Mochitense acusa ser ‘chivo expiatorio’ en robo a camioneta de valores

 

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Gabriel Hernández Gámez, conocido por el apodo del Grande, recurrió a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sonora para que investigue las faltas graves en el procedimiento penal con que actuó la Policía Estatal Investigadora (PEI) y por el que fue vinculado a proceso por un robo a una camioneta de valores en el cual murieron dos personas y del cual es ajeno.

Hernández Gámez, en un escrito presentado en el despacho de la dependencia en Hermosillo, Sonora, por su defensa legal, acusó que su implicación es política más que penal y por lo tanto fuera de lugar.

Él se consideró un “chivo expiatorio” de un caso en donde los hechos no lo relacionan directamente, sino por apreciaciones personales de los agentes investigadores, quienes con prácticas criminales buscan testimonios para incriminarlo.

Reiteró que es un objetivo del gobierno del Estado de Sonora para apaciguar los señalamientos de ineficacia que se le endilgan a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad para resolver el asalto a la camioneta de valores perpetrado el 15 de septiembre en la colonia Delicias, en el puerto de Guaymas, Sonora, y en donde falleció la profesora de danza Marcela Chávez Alfonso, quien se encontraba embarazada, y resultaron heridos de gravedad dos niños y tres custodios, en el intercambio de balas entre los agentes de seguridad y los atracadores.

Narró que el 28 de septiembre a las 13:00 horas fue detenido en Los Mochis, en una trampa que le tendieron los agentes de la PEI utilizando como carnada a su concubina Abril Daniela González Mojardín.

Ella habría sido la testigo ideal porque vivía en las inmediaciones de la zona del atraco, tenía un auto blanco compacto sin placas, similar al utilizado en el robo con violencia y además de que le escuchó decir que podría “asaltar una panamericana” para salir de los problemas económicos que padecía por no tener un empleo fijo, sino dedicarse a la venta de vehículos con ingresos ocasionales.

Por ello, los investigadores armaron el caso que fue presentado ante el Juez Oral de lo penal en el Distrito Seis de Sonora quien lo vinculó a proceso.

Después de ello fue torturado, incomunicado y forzado a identificar a otras personas, con las cuales no tenía ningún nexo.

El abogado Leobardo Castro defendió la tesis de que el caso de su cliente es político y que por ello enfrenta trabas para una defensa justa.

Hasta ahora, la Comisión de Derechos Humanos de Sonora no ha emitido comunicado respecto del resultado de la investigación que el procesado pidió que se realizara.

El mismo acusado interpuso también una queja ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para que se investigue las faltas al protocolo criminal que los agentes de la Policía Estatal Investigadora debieron cumplir a cabalidad, y que se saltaron.

Incluso interpuso una denuncia por tortura ante la representación social estatal.

El delito de tortura no es oficioso en el estado de Sonora y corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) investigarlo. Por ello, los representantes sociales estatales pusieron trabas a la defensa para conocer del hecho.

Hasta hoy y cuando el procedimiento penal fue agotado, la defensa no conoce más avance. El hermetismo es total.

Otro mochitense

Eleazar Madrid Villareal, conocido con el apodo del Chiquirrín se convirtió en el segundo mochitense detenido como participante en el asalto a la camioneta de transporte de valores.

Este habría sido detenido en Guadalajara, Jalisco, el 10 de octubre, y trasladado a Guaymas, Sonora en los primeros días de noviembre.

Este se suma a Gabriel Hernández Gámez, y a otros cuatro sujetos más vinculados al robo de 20 millones de pesos.

De acuerdo con informes de la prensa sonorense, Madrid Villareal fue capturado por agentes de la Policía Estatal Investigadora en coordinación con la Policía Ministerial del Estado.

 

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