MÉXICO, D.F. (apro).- Desde Ginebra, la Organización de Naciones Unidas (ONU) exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto una investigación a fondo e independiente de la presunta ejecución extrajudicial de que fueron víctimas 21 personas a manos de miembros del Ejército en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, así como otorgar garantías de seguridad para testigos de la matanza y periodistas que revelaron los hechos.
En un comunicado, los relatores especiales del organismo internacional sobre ejecuciones extrajudiciales y sumarias y el de la libertad de expresión, Christof Heyns y David Kaye, respectivamente, firmaron un pronunciamiento en el que anuncian que se mantendrán al tanto de las investigaciones y de la situación de seguridad de testigos y periodistas.
Heyns, quien visitó México el año pasado, reconoció como un avance la detención de ocho militares como presuntos responsables de la ejecución extrajudicial de supuestos delincuentes en la localidad de Cuadrilla Nueva el 30 de junio de este año.
Tras insistir en que el gobierno de Peña Nieto “tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, recordó la condición de ilegalidad en que caen los cuerpos policiacos y armados que recurren al uso desproporcionado de la fuerza.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida, es decir, cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves”, apuntó Heynes al considerar que por la información recabada “este no fue el caso de Tlatlaya”.
En el comunicado se dio cuenta de que los hechos ocurrieron durante una operación militar en contra de presuntos delincuentes, y que en esos acontecimientos sobrevivieron tres mujeres, dos de las cuales fueron presuntamente detenidas por cargos de posesión de armas de fuego y crimen organizado
Al reconocer que una investigación periodística reveló la presunta ejecución sumaria a través del testimonio de una de las sobrevivientes, Heynes y el relator sobre libertad de expresión, David Kaye, pidieron a Peña Nieto “proporcionar medidas urgentes de protección para la sobreviviente que dio testimonio y las dos sobrevivientes actualmente detenidas, así como para el periodista y el fotógrafo que produjeron el artículo, y los medios de comunicación que lo publicaron”.
Kaye “exhortó a las autoridades mexicanas a que garanticen la seguridad de todos los trabajadores de los medios en cuestión”.
Sobre la presunta masacre de Tlatlaya, miembros de organizaciones de derechos humanos se pronunciaron por que la matanza quede totalmente esclarecida por la Procuraduría General de la República (PGR) y manifestaron su extrañeza por la tibieza con que se ha conducido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para abordar el caso.
Durante el segundo coloquio “Evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, los defensores Luis Ernesto López Portillo Vargas, María Luisa Aguilar y Mario Santiago Juárez, cuestionaron la reacción tardía del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) para tomar las investigaciones, en tanto que la Procuraduría de Justicia Militar anunció el procesamiento por “faltas y delitos a la disciplina militar”.
Mario Santiago Juárez, jefe de investigación y documentación en el Museo de Constituciones de la UNAM, recordó que antes de la reforma al Código de Justicia Militar de abril de este año, los casos de abusos cometidos por efectivos castrenses no eran castigados porque las fuerzas armadas “eran juez y parte, y todo quedaba entre amigos”.
Luego de señalar que una vez que la justicia civil a través de la PGR y el Poder Judicial federal tomen el caso, “podremos saber qué en este asunto y darle un mayor seguimiento”.
El activista y académico criticó que a través de los medios de comunicación es que se haya revelado incluso que el pelotón al que se le responsabiliza de la matanza ya tuviera antecedentes, “y la CNDH no tenía ese dato o no lo había dado a conocer, por eso creo que la impunidad generalizada se debe a que el Estado no intenta investigar ni sancionar a responsables y ese sentido la CNDH es parte de esa impunidad porque sus recomendaciones han sido tibias y no ha utilizado todas sus facultades constitucionales y legales para detenerla”.
María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, resaltó que tras la reforma al Código de Justicia Militar “desde el 30 de junio la Secretaría de la Defensa Nacional estaba obligada a dar parte a la PGR para que tomara la investigación”.
Alertó sobre el riesgo de que las pruebas que incriminen a mandos militares hayan sido alteradas en el caso Tlatlaya, y recordó que en el caso de la ejecución extrajudicial cometida por militares en 2010, la del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, la intromisión militar ha derivado en que el único acusado tenga cargos por homicidio culposo.
Al señalar que el caso de Rubio Villegas fue el primero en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) calificó como inconstitucional los ordenamientos del código de justicia militar que permitían a los militares investigarse a sí mismos en casos de violaciones a derechos humanos de civiles, la abogada dijo que “el gran reto es para las autoridades civiles de sancionar adecuadamente los hechos, porque de cualquier forma la justicia militar sigue llevando a cabo investigaciones”.
Ernesto López Portillo Vargas, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), cuestionó que la PGR no haya emitido ninguna orden de aprehensión y que hasta ahora pretenda enviar peritos al lugar de los hechos, a más de un mes de los acontecimientos.
Para el defensor, lo lamentable de los hechos de Tlatlaya radica en que tanto autoridades judiciales como el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, hayan emitido pronunciamientos apresurados antes de realizar investigaciones y que después fueron desmentidos con la investigación periodística.
“Está a prueba la voluntad del presidente Enrique Peña Nieto para sujetar a controles a las fuerzas armadas (…) sigue habiendo una enorme dificultad para establecer responsabilidades claras, no políticas sino jurídicas sobre los miembros de las fuerzas armadas, y Tlatlaya debería y podría ser un ejemplo de cómo están dispuestos a avanzar con las consecuencias jurídicas si se prueba que estamos ante ejecuciones extrajudiciales, que por lo demás se trata de una de más graves violaciones a derechos humanos”, puntualizó.
López Portillo cuestionó que pese a la fuerte presencia militar en el país, la CNDH haya disminuido el número de recomendaciones a la Sedena, a pesar de que organizaciones civiles y reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refieren la persistencia de los abusos cometidos por las fuerzas castrenses.
Después de destacar que en 2009 cerca de 40% de las recomendaciones emitidas por el organismo eran dirigidas a la Sedena, que en 2013 ese porcentaje cayó a 3.4, y que lo que va de este año no hay una sola recomendación al Ejército, el director de Insyde puntualizó: “No es creíble que no existan violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, o en su caso que el ombudsman diga por qué no recomienda y que nos explique cuáles son sus criterios para por un lado recibir quejas y no producir recomendaciones frente a las fuerzas armadas, todo indica más una posición política más que técnica, y eso es lo que produce tal nivel de sospechas”.
