MÉXICO, D.F. (apro).- El subdirector de Gas Express Nieto, Julio Larrondo, aseguró que el equipo de la pipa que explotó el jueves pasado en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, que dejó tres muertos y 75 heridos, cumplía con los estándares de seguridad y que serán las investigaciones las que determinen si en dicho siniestro hay una responsabilidad compartida.

El directivo comentó en distintas entrevistas radiofónicas que hay un dato preliminar que tendrán que comprobar los dictámenes periciales: que “la fuga del hidrocarburo no nada más se notó en las inmediaciones del patio, donde estaba nuestro transporte. Una línea de investigación es que pudo haber gas acumulado en alguna otra área del hospital”.

Relató que cuando los operadores de la pipa llegaron al hospital, comenzaron a hacer el suministro conforme a procedimiento y de repente percibieron un fuerte olor a gas; luego se detectó la fuga en las inmediaciones del patio donde estaba la pipa haciendo el suministro por lo que de inmediato llamaron a los cuerpos de emergencia.

Además, detalló que el volumen de gas que estaba de la pipa era tan alto que no fue humanamente posible activar la válvula de seccionamiento, es decir, la válvula de seguridad del equipo y vino la explosión.

Según Larrondo, ni los bomberos ni el personal de la empresa pudieron activar la válvula porque cuando el gas LP se libera es muy dañino para los sentidos.

“Sugerimos que quizá esa ella haya sido la razón por la cual no fue posible hacer el cierre de la válvula y por la magnitud de la explosión, una de las líneas a seguir debe apuntar a si había acumulación de gas en otra zona del hospital, lo que derivaría en una responsabilidad compartida”.

Sin embargo, dijo, “habrá que esperar a ese resultado científico para saber qué es lo que sucedió” ya que la pipa y el equipo está dentro de la norma.

Larrondo afirmó que los directivos de Gas Express Nieto son los más interesados en saber qué sucedió “y, desde luego, hacer frente a la determinación de las autoridades”, agregó.

En cuanto a los operadores de la pipa –Julio César Martínez, Carlos Chávez y Salvador Alatorre, quienes resultaron heridos por la explosión y se encuentran hospitalizados y detenidos en calidad de testigos— el subdirector de Gas Express Nieto afirmó que, como todos sus empleados, constantemente reciben capacitación y tienen más de 20 años de experiencia.

Y por contrato, señaló, “estamos obligados a brindarles la asistencia legal”.

Dijo estar consciente de que por su calidad de testigos, posiblemente en el transcurso de unas horas o días, la Procuraduría capitalina formule una imputación en contra los operadores “y posiblemente contra la empresa”.

Larrondo insistió que al ser una empresa regulada, cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM); realiza más de 70 mil suministros mensuales a tanques estacionarios y comercializan cerca de 150 mil cilindros de gas LP.

Respecto de la reparación del daño a las víctimas, destacó que Gas Express Nieto cuenta con un seguro de responsabilidad civil de cobertura amplia, así como que trabaja con las autoridades federales y capitalinas.

Asimismo reiteró la disposición de la empresa para proporcionar toda la información y documentación que las autoridades requieran para la investigación.

Gas Express Nieto, subrayó, se hará cargo de la parte indemnizatoria para las familias de las personas que perdieron la vida y de quienes resultaron heridos.

“Nosotros estamos sumamente consternados (…) con este lamentable incidente nuestra prioridad es estar coadyuvando con las autoridades que tienen las investigaciones y mostrar toda nuestra solidaridad para con los bebés, familiares y personas lesionadas. Lo ocurrido ayer fue un incidente que no va a volver a ocurrir”, dijo en entrevista con Grupo Imagen.

Según señaló el jueves pasado la Secretaría de Energía, que ya inició un procedimiento de investigación sobre las causas que provocaron la explosión, la empresa Gas Express Nieto podría alcanzar una multa de más de 30 millones de pesos en caso de que haya violado la normatividad aplicable para la distribución de gas LP.

La multa, prevista en la Ley de Hidrocarburos, sería de 225 mil salarios mínimos, es decir 15 millones 772,500 pesos, y podría duplicarse en caso de ser reincidencia.

Además, la planta a la que pertenece la pipa siniestrada, que según Larrondo es la que tienen en Tláhuac, podría perder el permiso de operación.