Niega Semar participación en la desaparición de jóvenes en Veracruz

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La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) negó de manera categórica que personal naval esté involucrado en la desaparición de los hermanos Levi y Jaciel Ramírez Ramírez, y el primo de éstos, Rafael Armando Ramírez Bravo, ocurrida el pasado 5 de enero en el puerto de Veracruz.

“No existen registros de que las citadas personas fueron detenidas por personal comisionado en la Unidad de Tarea de la Policía Naval”, precisó la dependencia en un comunicado.

“En la fecha referida en diversas notas informativas se informa que el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Computo (C4) de Veracruz recibió el reporte de dos personas muertas, por lo que fue activado el protocolo de apoyo correspondiente, arribando primero la Policía Estatal y la Fiscalía del estado de Veracruz. Posteriormente una patrulla de la Policía Naval, que solamente apoyó acordonando el área, siendo esta la única acción y motivo de la presencia del personal de Policía Naval”, puntualizó.

La Semar destacó que el personal comisionado en la Policía Naval ha colaborado en todas las actuaciones ministeriales solicitadas por las autoridades correspondientes, así como en las investigaciones requeridas con el fin de esclarecer los hechos.

Y aseguró que el personal naval comisionado “desarrolla sus operaciones en estricto respeto a los derechos humanos, con la finalidad de brindar seguridad a las familias veracruzanas y visitantes del puerto”.

Los hermanos Carolina y Miguel Ramírez Bravo, padres de los jóvenes desaparecidos, han pedido que les entreguen a sus hijos “como sea”, e incluso se comprometieron a no continuar los procesos judiciales iniciados para esclarecer la triple desaparición, así como la presunta ejecución arbitraria de Hugo (otro hijo de Carolina) y Uriel Ortega Jaca.

Ayer, en entrevista con Apro, los hermanos Ramírez Bravo, acompañados de su abogado Homero Pérez Aquino, señalaron que ya interpusieron recursos judiciales en el estado y la Federación para tratar de localizar a sus hijos, además de una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Luego de que el caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), contactaron a las organizaciones civiles I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que solicitaron la intervención del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

El 24 de febrero el organismo solicitó una acción urgente para que el Estado mexicano tome “de inmediato” las medidas necesarias para buscar y localizar a los desaparecidos y “permitir la plena participación de los familiares y allegados (…) en la investigación, dándoles acceso directo a la información disponible sobre la evolución y los resultados”.

El CED también emitió “medidas cautelares de protección” para los familiares de Levi y Jaciel Ramírez Ramírez y su primo Rafael Armando, así como sus representantes, y urgió al Estado mexicano a informar sobre el caso antes del próximo viernes 10.

Carolina y Miguel están desesperados. Pese a sus esfuerzos y los indicios de que en la muerte de Hugo y su amigo Uriel, así como en la desaparición de sus hijos participaron elementos de la Marina, se han topado con el ocultamiento de información por parte de autoridades civiles y castrenses, la separación de sus cargos de personal de oficinas municipales de Tránsito que podrían tener información del caso, así como la negación de la Semar para que los marinos acudan a rendir declaraciones.

También se han topado con el miedo de personas que habrían sido testigos de los hechos, por lo que hasta ahora no tienen certeza de qué es lo que ocurrió la tarde del 5 de enero, luego de que sus hijos salieron del hotel en el que se hospedaba la familia en Veracruz, para abastecer de gasolina a una camioneta Escalade 2008 y buscar una ruta de regreso a Huajuapan de León, a fin de no toparse con las protestas contra el “gasolinazo”.

Carolina recordó que la última llamada que tuvieron de su hijo Levi fue a las 16:20, y el joven les dijo que estaban por llegar al hotel. Una hora y media después los familiares se enteraron por una página de internet de noticias locales –Meganoticias de Veracruz–, que a unos 10 minutos del hotel estaba el cuerpo de Hugo Alberto, y en una calle aledaña el de Uriel.

Por las imágenes en la red, vieron que cerca de los cadáveres había marinos que sometían a algunas personas junto a una camioneta de seguridad pública local. A uno de ellos, Carolina lo identificó como su hijo Jaciel.

Cuando la mujer llegó al lugar, los cuerpos ya habían sido levantados y llevados a una funeraria, donde se apersonó y recuperó el cuerpo de Hugo Alberto.

“La gente en Veracruz tiene miedo, no nos quieren decir qué pasó, lo único que he podido saber es que los tiraron al suelo y les dispararon en la cabeza, pero de mis otros hijos y mi sobrino no sabemos para dónde se los llevaron”, señaló.

“Hugo tenía un tiro en la cabeza, calibre 43, y Jaciel también un tiro de gracia calibre .223, de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas”, acotó el abogado Pérez Aquino.

Hasta ahora la familia ha tenido indicios de que los marinos están detrás de las ejecuciones y las desapariciones, entre otras cosas porque pudieron recuperar el vehículo Escalade en un corralón donde la Marina tiene los vehículos que asegura. La camioneta “estaba limpia, sin huellas digitales, hasta dejaron dentro el trapo con que la limpiaron”, y un oficial de la Marina que resguardaba el “Penalito”, “reconoció a los muchachos, pero dijo que no podía hablar por las cámaras de vigilancia”, relató Carolina.

La mamá de los desaparecidos agregó que el 9 de febrero recibió una llamada anónima en la que se le informaba que sus hijos habían sido detenidos por una persona de nombre Gardiel Andrade Arana, apodado “el marino”, quien resultó ser marino en activo.

Hasta ahora, los padres de los desaparecidos y sus abogados no han podido librar los obstáculos para que Andrade Arana sea llamado a declarar, porque es constantemente negado por la Semar, en tanto que los superiores del oficial de guardia del “Penalito”, han dado tres nombres distintos de quien habría reconocido que personal de la dependencia detuvo a los jóvenes.

A ello se suma que un funcionario de la oficina de Tránsito Municipal, que tendría información de lo que ocurrió el 5 de enero, fue dado de baja de la dependencia, se esfumó de Veracruz y se amparó contra cualquier proceso penal en su contra.

Miguel, padre de Rafael Armando, quien vive en el Estado de México, fue informado de la tragedia por su hermana el mismo 5 de enero, y desde entonces se acompañan en la búsqueda.

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