Abstencionismo, voto nulo y boicot, riesgos latentes en la próxima elección

Ciudad de México.- El fantasma de los  cárteles locales de la droga con marcada presencia en Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas; las revueltas sociales en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán; la violencia perpetrada por el Estado y los asesinatos crecientes de candidatos, avizoran un ambiente sumamente tenso antes, durante y después del proceso electoral del próximo 7 de junio, que puede incluso imposibilitar que haya elecciones o en su defecto anularlas en alguno o varios Estados del país, advierten especialistas.

El mapa nacional sobre riesgos en materia electoral presentado por Tonatiuh Medina Meza, coordinador de un Consejero Electoral del INE, identifica a todo el país como espacio de riesgo, destacando como entidades más violentas a Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Morelos y Guanajuato, zonas abiertamente controladas por el narcotráfico y que tienen prioridad para ser más vigiladas y por ende más atendidas dentro de la agenda nacional sobre contingencias electorales.

El ex presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde Ramírez, afirma que el mayor riesgo que se presenta de cara a las próximas elecciones no es el crimen organizado,  sino los maestros, con el boicot  que planea consumar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A su vez, maestros representantes de las secciones 22 de Oaxaca y 18 de Guerrero, anunciaron   que a partir de este lunes inician por tiempo indefinido un paro de labores en ambos estados, y en Chiapas y Michoacán, para exigirle al Gobierno Federal dar marcha atrás en la reforma educativa que argumentan, violenta los intereses del gremio magisterial y atenta contra la calidad educativa del país.

Líderes magisteriales en Guerrero han anunciado también que no permitirán la instalación de casillas, mientras no aparezcan con vida los 43 normalistas desaparecidos y presos políticos detenidos por militares.

Para Ugalde Ramírez, actual Director de Integralia, el movimiento magisterial en Oaxaca ha puesto en jaque al Estado mexicano que muy probablemente se vea obligado a dar marcha atrás en la reforma educativa particularmente en esa entidad, ante la amenaza latente de unos 90 mil maestros afiliados de la CNTE que prevén tomar los 11 distritos electorales para evitar que se distribuya el material electoral asignado a las 5 mil casillas.

Al analizar los factores de riesgo en las elecciones del 7 de junio, durante un seminario creado ex profeso por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,  Tonatiuh Medina Meza, al hablar sobre seguridad electoral, alertó sobre la posibilidad de que ocurran más asesinatos políticos de candidatos, funcionarios o ciudadanos vinculados a las elecciones, porque desde el asesinato de Colosio en 1994 se ha puesto en vigencia esa máxima que lo que no puedes ganar en las urnas, puedes obtenerlo a través de la violencia.

Señala que habrá 18 elecciones locales, de las cuales nueve son para gobernador, están en disputa 903 ayuntamientos y 639 diputados locales, y para esto el INE ejercerá un presupuesto de 18 mil 572 millones de pesos, que se complementan con prerrogativas de los partidos y representa un 16 por ciento más que en otros procesos electorales federales.

Los maestros, principal amenaza

El ex-presidente del IFE cita entre los seis principales riesgos en esta elección, la desconfianza tan marcada contra los partidos políticos que de alcanzar rangos de aprobación de 18 puntos anteriormente, ahora han caído a rangos muy críticos que van de ocho a diez puntos, según las crecientes encuestas. Y esto, como nunca, está dando pie a cuestionar y desacreditar el proceso democrático mediante el abstencionismo, el voto nulo y hasta el boicot, al que considera el más grave de todos los riesgos que se avecinan.

“Y no tiene nada que ver con la oferta de los partidos ni con la calidad de la democracia. Está vinculado con los maestros de la CNTE que ven una oportunidad única para lograr un régimen de excepción respecto a la reforma educativa. Los maestros en Oaxaca quieren mantener un flujo de recursos que han recibido durante 20 años que vienen de diversas fuentes, para diversos fines políticos y que son válidos para chantajear y presionar al Estado Mexicano a cambio de no bloquear la celebración de las elecciones”, señala Carlos Ugalde.

Lo más delicado es que tienen armas demás para boicotear la elección en Oaxaca, asegura. Y lo sustenta diciendo que la CNTE no tiene intención de bloquear las 5 mil casillas electorales sino las 11 juntas distritales del INE en la entidad, para evitar que se distribuyan los materiales electorales dos días antes de la elección y así frustrar el proceso electoral. En su opinión personal, es el mayor riesgo que enfrenta la elección del 2015 porque la CNTE en aquella entidad tiene alrededor de 90 mil afiliados, suficientes para bloquear sin mayor problema el acceso y distribución de boletas.

Y esto a su juicio es un asunto grave y una amenaza creíble, porque lo ocurrido esta semana advierte que puede suceder, porque los maestros disidentes de la CNTE saben que es la oportunidad “de oro” para generar el régimen de excepción en la reforma educativa y por tanto, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias.

Para el Estado se plantea un dilema, porque o garantiza elecciones a costa de sacrificar una reforma educativa; o cuida la reforma educativa a costa de que no haya elecciones en Oaxaca. Cita que la intervención de la fuerza pública para prevenir la toma de oficinas distritales sería muy costosa, pero algo se tendrá que decidir, señala.

Otro estado en riesgo es Guerrero, aunque ahí no está generalizado el conflicto magisterial, porque son solo dos distritos los identificados con riesgo de boicot.

El cuarto factor de riesgo lo centra en la violencia focalizada en algunas entidades, derivada del narcotráfico, pero es de menor importancia, porque el crimen organizado ve en los comicios una oportunidad para conseguir sus propósitos.

Verano caliente para el INE

El también catedrático e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) dice que probablemente se tengan las elecciones más afectadas por conflictos post electorales y lo sustenta enumerando esta causa como uno de los principales riesgos —el quinto— que ponen en juego unas elecciones tranquilas.

Hace hincapié en la avalancha de conflictos post electorales que se prevén por los reñidos resultados que advierten, sobre todo las candidaturas a gobernador. Según las encuestas, ocho de las nueve candidaturas a gobernadores —con excepción de Campeche— muestran una competencia muy cerrada, y si los márgenes de resultados no rebasan los cinco puntos, la nueva legislación da pie a solicitar la nulidad de la elección, sobre todo si se argumentan rebase en los topes de gastos de campaña, adquisición de cobertura informativa y uso o malversación de fondos públicos para financiar campañas.

Cierto que es difícil comprobar las irregularidades, pero los estrategas que conocen las debilidades del sistema electoral saben que solicitar la anulación de elecciones por cualquiera de las causas expuestas es viable, porque el rebase del tope de gastos de campaña es muy frecuente en casi todos los candidatos y partidos.

El sexto factor de riesgo lo ejemplifica con la legitimidad global del proceso que desde luego estará en función de la lectura de resultados que cada candidato o partido obtenga la noche del domingo y el lunes siguiente.

“Si la distribución de ganadores no es equitativa, seguro que la legitimidad del proceso estará cuestionada y entonces habrá que recurrir en los próximos meses a una nueva reforma electoral”, indicó.

Panorama desolador: Hugo Concha

Hugo Concha, doctor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que aun cuando el país está estrenando leyes e instituciones electorales, el diagnóstico electoral tiene encendidas las alarmas porque la violencia social sigue desbordada y lejos de dar una respuesta institucional, la autoridad se empeña en afirmar que “no pasa nada y todo marcha bien”.

Alertó que la dispersión de los grupos del crimen organizado por las pugnas internas y los ataques del Estado ha puesto en disputa un sinnúmero de plazas, que genera un contexto ideal para que en medio de un proceso electoral, el crimen organizado aproveche para imponer candidatos.

Y documenta esta tensión pre electoral con casos ocurridos en procesos electorales como el asesinato de cuatro candidatos: Enrique Hernández, candidato de Morena a edil en Yurécuaro el 14 de marzo; Héctor López Cruz, candidato a regidor en Huimanguillo Tabasco; Ulises Fabián Quiroz, del PRI, candidato a alcalde en Chilapa, Guerrero, el 1 de mayo; Aidé Nava, candidata a alcaldesa en Ahuacotzingo, Guerrero, y Carlos Villavicencio, precandidato del PRD en Tlajiaco, Oaxaca. Esto da una idea de que las condiciones del crimen organizado han cambiado y están afectando el proceso electoral del 2015.

Pero algo más delicado que según el académico tensa el ambiente electoral, son las revelaciones públicas que señalan al Estado de estar involucrado en los asesinatos masivos extrajudiciales ocurridos en Tlatlaya, Apatzingán y muy probablemente en Tanhuato, Michoacán, y esto está enrareciendo de manera especial el proceso electoral.