución, firmada por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Sánchez, indicó que aún persiste el peligro que el exmandatario se fugue.
Dicen que el exmandatario no ha justificado de manera razonable y objetiva los motivos que le impidieron asistir al llamamiento de la justicia, y por ende su evasión no se encuentra justificada.
Los magistrados también señalan que el haber huido sin que lo pudieran capturar durante cinco meses, demuestra que hubo “una necesaria red de apoyo”, que le permitió permanecer oculto y también presentarse de manera inesperada, rebasando los controles normales de las autoridades.
Las autoridades embargaron bienes inmuebles del exgobernante, entre ellos propiedades, vehículos, varias lanchas y cuentas bancarias. Fue visto en público el 28 de enero cuando compareció ante una Comisión de la Asamblea Legislativa para explicar el destino de los donativos de Taiwán.
La investigación en su contra se inició luego de conocerse un reporte de operaciones sospechosas detectadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que ingresó a la Fiscalía General el 23 de septiembre de 2013.
Ante la Comisión especial de la Asamblea Legislativa, el exmandatario afirmó que “jamás existió o ha existido beneficio personal de ningún tipo en el manejo de las cuentas de Taiwán”, pero no dio nombres de personas o instituciones a las que se les haya entregado la ayuda taiwanesa. (Eje Central)
