MÉXICO, D.F. (apro).- Los 11 estudiantes detenidos el pasado jueves 20 en el Zócalo de esta ciudad al final de la marcha por Ayotzinapa tienen de plazo esta semana para desacreditar las acusaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre todo la de motín, delito grave que les impide su libertad bajo caución.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los detenidos rindieron su declaración preparatoria en el Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para presentar pruebas a su favor, entre ellos los videos del gobierno de la ciudad de México del momento de su detención.
Dentro de la causa penal 45/2014, la PGR los acusa de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, este último considerado grave y que se sanciona hasta con siete años de prisión. Su situación jurídica se define el próximo sábado 29.
Familiares de los detenidos, entre los que se encuentra Lawrence Maxwell Ilabaca, estudiante de nacionalidad chilena, aseguran que varios de los jóvenes fueron severamente golpeados por la policía.
Organizaciones sociales de todo el país pidieron el domingo al gobierno de Enrique Peña Nieto no utilizar el sistema de justicia para inhibir la protesta y garantizar el derecho a la libre asociación, en momentos en que se han incrementado las manifestaciones para exigirle la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos y desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado en Iguala.
El CJF informó que el sábado 22, a las 16:30 horas, recibió la consignación de la averiguación previa SEIDO/UEITA/14791//2014, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.
De los 11 detenidos, tres son mujeres, quienes fueron ingresadas el mismo sábado en el penal de alta seguridad Noroeste, en Tepic, Nayarit; mientras que los ocho hombres fueron enviados al penal federal Cerro de León, en Villa Aldama, Veracruz, el mismo día.
Como lo ha insistido el gobierno de Peña Nieto, el CJF aseguró que en el caso del chileno Laurence Maxwell Ilabaca, estudiante de posgrado de la UNAM, “se le informaron los derechos” constitucionales, como la asistencia consular al momento de su declaración preparatoria.
